Los bandazos que ha tenido la reforma constitucional en Chile desde el estallido social de 2019 son asombrosos. Cuando en 2021 se eligieron nuevos constituyentes, la mayoría fueron de izquierda y centroizquierda, y solo el 20 por ciento fue de derecha. Pero al año siguiente, el texto –muy progresista en derechos sociales y ecologismo-- fue rechazado en plebiscito.
En 2023 se eligió por votación un Consejo Constitucional donde los partidos de derecha y ultraderecha alcanzaron la mayoría. El resultado fue una constitución muy conservadora. El partido de los Republicanos propone un cambio ligado al derecho al aborto: se protege “la vida de quien está por nacer”, en lugar de lo que dice la constitución actual (protege “la vida del que está por nacer”). Esta sutileza entraría en colisión con la ley de aborto actual, ya que se pasaría a proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. La ley actual permite el aborto si está en riesgo la vida de la madre, si hay inviabilidad del feto y en caso de violación. Esto podría llegar a eliminarse con una nueva ley.
La nueva constitución le daría rango constitucional a la expulsión inmediata de extranjeros que hayan entrado al país de forma clandestina, algo que choca con el principio de no devolución que está en los tratados internacionales suscritos por Chile. También se convertiría al agua en una mercancía, dando rango constitucional al negocio en torno suyo.
Otro artículo garantizaría la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) --jubilación privada-- impidiendo crear un sistema de reparto, lo cual fue un reclamo de las movilizaciones de 2019. También se legislaría que la huelga solo se pueda ejercer en el marco de la negociación colectiva. En la educación también habría retroceso: se establece el financiamiento por estudiante (voucher) el cual iría a escuelas y universidades privadas. El estado se convierte en “sostenedor y no garantizador” del derecho a la educación. También en salud pública se cierra la posibilidad de crear algún sistema con lógicas solidarias.