Dirigentes políticos, gremiales y del movimiento de derechos humanos repudiaron el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación”, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio del brutal ajuste del flamante gobierno de La Libertad Avanza, que la sumó al gabinete tras su fracaso como candidata de Juntos por el Cambio en la elección general.
“Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social. Lo hizo en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales. Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”, advirtió el CELS. “Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías”, señaló el organismo. “Todo esto está prohibido por el derecho internacional, que son normas incorporadas a nuestra Constitución Nacional con jerarquía superior a cualquier ley o protocolo”, recordó el CELS. “Es grave enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales. Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles”, alertó.
“Bullrich no tiene autoridad moral para hacer nada. Fue responsable de 40 muertos en el 2001, ella era parte de ese gobierno. ¿Quiere repetir la historia? ¿Piensa que nos vamos a quedar cruzados de brazos cada vez que nos saquen derechos? Es para la gilada eso, para su sector de ultraderecha”, reflexionó ante Página/12 el dirigente de la CGT Pablo Moyano. "¿Piensa que la gente se va a quedar sin laburo, sin derechos y se va a quedar en la casa mirando Netflix? Va a salir a la calle. Van a tener que hacerse cargo de lo que pase o hacer una cárcel muy grande porque vamos a ser muchos los que vamos a caer en cana defendiendo a los laburantes. No pudieron los milicos, ¿estos van a asustarnos? Es un mensaje a ese sector que los votó. ¿Se piensa que el 45 por ciento se va a quedar cruzado de brazos mientras nos sacan todo?”, planteó el titular de Camioneros.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, recordó que “el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución” y advirtió que “el protocolo de Bullrich lo viola de punta a punta”. “Repudiamos este avance represivo, la protesta pacífica no requiere autorización alguna”, destacó.
“Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos. Sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”, expresó la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. “Todas las medidas que está tomando este gobierno constituyen un profundo ataque a las condiciones de vida de millones de personas, por eso la urgencia y la severidad de los anuncios de Bullrich. Prefiere violar la Constitución a que se exprese el descontento”. También desde el FIT, el diputado Nicolás del Caño apuntó que “Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado por Caputo-Milei. Quiere amedrentar a quienes salgan a enfrentar la política criminal que generará más hambre y pérdida de puestos de trabajo. ¡Vamos a ejercer el legítimo derecho a la protesta!”.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, equiparó el anuncio de la ministra con “un Estado de sitio”. “Entonces Bullrich tiene que ir al Parlamento y proponer una especie de Estado de sitio, porque no tiene instrumentos legales”, advirtió en Radio la Red. “Mañana vamos a ratificar la movilización más de 50 organizaciones. Vamos a ir Casa de Gobierno, por lo menos para reclamar que les aumenten a los jubilados. Nos sacarán, iremos presos e iremos a juicio, Bullrich tendrá que dar la cara”, advirtió.
“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El sindicato de estatales anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta, y recordó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Argentina es parte. “Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó.
“Señora Bullrich, no sea vende humo. Luego de más de 30 años como funcionaria pública debería saber que la creación de sanciones, multas e inhabilitaciones por la comisión de delitos se encuentra tipificada en el Código Penal. Su modificación le compete al Congreso, no a usted”, le recordó la exdiputada Victoria Donda. “Una vez más hace gala de su absoluto desconocimiento del sistema democrático y, sobre todo, de su desapego a los principios básicos de la Constitución, como lo es el derecho a la protesta y a la organización política. Lamentablemente, estos anuncios plagados de mentiras y propuestas jurídicamente absurdas, solo tienen por fin preparar el terreno para la violación de derechos humanos de quienes se opongan a las políticas de hambre y exclusión que ya han comenzado a implementar. Ya sabemos cómo termina la historia. No creo que nadie se haya olvidado de Kosteki, Santillán, Lepratti y tantos otros. El desafío de la democracia es mejorar la convivencia social, no alimentar la violencia”, señaló Donda.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó también que existe una serie de estándares interamericanos en materia de protesta social que tienen jerarquía constitucional. “Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el Código Penal. El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga, entre otros”, plantó el abogado.
“Pésimo lo de la ministra sobre los piquetes. Como si se tratara de la actitud de unos aprovechadores que hacen del corte de calles su deporte. Lo que está en juego es otra cosa: el derecho de criticar y protestar de los que no tienen poder para hacer lobby o escribir en los medios”, reflexionó el jurista Roberto Gargarella. “La idea de ‘todo o nada’ con que se lo presenta es directamente antidemocrática: no hay derecho más importante que el de la protesta. ¿Es regulable para compatibilizarlo con otros derechos? Sí. ¿Es suprimible? No”.
“Bullrich anunció un protocolo antipiquete que coloca a su gobierno por afuera de la legislación vigente en relación a las libertades y al derecho de reunión”, criticaron Marcelo Ramal y Jorge Altamira, de Política Obrera. “Los anuncios habilitan, no ya al desalojo de manifestaciones o piquetes, sino también a impedir el agrupamiento o la llegada de manifestantes a las concentraciones (...) La posibilidad de que las fuerzas federales intervengan en la seguridad provincial, como insinuó la ministra, la pone fuera de la ley y del orden constitucional. La continuidad de Patricia Bullrich en el cargo es un despropósito. La ciudadanía debe defender hasta las últimas consecuencias los derechos democráticos”.
“Repudiamos enérgicamente el protocolo antiprotestas anunciado por Bullrich”, expresó Manuela Castañeira, del Nuevo Más. “Es una medida inconstitucional ya que el derecho a huelga y manifestación está consagrado en el artículo 14 bis. Rechazamos el ataque del gobierno de Milei al derecho a la protesta social. Quieren pasar con represión su plan de ajuste brutal”.
La diputada santafecina y profesora de derecho penal Matilde Bruera también cuestionó el anuncio: “Primero ajuste al pueblo. Después represión. Vieja receta de los autoritarismos. Violan la Constitución, las leyes vigentes. El derecho a una vida digna es sagrado y la protesta también, el Estado de derecho se respeta”.
Por su parte, Humberto Tumini, de Libres del Sur, apeló a la historia para advertir que el gobierno de Milei derivará inevitablemente en muertos. “Los oligarcas a principios del siglo 20 prohibían las huelgas. Las dictaduras posteriores también. Menem reprimía las manifestaciones. Todos saqueaban al pueblo y daban palos y balas a los que protestaran. El gobierno de Milei sigue ese camino, todo indica. Siempre hubo muertos”.
