El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat confirmó este viernes por AM750 que "las articulaciones institucionales" en contra del protocolo antipiquetero de Patricia Bullrich “serán ejercidas tan pronto se publique el decreto en el Boletín Oficial”. A lo que añadió: “Las entidades defensoras de Derechos Humanos y todos aquellos que se sienten depositarios del 'Nunca Más' vamos a reclamar judicialmente para proteger toda forma de protesta o ejercicio de resistencia a los actos de violencia institucional”.
Para el especialista, esto se debe a que en el protocolo de represión del Gobierno de Javier Milei "todo es violatorio del texto constitucional y los tratados de Derechos Humanos, que amparan la protesta social".
"Si hay un modelo económico que conduce a la situación de miseria a las grandes mayorías, ese es un acto de violencia institucional. Miseria con represión quebrantan lo que dicen los dos pactos internacionales de las Naciones Unidas, el de los Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, que buscan seres humanos libres del temor y la miseria", precisó al respecto.
Para Barcesat, el protocolo anunciado por Bullrich tiene un antecedente claro: "Ya hemos tenido un ejercicio de anticipación de este modelo en lo que pasó en Jujuy con su Proyecto de Reforma Constitucional. que llevó a afectar la vida, la integridad y la libertad de las personas. Afectaciones, además, físicas y psíquicas".
Para ser claro al respecto, el abogado constitucionalista enfatizó en que lo realizado por el gobernador Gerardo Morales “fue un ejercicio anticipado de lo que se propone a nivel nacional mediante el protocolo Bullrich”. “Allí también involucraba la responsabilización penal de las organizaciones”, recordó.
Y precisó: “En lo que respecta a Jujuy, acabamos de ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema a través del informe que convocó el Presidente Alberto Fernández. Aguardamos que se tomen medidas en consonancia con la gravedad de los daños documentados”.
