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Malén Ledesma se desplomó contra el asfalto de la ruta provincial 82, en Cacheuta. Quienes el viernes 8 pasaban por el lugar, la playa de Luján de Cuyo, en Mendoza, llamaron al 911: una mujer había sido atropellada y el conductor se fugó. Era lo aparente. El baño de sangre en el cuerpo de la joven de 24 años reveló un femicidio cometido a puñaladas por su amigo, Iván Gabriel Juárez, imputado por el crimen. El 3 de diciembre fue encontrado el cadáver de la trabajadora golondrina Marlén Quiroga, madre de tres hijos, en la localidad de San Carlos, de la misma provincia. Las pericias establecieron que dos conocidos la mataron a golpes y descartaron el cuerpo en un cauce. Al día siguiente, a pocos kilómetros, en Guaymallén, la psicóloga Gabriela Cinquemani, madre de un niño, fue apuñalada en el pecho por su ex pareja, Esteban Rodríguez, imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género y femicidio.
En menos de una semana, mientras el nuevo gobierno degrada de rango al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) para subsumirlo al Ministerio de Capital Humano, Mendoza encarnó tres femicidios, siete en lo que va del año, y la mayoría de las provincias registraron al menos un femicidio entre septiembre y diciembre, casi todos perpetrados por parejas o ex parejas, a los tiros o a puñaladas. El martes 5 de este mes, en Corrientes, Gabriel Gutiérrez asesinó a su vecina Daniela López frente a los tres hijos de la mujer, y después se suicidó. A mediados de noviembre, en Las Heras, Santa Cruz, la policía encontró el cadáver de Gimena Extremador. Había recibido 32 puñaladas. Por el femicidio detuvieron al expastor Nelson Saldivia, y las investigaciones revelaron que Gimena habría sido víctima de explotación sexual. Para la misma época, Emeli Espinoza Moreno fue asesinada en su casa del barrio Loteo Social, en Neuquén, junto a su pareja, Jesús Gabriel Juan, quien se cree que tras asesinarla se mató. Hacia fin de mes, en Santa Fe, la bombero voluntaria Vanesa Zambrana fue ejecutada de un tiro en la nuca por un conocido que quedó detenido, y Valeria Gancedo fue asesinada y enterrada en un campo cordobés de la familia de su ex pareja, Alejandro Quinteros, principal sospechoso y sobre quien pesaba una restricción perimetral.
El sábado 9 de diciembre, María Sol González, en Tucumán, fue asesinada por su novio, Santiago Moya, que envió fotos del cadáver ensangrentado al hermano de María Sol, y después se suicidó. Al otro día, en Tigre, Marcos Aguilar le disparó un tiro en la cabeza a Evelin Elizabeth Gómez porque no quería volver con él, y también se suicidó. Las cifras se duplican en las desapariciones y muertes dudosas de niñas, mujeres y diversidades.
Sin embargo es casi un postulado de Javier Milei, Victoria Villarruel y efecto dominó en resto del gabinete: la violencia no tiene géneros y los femicidios se reducen a un hipotético trato de igualdad ante la ley, lo que bien podría leerse en clave de seguridad nacional y punitivismo. Demás está decir que no hay precisiones ni siquiera desde el sello “Oficina del Presidente”, acerca del destino de las políticas y programas de la cartera que encabezaron Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina, y que ahora concentrará la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“La violencia machista es un problema social y cultural muy arraigado en nuestras formas de construir comunidad y sociedad. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad venía a hacer ese intento de llevar adelante una política pública cuyo centro estaba vinculado a erradicar la violencia por motivos de géneros, a partir de las políticas que tenían que ver con la prevención y también aquellas relacionadas con la asistencia y el acompañamiento”, recuerda la diputada nacional Mónica Macha (UxP). “Este tiempo político que de algún modo expresa el desprecio o la negación sobre la desigualdad de género, implica cerrar el Ministerio, pero en ese acto de suprimirlo, además de dejarnos sin esas políticas que necesitábamos reformular y de un espacio donde poder hacerlo, también están diciendo en términos simbólicos de comunicación que esa violencia no existe o que si existe, desde el Estado no se va a atender.”
El primer Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial (DNU 11/2023) transfiere “los créditos presupuestarios -del MMGyD-, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes”. Para cuando se firmó la letra fría, Jazmín D´Alessandro, una adolescente de 15 años, había sido arrojada desde el balcón de un edificio en La Plata por su novio, Daniel Sasiain, adulto de 24 años, acusado por el femicidio. Un mes antes, en Neuquén, otra adolescente, Carina Barros Méndez, fue asesinada a cuchillazos por el exnovio, Maicol Tapia, de 19 años, que “estaba obsesionado con ella y no la dejaba en paz”. Sus muertes se inscriben en otra incógnita sobre el tratamiento de las violencias contra las niñeces y adolescencias, desde una política gubernamental refractaria a los abordajes de asistencia y acompañamiento con perspectiva de género.
“El Estado argentino tiene la obligación de reconocer las violencias y desigualdades y de tomar medidas para erradicarlas, no sólo por la Ley 26.485 sino por los Tratados y Convenciones internacionales a las que adhiere”, advierte Laura Oszust, integrante del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que elabora cada mes el Registro Nacional de Femicidios, a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país. En lo que va de 2023, contabilizó cerca de 293 femicidios (directos y vinculados). “Las cifras que relevamos hasta el momento nos preocupan siempre, pero ante este contexto político, en que el nuevo gobierno niega las violencias y desigualdades de género, estamos en alerta”, remarca Oszust. “Si bien observamos que la cantidad de femicidios se mantiene constante, sabemos que sin políticas públicas dirigidas a mujeres en general, y en situación de violencia en particular, la cantidad de casos de violencia y su punto más extremo, los femicidios, pueden aumentar.”
Simbología negacionista
En este escenario, Milei se erige como un negacionista de la violencia machista mientras a su alrededor se comete un femicidio cada 30 horas y la Línea 144 atiende un promedio de 350 comunicaciones diarias. Según la Encuesta de prevalencia e incidencia de violencia, 1 de cada 2 mujeres atraviesa alguna de las formas de violencia en el ámbito doméstico. “Cada año, más de 500.000 denuncias se reciben en comisarías de todo el país por violencia de género e intrafamiliar”, precisa el documento “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, elaborado por el Consejo Federal y el Consejo Asesor Ad Honorem del MMGyD. “Se trata de la principal causa de muerte violenta de mujeres: 2 de cada 3 mujeres asesinadas en Argentina lo son por razones de género.”
Es en ese plano de simbología oscura en progreso, donde Oszust pone el alerta. “Que la máxima figura del Estado niegue la violencia que lleva a las muertes de nuestras amigas, vecinas, hermanas, madres, es un mensaje que habilita los actos misóginos y de hostigamiento hacia mujeres y diversidades sexuales. En el último tiempo este recrudecimiento se vio en casos como el de la docente golpeada en un colectivo en Lomas de Zamora, el ataque de odio hacia Manu Mireles, referente del Bachillerato Popular Mocha Celis, y hace un año el intento de femimagnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.”
Los discursos de odio no son solo palabras, subraya la referente de AQSNV. “Instalan el consenso social necesario para que estos ataques sean llevados a cabo porque están justificados, con el argumento de que los provocamos por ejercer y demandar más derechos, mientras sostienen la falacia de que hoy los varones tienen menos derechos que las mujeres, cuando a nosotras nos matan solo por ser mujeres cada 29 horas.”
El peligro está instalado cómodamente y no se piensa ir, sostiene la escritora Raquel Robles en un texto prebalotaje, pero esa crueldad difícil de evitar (por el momento) no puede convertirse en terreno fértil para la reproducción de nuevas brutalidades ni de femicidios a mansalva, con el fantasma del agravamiento de la violencia económica. La política de ajuste violenta y dolorosa que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, impacta sobre los sectores vulnerables, donde mujeres y diversidades son las franjas más comprometidas.
"A raíz de los anuncios económicos que hizo Luis Caputo, que implican una devaluación del 100% y la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, entre otros, las mujeres, quienes estadísticamente son las más pobres entre los pobres, se verán impactadas de forma diferenciada por esta profundización de la crisis", lamenta Oszust. "Con una baja de nuestro poder adquisitivo, con desempleo o condiciones precarias e informales de trabajo y sin un Estado que promueva nuestra autonomía económica y la erradicación de la pobreza, ¿cómo hace una mujer para poder salir de una situación de violencia machista?", subraya. "Y es en los momentos de crisis económica que las mujeres están más expuestas a las violencias, debido a las situaciones de tensión producidas por la falta de trabajo, de dinero y certidumbre.”
El recrudecimiento de algún modo es una vía libre, reflexiona Macha. "Si el desprecio o la negación por la desigualdad de género es tan explícita en el proyecto de este nuevo gobierno, claramente habilita a que se pueda profundizar y a que nosotrxs quedemos en ese sentido más desguarnecidxs”, concluye. “Con lo cual, creo que hoy es más importante que antes el cuidado de nuestras propias organizaciones sociales, partidarias y feministas, para poder generar instancias de cobijo y de problematización.”
