La Asociación Madres de Plaza de Mayo manifestó su repudio al protocolo que criminaliza la protesta social anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerarlo “violento, inconstitucional y fascista”, y advirtió que se trata de un conjunto de directivas que violan “las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura”. La declaración se suma al amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos que denunciaron ante las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno de La Libertad Avanza busca prohibir la protesta.
El comunicado de la Asociación Madres se titula “Pará la mano, Milei” y compara el protocolo para el “mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación” con el primer comunicado de la dictadura de Videla, Massera & Agosti el 24 de marzo de 1976. “Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública”, expresó el organismo que presidía Hebe de Bonafini.
“La única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso híper inflacionario que estas han desatado”, señala, y advierte que “la resistencia popular será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles”. “Las Madres llevamos 2.383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás!”, concluye el comunicado que también firman las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.
El protocolo de Bullrich para intentar disuadir cualquier respuesta en las calles al plan de ajuste del gobierno de Javier Milei no deja de sumar repudios. “Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula el registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías”, advirtió el CELS. Destacó que todas esas prácticas están “prohibidas por el derecho internacional”, recordó que “cortar las calles no es delito” y que “cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles”.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) alertó que la resolución de Bullrich funciona como una “imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”. Resaltó que el Ministerio de Seguridad pretende además demandar por daños y perjuicios a los manifestantes y hacerles pagar los costos de los operativos para reprimirlos. “O sea, te apalean y después te cobran el palo”, graficaron.
La ministra ya recibió pedidos de reuniones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y del Consejo Federal de Mecanismos locales para que revea el protocolo.
