El ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa, no la tiene fácil. Las medidas adoptadas por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo hicieron saltar las alarmas en los sindicatos que agrupan a los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. El pedido a Axel Kicillof fue unánime: esperan por activación de la cláusula de revisión acordada en paritarias para poder paliar los efectos de la devaluación y la futura inflación.

“Incertidumbre” es la palabra que prima en la conversación con Juan Pablo Martín, Secretario Gremial de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional provincia. “Es muy grande la incertidumbre sobre el impacto que tendrá en la economía de la provincia las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, así que estamos estudiando de qué manera haremos frente a una crisis sin precedentes a la que están llevando a nuestro país”, señala en diálogo con Buenos Aires/12.

Para Martín no hay dudas de que se deben “atender con urgencia a quienes menos ganan y ven peligrar su plato de comida, el transporte para ir al trabajo, y las mínimas condiciones para el funcionamiento familiar”.

Esta incertidumbre a la que se refiere el dirigente gremial radica en que cuando se afrontan negociaciones paritarias, tanto en el sector público como en el sector privado, la parte que demanda una mejora en las condiciones salariales debe tener en cuenta la situación económica del empleador. En este caso, una provincia “con deficiencias estructurales producto de, como mínimo, la desigual coparticipación, sumado a los anuncios de recortes de lo que ellos llaman fondos discrecionales” ponen en jaque al gobierno bonaerense.

Sí destaca, ante todo, que cuenta con la “tranquilidad” de que a lo largo de los últimos cuatro años de gestión todas las negociaciones de buena Fe. “Es muy positivo saber, en este contexto, que no es gente que negocia de mala Fe”, remarca.

Tanto UPCNBA, ATE Provincia, Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), el personal médico a través de CICOP, y la Asociación de Judiciales Bonaerenses, le plantearon al gobernador la reapertura de la mesa paritaria. Si bien con el sueldo de noviembre se cobró un 25 por ciento de aumento en promedio para todos los trabajadores estatales, las estimaciones de una inflación por encima de los 20 puntos y la reciente devaluación que llevó a los salarios a valer un 50 por ciento menos, pusieron en jaque la estabilidad de cara a fin de año.

En la última reunión, la cláusula de revisión para el mes de diciembre estaba acordada, pero los últimos anuncios de Caputo aceleraron la necesidad de conformar la mesa de negociación.

El dirigente que representa a la organización liderada por Fabiola Mosquera, no dejó pasar los recientes anuncios de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y sus intenciones de limitar la protesta social. “De arranque, nosotros como cualquier organización gremial le damos un valor importantísimo al derecho constitucional a la huelga”, resalta. “Aquello que atente o amenace a eso, de movida nos resulta alarmante”, agrega.

En término políticos, Martín advierte que “no es casual lo anunciado ya que este modelo tiene que presentarse si o si de la mano de represión”. Sobre este eje, hace hincapié en que la situación es más grave por los “grises” en las definiciones acerca de cuáles serán las consecuencias por manifestarse en la calle. “¿Qué garantías nos quedan?”, se pregunta.

Los pedidos a la Provincia

Al pedido de UPCNBA, se sumó que desde ATE, gremio liderado por Claudio Arévalo, expresaron que “ante un escenario complejo a nivel nacional, donde el presidente electo Javier Milei anuncia un brutal ajuste para el tiempo que viene, es necesario continuar en la provincia de Buenos Aires por el camino de la reparación de derechos y sostenimiento de nuestro salario”.

En la carta presentada ante el ministro de Trabajo, Walter Correa, reconocen que la provincia recibe un golpe financiero a partir de los anuncios de Caputo vinculado, entre otras cuestiones, a las transferencias de recursos desde el Gobierno Nacional hacia las provincias. Más allá de este escenario, señalaron que no dudan “que se harán los mayores esfuerzos desde la gestión provincial, para continuar con dicho sendero”.

En los últimos días se dieron aumentos del 37 por ciento en los combustibles, tanto en Shell como YPF, que llevó al litro de nafta súper a estar entre los 400 y 600 pesos. Por el lado de los alimentos, la carne vivió jornadas de aumentos que, en algunos casos, oscilaron entre el 70 y 80 por ciento a partir de un incremento de cerca del 40 por ciento en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Esto fue advertido por FEGEPPBA, cuyo pedido de reapertura afirmó que “frente a la situación de público conocimiento, las recientes medidas económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la fuerte devaluación de la moneda, el constante incremento de costo de vida que verá una clara aceleración en los próximos meses”. El objetivo que plantearon en su nota al ministerio es “llegar a un acuerdo para transitar la situación con el menor perjuicio a los derechos y salarios de los trabajadores”.

En el caso de CICOP, el pedido presentado al Ejecutivo Provincial tiene como sustento, además, que los aumentos conseguidos a lo largo del año para el personal médico no superaron a la inflación que, con el dato de noviembre, superó el 148 por ciento anual. De todas maneras, en el último cierre paritario, el sector de la medicina obtuvo un 3 por ciento más de aumentos, en promedio, por encima del resto de empleados públicos.

Según informó el sindicato liderado por Pablo Maciel, un médico ingresante con 36 horas de guardia cobra 436.819 pesos. En el caso de los ingresantes que cumplen 48 horas con dedicación exclusiva, el sueldo alcanza 624.154 pesos. Por el lado de los residentes de primer año con guardia en zonas de baja cobertura, el salario s ubica en 495.844 pesos.

De parte de los sindicatos docentes aún no hubo un pedido formal de paritarias.