La noticia del nuevo protocolo "antipiquetes" de Patricia Bullrich cruzó las fronteras argentinas. Las Naciones Unidas ya conocen de la disposición de la ministra de Seguridad: el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación manifestó su preocupación por la iniciativa este sábado en Twitter.
"Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales". Así se expresó el relator Clément Nyaletsossi Voule al compartir el texto que busca regular la protesta social y que tuvo amplias críticas por la idea de querer cercenar libertades consagradas en la Constitución.
"Las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica. Sigo de cerca la situación en Argentina", añadió el jurista nacido en Togo sobre la iniciativa. En su segundo tuit arrobó a la cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El viernes había llegado otra crítica internacional al protocolo. Jon Favreau, el redactor en jefe de los discursos de Barack Obama, se hizo eco.
"Dictador en su primera semana", escribió el colaborador del expresidente de los Estados Unidos en Twitter.
Crítica del CNPT
Mientras, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se opuso en un documento a la política represiva del gobierno de Javier Milei. En un documento plantearon que la cartera de Bullrich desconoce el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la Argentina.
Además, señalaron que el protocolo avanza sobre facultades del Poder Legislativo y Judicial al interpretar el "alcance del tipo penal del artículo 194" del Código Penal con la autorización para detener personas sin orden judicial previa.
El protocolo "también avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas de seguridad federales en sus territorios". Y remarcaron que "sólo puede recurrirse al uso de la fuerza con carácter excepcional, como medida de último recurso, ante hechos de violencia o cuando peligre la integridad personal de quienes se manifiestan o de terceras personas".
