La Legislatura santafesina aprobó cuatro leyes en materia de seguridad a pedido del gobernador Maximiliano Pullaro que son parte de un paquete más amplio que se seguirá debatiendo la próxima semana. Se trata de la emergencia en seguridad pública, al emergencia hídrica, la adhesión a la ley nacional que desfederaliza la persecusión penal del narcomenudeo y la regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas. Este viernes, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, celebró el avance legislativo: “La libertad de las personas va a ser cuidada por el Estado y vamos a liberar las calles del delito”. En tanto, algunos bloques de la oposición plantearon sus reparos a la ley de narcomenudeo. Sostienen que no está demostrado su funcionamiento y que generan “una caja inmensa de corrupción” en las fuerzas policiales.
A pocos días de su asunción, el gobernador consiguió que la Legislatura aprobase una parte del paquete de leyes con el acento puesto en materia de seguridad. En la sesión de este jueves, las Cámaras aprobaron la adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. La normativa, conocida popularmente como “ley de narcomenudeo”, permite a la Justicia y las fuerzas de seguridad provincial involucrarse en las investigaciones ligadas al narcomenudeo y avanzar en el desmantelamiento de los puntos de venta de drogas en pequeñas cantidades.
Durante la mañana del viernes, Bastía en conferencia de prensa en el hall de Casa de Gobierno, acompañado por legisladores del oficialismo, brindó detalles de la normativa. Allí el funcionario explicó que la ley permitirá actuar ante los vendedores “que tienen un bunker y actúan impunemente” porque la Justicia Federal está lejos. “A partir de ahora, todos esos actores que corrompen y destruyen a nuestros jóvenes y nuestra sociedad, van a poder ser perseguidos por la Justicia provincial. Y el tratamiento de las grandes bandas, y el narcotráfico, siguen en materia federal”, explicó.
En tanto, durante la sesión del jueves también se sancionó la ley de emergencia en seguridad, que permite sumar recursos al combate contra el delito, además de agilizar los procesos en un contexto complejo. “Con esto se va a poder realizar compras de equipamiento de vehículos y reparación de muchos que están con pequeños desperfectos”, comentó. Al mismo tiempo destacó que la normativa posibilita un “reordenamiento” de las fuerzas de seguridad con el objetivo de sumar policías a las tareas de patrullaje: “Los distintos cuerpos van a ser ordenados de tal manera que van a poder estar trabajando donde nosotros creemos que deben estar, que es en la calle”.
A su vez, la Legislatura avanzó con la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, que resguarda los derechos de los trabajadores en las cárceles. “Es un cambio de una ley del Proceso. Lo que pretende esto es una estructura moderna, mucho más ágil, que equipara a los hombres y a las mujeres. Era una ley de la dictadura la que estaba vigente”, recordó Bastía.
El cuarto proyecto que tuvo el visto bueno de los legisladores es la regulación de los gastos reservados para investigaciones criminales complejas, una iniciativa que busca que todos los gastos realizados por el gobierno provincial estén debidamente documentados. La iniciativa había sido aprobada en 2019, y luego vetada por el gobernador Omar Perotti. “Esto implica que, a partir de ahora, todos los gastos que se tengan para uso reservado deben ser controlados y en un momento oportuno deban ser rendidos”, explicó.
Dentro del paquete de leyes enviado por Pullaro a la Legislatura quedó pendiente para la próxima semana el tratamiento de normativas como el Fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación y las reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, así como también el tratamiento del juicio por jurados, entre otras.
Bloques opositores
En líneas generales, todos los bloques acompañaron las iniciativas elevadas a la Legislatura. La única normativa que tuvo sus reparos fue la ley de narcomenudeo, con algunas objeciones en la Cámara de Diputados. Allí legisladores del peronismo se abstuvieron de votarla, mientras que el Frente Social y Popular votó en contra.
En diálogo con Rosario/12, la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, señaló que la ley de narcomenudeo no tuvo resultados positivos en aquellos lugares donde se implementó. “Entendíamos que esto requería un mayor nivel de debate y análisis y que no están sobre la mesa los indicadores que, de manera taxativa, nos habiliten a pensar que esto va a tener éxito”, explicó. Hasta el momento la normativa se puso en marcha en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo aseguró que ya se encuentran trabajando en el análisis de las otras leyes enviadas y adelantó que la postura del espacio es dotar de herramientas al gobernador para perseguir el delito, pero sin que eso signifique “una carta blanca”. “Esto no implica tener una posición obstruccionista de las medidas, sino que vamos a definir caso por caso cómo nos posicionamos ante cada una de ellas”, manifestó.
En la misma línea, Fabián Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, sostuvo que en aquellas provincias donde adhirieron a la normativa se incrementó “la visión punitivista” del tema, sin demasiados resultados concretos. “Poco se ha avanzado en la captura y la disposición a la Justicia de los responsables del narcotráfico y la inclusión de distintas drogas ilícitas en el territorio de cada una de esas provincias”, expresó en diálogo con este medio.
“Generalmente los avances contra los pequeños comerciantes de estupefacientes atentan contra la propia investigación de las grandes organizaciones, porque queda una investigación fragmentada entre la Justicia federal y la provincia”, agregó.
Además, consideró que su puesta en marcha puede significar “una caja inmensa de corrupción” para las fuerzas policiales: “Hasta que no se depure la policía de la provincia de Santa Fe, y se corte con los nichos de corrupción, esto va a ser un gran negocio para la policía. En realidad va a ser un incremento de la tarifa que cobran para proteger a estas bandas que generalmente son narcopoliciales, justamente por la participación de miembros de la fuerza de seguridad en distintos ilícitos que cometen estas bandas”.
