El protocolo antipiquetes que presentó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, alentó imitaciones e imitadores. En Santa Fe, sin ir más lejos, donde ayer su colega provincial, Pablo Cococcioni, se entusiasmó y declaró: "Si hay piquete, se va a desalojar". Y aseguró que su jefe, el gobernador Maximiliano Pullaro, piensa así. "Nos expresó su firme postura de no tolerar en absoluto cualquier acción que obstaculice la vida democrática y la convivencia en sociedad", planteó el funcionario. 

Como era de esperar, el anuncio provocó la reacción inmediata y opuesta a la advertencia. Distintos espacios políticos y gremiales en Rosario se alinearon con la convocatoria que lanzó el Polo Obrero al país y coincidieron en organizar para el próximo miércoles 20 una marcha de protesta en la calle y a través del microcentro de la ciudad. Y desde los barrios denunciaron ayer que el gobierno nacional interrumpió la entrega de alimentos a comedores comunitarios y ollas populares. "Quieren apagar el fuego con nafta", definió Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario.

La medida que Bullrich anunció este jueves habilita a las fuerzas federales y también al Servicio Penitenciario Federal a reprimir toda protesta social que bloquee la circulación de manera parcial o total. Y promueve que los gobiernos provinciales adhieran a este protocolo. El paquete incluye requisas de vehículos y personas, y quita de asistencia a personas que, siendo beneficiarias de alguna clase de ayuda económica, sea reconocida participando de un reclamo popular. Asimismo, depara acciones para el caso de que haya niños en la manifestación, algo inherente de estas expresiones colectivas en las que mujeres –jefas de hogar o no– participan de manera auténtica.

La idea prendió en la Casa Gris. Ayer Cococcioni reveló por Radio 2 que el gobierno provincial está elaborando un proyecto similar al de Bullrich y que enviará a Legislatura en los próximos días. De todos modos, también asumió que bajo la Ley de Emergencia en Seguridad que anteayer la mayoría oficialista sancionó de manera exprés la Provincia bien puede aplicar el protocolo Bullrich por orden ministerial.

“La posición y la orden del gobernador Maximiliano Pullaro es no tener la más mínima tolerancia hacia acciones que signifiquen una obstrucción a la vida democrática y en sociedad", enfatizó el ministro. El proyecto que preparan apunta a empoderar con fuerza de ley y apoyo político a la Policía santafesina, para que enfrente la protesta social.

El choque será el miércoles. En Rosario, la convocatoria está prevista para las 16.30 en plaza San Martín. Y las organizaciones de base, gremiales y políticas que participarán irán de a pie y por la calle hasta el Monumento a la Bandera para hacer valer el derecho a la protesta y repudiar la doble pinza del gobierno, de ajustar y reprimir.

"El gobierno anuncia este protocolo porque saben que el ajuste que están ejecutando no pasa sin represión. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Se llenaron la boca en campaña diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, una mentira abierta porque lo están pagando los sectores populares, los jubilados y la clase media", lanzó ayer el referente del Frente de Izquierda, Octavio Crivaro. 

En la misma línea se pronunció Delmonte. Al ser consultado opinó que "es el décimo protocolo en los sucesivos gobiernos con el que se plantea tapar el sol con una mano, y no van al fondo de los problemas. Necesitan poner contra la pared a todas las organizaciones sociales que han estado saliendo a la calle reclamando por el hambre", dijo. Asimismo, aseguró que la entrega de alimentos para las ollas populares y comedores (la CCC atiende 110 en Rosario y alrededores) por parte del Ministerio de Desarrollo Social esta semana se interrumpió.

"Este protocolo es parte del dispositivo político y económico para garantizar la brutal transferencia de ingresos de los sectores trabajadores y medios a los grupos concentrados. Y quieren apagar el fuego con nafta", avisó.