En línea con el plan de desregularización del mercado del gobierno de Javier Milei, el nuevo secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se comprometió a derogar la Ley de Abastecimiento. Esta normativa tiene vigencia desde 1974 y fue modificada una sola vez, en 2014. Mediante esta Ley, el Estado protege el bolsillo de los consumidores promoviendo insumos básicos y esenciales y congelando precios, entre otros puntos importantes en un contexto de tendencia inflacionaria.
El anticipo del flamante funcionario fue realizado este jueves en un encuentro con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según puntualizó Lavigne, el Gobierno de La Libertad Avanza buscará la derogación de una Ley imprescindible en estos tiempos, que en rigor, establece la regulación de "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfagan --directamente o indirectamente-- necesidades comunes o corrientes de la población".
La Ley 20.680 fue sancionada el 20 de junio de 1974, once días antes de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón. Otra Ley, la 16.454, sancionada en 1964 durante la presidencia de Arturo Illia, fue su antecedente: aquella promovía "el normal abastecimiento y distribución, en condiciones de calidad y precio razonable, de todos los bienes y servicios económicos que afectan las condiciones de vida de la población, para la defensa del consumo y crecimiento efectivo de la producción".
En tanto, para 1974, se sancionó una nueva ley que amplió beneficios para los consumidores con más normas y regulaciones al mercado. En 2014, se modificó para crear un Observatorio de Precios y eliminar las penas de prisión.
Qué establece la Ley de Abastecimiento
A partir de esta ley, la Secretaría de Comercio tiene potestad para "imponer sanciones (...) frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales".
Además, el Estado puede fijar precios máximos, mínimos y de referencia, así como también márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio).
También puede ordenar la continuidad de todo o parte del proceso económico: fabricación, comercialización y distribución de cuotas mínimas de algún producto o servicio.
En tanto, la Ley de Abastecimiento determina que el Estado también puede sancionar -con multas, clausuras, etcétera- a las empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios, o a las que acaparen mercadería o materia prima, o a las que destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta, entre otras situaciones.
Qué puede pasar si se deroga Ley de Abastecimiento
De esta manera, si la normativa es derogada por el equipo económico de Javier Milei, las consecuencias para el trabajador y el consumidor diario podrían ser varias.
Las empresas que elaboran productos esenciales tendrían vía libre para subir los precios de forma injustificada, así como también más capacidad para hundir a los pequeños competidores y acaparar las góndolas con sus productos.
En tanto, sin el margen de utilidad, las compañías podrían ofertar poca mercadería para generar un clima especulativo, aumentar precios, y multiplicar sus ganancias.
Milei anticipó en la previa a su asunción que iba a "liberar todos los precios que pueda de la economía", lo que implica el fin de programas como Precios Justos, que permitía acuerdos económicos entre el Gobierno y las empresas de consumo masivo.
En tanto, durante su primer discurso como mandatario, recordó los principios del liberalismo económico, que son "la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social".
