El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó este jueves que el Gobierno nacional buscará derogar la Ley de Alquileres, porque, según consideró, "le ha hecho mucho daño al sector inmobiliario". Si bien no dio mayores precisiones, sostuvo que se promoverá “la libertad de las partes en contratos privados” y que “habrá novedades” en el corto plazo.

En su conferencia de prensa diaria desde Casa Rosada, el portavoz del presidente Javier Milei criticó la actual legislación sobre la que aseguró: “Entendemos que le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”. 

Las palabras del funcionario van en línea con lo que ya había anticipado Milei, durante la campaña e incluso cuando ya había resultado electo presidente: el líder ultraderechista había comentado, en diferentes entrevistas, que la normativa vigente por la que se rigen más de 8 millones de inquilinos hay que “derogarla y entender que es un contrato entre partes”. Para el mandatario de ultraderecha, “lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”.

Así, el Gobierno plantea que los acuerdos se realicen dentro del Código Civil y Comercial vigente, ya que allí se regulan los contratos, la vida comercial, las personas, la teoría general de las obligaciones, el derecho de daño y la teoría general de la responsabilidad en el país.

Un panorama que se presenta más que incierto para inquilinos e inquilinas, de cara a 2024, cuando se espera un aumento en la demanda y la renovación de contratos.

¿Se puede derogar la Ley de Alquileres?

La Ley de Alquileres, n° 27.737, fue modificada el pasado 10 de octubre en el Congreso de la Nación. La misma establece que, el plazo mínimo de contrato es de 3 años, con una actualización semestral a partir del coeficiente casa propia y la prohibición de publicar los alquileres en dólares. ¿Puede ser derogada?

La derogación de la legislación vigente implica el envío de un nuevo proyecto de ley al Congreso. Allí, La Libertad Avanza cuenta con minoría tanto en la cámara de Diputados como en la de Senadores, lo que supondría una dificultad al momento de aprobar una modificación. 

Sin embargo, el presidente podría ordenar la derogación de la Ley mediante decreto, aunque no evitaría que posteriormente pase por el Congreso.

¿Qué implica la derogación?

En caso de la decisión sea la de una derogación, esto implicaría que los contratos a futuro deberán ser acordados entre inquilinos-propietarios y quedarían normalizados, únicamente, bajo lo que establece el Código Civil y Comercial. Esto implicaría que las partes tendrán una "libertad contractual".

En términos contractuales, los ejes claves que quedarían bajo libertad de acuerdo entre partes serían:

Plazos: Ambas partes deberán acordar cuánto dura el contrato. En la actualidad, la ley establece que el plazo mínimo debe ser de 3 años.

Actualizaciones: Otro de los ejes que quedaría a libre acuerdo entre inquilino y propietario seria las actualizaciones sobre el valor del alquiler. Hoy en día estos se realizan cada seis meses en base al índice Casa Propia.

Moneda: Por último, una posible desregulación permitiría que los precios expresados en el contrato puedan ser establecidos en pesos, dólares, o cualquier otra moneda extranjera que acuerden entre las partes.

¿Qué pasa con los contratos vigentes?

 Según explicó el presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina, Enrique Abatti, “la ley no tiene efecto retroactivo, a menos que se especifique expresamente”. Es decir, los cambios no afectarán a los contratos que ya están en curso.

Algo similar ocurrió cuando se sancionó la Ley de Alquileres en 2020, la cual estableció un plazo de tres años y ajustes anuales a través del Índice de Contratos de Locación supervisado por el Banco Central.