Un total de 29 personas, entre ellas jueces, fiscales y policías, fueron detenidas este jueves en Ecuador en el marco de una investigación por presuntas relaciones con el narcotráfico. Entre ellos se encuentran el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, el exjuez penal Ronald Guerrero y el general de Policía en retiro Pablo Ramírez, quien fue director del sistema nacional penitenciario y posteriormente director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía.
El denominado operativo "Metástasis" constituyó la mayor acción contra la corrupción y el narcotráfico en la historia del país, subrayó la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en un video difundido a través de redes sociales. "Este caso es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos", afirmó.
La estructura criminal
El operativo consistió en más de 75 allanamientos simultáneos en siete de las 24 provincias del país y que implicó el despliegue de más de 900 personas, incluyendo fiscales y unidades especiales de la Policía Nacional. La investigación surgió a raíz de la muerte del narcotraficante Leandro Norero, alias "El Patrón", asesinado en una cárcel en octubre del año pasado. Este hecho derivó en una masacre carcelaria que duró tres días y dejó una treintena de muertos y más de 60 heridos.
Según explicó la Fiscal, a raíz de la muerte Norero se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. "Los líderes de este entramado contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción", detalló.
"Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado, ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones", dijo Salazar, quien advirtió que podrían haber represalias. "La respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Anticipándonos a ello, hemos conversado con el Ejecutivo como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales", aseguró.
Ecuador se convirtió en los últimos años en un centro logístico para la exportación de drogas. Bandas criminales ligadas al narcotráfico disputan en las calles a sangre y fuego las rutas para su comercialización. Las cárceles no escapan a la violencia y desde febrero de 2021 al menos 460 reclusos murieron en medio de cruentas masacres.
El presidente de la Judicatura
Entre los detenidos se destaca el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán. Una vez concluido el allanamiento en su domicilio, la Fiscalía informó en un comunicado que la policía incautó documentos, computadores, celulares y más de 25.000 dólares en efectivo.
Terán difundió en redes sociales el momento de su detención. Mientras se dirigía al vehículo policial escoltado por los efectivos y con las manos en los bolsillos, indicó que todo se trataba de una persecución en su contra y que la Fiscalía era corrupta porque supuestamente tiene un 60% de causas atrasadas. "Acaban de intervenir en mi vivienda, hay una orden de detención en mi contra sin fundamento alguno. He dado toda la colaboración a los efectivos que están participando en el acto. Respetuoso de la ley me defenderé. Con esta persecución han destruido la carrera judicial", expresó previamente en otra publicación.
Este episodio se da en medio de fuertes tensiones por la permanencia de Terán en el cargo, después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Participación Ciudadana (CPCCS) lo designase en febrero y la Corte Nacional de Justicia le retirara la confianza en agosto. En paralelo, la propia Fiscal General afronta una solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional por no atender casos de corrupción, entre estos uno donde se vinculó al cuñado del expresidente Guillermo Lasso y otro contra el exmandatario Lenín Moreno, procesado luego que abandonara el país para vivir en Paraguay.
Pedido al CIDH
El abogado Iván Durazno, que asumirá la defensa internacional de Terán, anticipó que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que el arresto es una venganza política. "A nivel internacional este caso no es penal ni siquiera constitucional, es venganza política por el concurso de los jueces", precisó Durazno sobre el proceso de selección de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia en el que su cliente era uno de los candidatos. “Solo quieren meter mano a la justicia”, remarcó.
Durazno también aseveró presuntas irregularidades en el procedimiento de detención del presidente de la Judicatura, al señalar que no conoce los elementos por los cuales fue aprehendido, si bien reconoció que los delitos vinculados a la detención son los de delincuencia organizada y asesinato por encargo. "Esperamos que en este caso tampoco sea 'influjo psíquico' porque cada quien responde penalmente por lo suyo", señaló el abogado en referencia a la expresión utilizada en la sentencia donde el expresidente Rafael Correa fue inhabilitado y condenado a ocho años de cárcel por cohecho.
