Después de anunciar el protocolo anti-manifestaciones, Patricia Bullrich les tomó juramento a los jefes de las fuerzas de seguridad federales y les prometió que iba a defenderlos frente a las “injusticias”. Consciente de que la imagen también es parte del mensaje, la ministra colocó a su derecha a Carlos Manfroni, un abogado a quien ella presenta como su asesor y quien sostiene que no debe haber represores mayores de 70 años presos –lo que implicaría decir que no debe haber criminales de lesa humanidad detenidos porque en su gran mayoría todos superan esa edad. El abogado representa un puente entre Bullrich y Victoria Villarruel, ya que escribió hace casi diez años un libro con la actual vicepresidenta en el que decía que las víctimas del “terrorismo” en la Argentina quedaron olvidadas para la historia.

En un acto en Palermo, Bullrich puso en funciones a los nuevos jefes de las fuerzas de seguridad: Luis Alejandro Rollé (Policía Federal), Guillermo Giménez Pérez (Prefectura), Antonio Bogado (Gendarmería) y Alfredo Hernán Gallardo (Policía de Seguridad Aeroportuaria). “Voy a velar por cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas. Voy a protegerlos frente a las injusticias por casos que no corresponden”, dijo la ministra de Seguridad de Javier Milei. 

Manfroni la escuchaba con atención. En Seguridad comentan que han visto a Manfroni en los últimos días. Sin embargo, los voceros de ese Ministerio no contestaron a la consulta de Página/12 acerca de si ocupa un cargo y, en tal caso, cuál.

Una larga relación

Manfroni y Bullrich tienen una relación de, al menos, 20 años. En 2003, Bullrich se presentó como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su compañero de fórmula entonces era Manfroni. Para entonces, el abogado dirigía el posgrado de Derecho sobre reglas internacionales contra la corrupción en la Universidad Católica Argentina (UCA), que se hacía con el auspicio de la embajada de los Estados Unidos y estaba orientado hacia jueces y fiscales.

Cuando Bullrich llegó al Congreso, llevó a Manfroni consigo: era su asesor en asuntos relacionados a corrupción. En el momento en que Mauricio Macri la convocó para ocupar el Ministerio de Seguridad, no dudó en nombrar a Manfroni como el enlace de esa cartera con el Poder Legislativo. Sin embargo, duró poco en la función. En este diario, Horacio Verbitsky recordó el pasado de Manfroni como columnista de la revista procesista Cabildo, donde despotricaba contra el progresismo y el rock. Decía, por ejemplo, que las letras de Charly García inducían al suicidio. Después de esa revelación, el músico hizo pública una carta de repudio y Manfroni se quedó con las ganas de ser el mediador entre Bullrich y el Congreso.

“La revista y las mismas notas tenían un tono claramente fascista”, reconoció Bullrich, años después, en el libro Guerra sin cuartel, que publicó para dar cuenta de su paso por la cartera de Seguridad durante la administración Cambiemos. En esa misma publicación, Bullrich cuenta que el jefe de asesores de Macri, José Torello, se quejó de la designación de Manfroni. Sin embargo, Bullrich no prescindió del acompañamiento de Manfroni: sin darle publicidad, lo puso al frente de la Dirección de Investigaciones Internas.

En el mismo libro, Bullrich describe que Manfroni fue parte de su “equipo de crisis” por la desaparición de Santiago Maldonado. En ese momento, Bullrich –lejos de solidarizarse con la familia–, salió en defensa de la Gendarmería y dijo que no pensaba tirar un gendarme por la ventana. En un video reciente, Manfroni encomió esa actitud.

Manfroni se ubicó a la derecha de Bullrich durante el acto del viernes.

Hacia el final del gobierno de Macri, Manfroni se vio envuelto en otro escándalo después de que El Destape publicara que se había usado su usuario para ingresar a la base de la Dirección Nacional de Migraciones para espiar los movimientos de los camaristas Ana Figueroa y Mariano Llorens. En ese momento, el Ministerio dijo que, en realidad, se habían mirado los movimientos migratorios de otras personas, no de los jueces.

A lo largo de los años, Manfroni siguió acompañando a Bullrich. Es parte del equipo del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES). Es el organismo que, según había denunciado la Inspección General de Justicia (IGJ) durante la gestión de Ricardo Nissen, Bullrich usó para financiar indirectamente su campaña presidencial. El abogado también fue quien presentó el último libro de la actual ministra, De un día para otro. Hay quienes le atribuyen haber sido uno de los responsables de su escritura.

Manfroni tiene nueve libros escritos. Uno de ellos, Los otros muertos, con Villarruel. Esa publicación –hecha en 2014– se presenta como el “Nunca Más” de las “víctimas del terrorismo”. Según contó el mayor retirado Pedro Mercado –marido de Cecilia Pando–, Villarruel y Manfroni no siempre pensaron igual: él creía que los militantes de los años ‘70 debían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad –al igual que los militares y otros agentes estatales– y Villarruel, no. Con el tiempo, Villarruel llegó a presidir el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), cuyo objetivo principal es meter presos a los militantes de aquellos años.

La relación entre Villarruel y Bullrich es tensa porque las dos quieren marcar la agenda securitaria. Tras quedarse afuera del balotaje, Bullrich buscó acercar posiciones. Su primera acción fue tuitear a favor de la actual vice tras el debate con Agustín Rossi. Después le preguntaron en La Nación Más si tenía vínculo. “Yo no la conozco, nunca hablé con ella, no tengo ninguna relación personal más que una persona que trabaja conmigo, Carlos Manfroni, que escribió un libro con ella. Es el vínculo que puedo tener, pero me encantó su manera llana de hablar”, dijo entonces.

"Una situación vergonzosa para el Estado argentino"

Manfroni se ocupó de acercar esos dos mundos a través de un tema de interés de los tres: la situación de los detenidos por delitos de lesa humanidad. Villarruel tiene una larga militancia en organizaciones pro-militares mientras que Bullrich en la campaña prometió una “solución” para los militares “injustamente” detenidos.

En una columna publicada en el diario La Nación el 30 de junio pasado, Manfroni explicitó su pensamiento. Dijo que nadie debería estar en prisión después de los 70 años y atacó los juicios al impugnar su principal evidencia: lo que cuentan quienes sobrevivieron a los campos de concentración. “Los testigos, no pocos dudosos declarantes, cobran indemnizaciones millonarias una vez que son validados como víctimas por el tribunal”, escribió.

El núcleo de la posición de Manfroni es equiparar el accionar del Estado genocida con el del Estado democrático que persigue crímenes de lesa humanidad. “El poder público violó los derechos humanos de los detenidos y desaparecidos después de 1976. El poder público viola hoy los derechos humanos de los militares y efectivos de las fuerzas de seguridad”, afirmó en el mismo artículo.

En esa nota –publicada antes de las primarias–, Manfroni adelantó que los equipos de Bullrich (que él conocía muy bien porque integraba) estaban trabajando en una “solución” para los detenidos de lesa que implicaba la “aplicación lisa y llana de las convenciones internacionales de derechos humanos”. En el menú de opciones estaba impugnar que se habían violado los plazos razonables de la prisión sin una condena firme o buscar una “solución al estilo Mandela”. En otras palabras, privilegiar una opción no basada en la persecución penal sino en la “reconciliación”.

Manfroni concluía su escrito diciendo: “Nada está definido, salvo la necesidad de poner fin a una situación vergonzosa para el Estado argentino”. Una preocupación que expresaron algunos referentes del movimiento de derechos humanos es que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las cárceles pasaron a depender directamente de Bullrich. Quien tendría a su cargo ese área especialmente sensible es Julián Curi, abogado personal de la ministra y quien la defendió en la causa del envío de municiones a Bolivia.