El juez federal Carlos Vera Barros le tomará hoy declaración testimonial al ex presidente del Concejo Municipal de San Lorenzo, Eduardo Ros, en el marco de una causa que investiga el lavado de dinero del narcotráfico por parte de Delfín Zacarías. Este narco había sido detenido por la Policía Federal en Funes en setiembre de 2013, en una casa quinta con 300 kilos de pasta base y cocaína y unos 400 litros de precursores químicos. Ros -hombre de confianza de Leonardo Raimundo- había votado positivamente el pedido presentado por la familia Zacarías para pedir una excepción de uso de suelo para construir un megagimnasio.

A la par de la causa por narcotráfico contra Zacarías, que comenzará en los próximos días, la Justicia Federal inició hace más de dos años una investigación por lavado de dinero. En ese expediente, el juez federal le tomará hoy una testimonial a Ros, actual funcionario del Ministerio de Salud de Santa Fe y primer candidato a concejal en San Lorenzo por el Frente Progresista Cívico y Social.

Según fuentes judiciales, en la causa hay un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporta datos determinantes sobre la supuesta complicidad de funcionarios del municipio de Santa Lorenzo y el Concejo Deliberante de esa localidad para que Zacarías blanqueara el dinero sucio proveniente del narcotráfico.

En octubre de 2013, Zacarías fue procesado por el juez Vera Barros como organizador y financiador de una banda dedicada a fabricar y comercializar estupefacientes. Esa misma medida alcanzó a otras 12 personas entre familiares y allegados a Zacarías, quien tenía negocios y propiedades en el Gran Rosario.

Antes de que fuera atrapado con la droga, Zacarías empezó a construir un megagimnasio en Congreso y Vélez Sarsfield en San Lorenzo. Esa edificación no contaba con habilitación porque excedía la reglamentación del uso del suelo de esa zona. A mediados de 2010, ingresó al Concejo Deliberante un pedido de excepción de la ordenanza para construir el edificio.

El pedido implicaba un incremento en el factor de ocupación del 138 por ciento; es decir, de 2.500 metros cuadrados cubiertos permitidos a 6 mil y no resultaba razonable para algunos concejales, pero cuatro ediles oficialistas votaron a favor de otorgarla, contra tres que se opusieron y una ausente.

Sin embargo antes de la detención de Zacarías, Marcelo Remondino había realizado una denuncia ante el fiscal Federal Juan Murray, para que se investigue el lavado de dinero, en relación a las propiedades que Zacarías estaba construyendo en calle Parente en la costanera y el edificio del gimnasio. A la semana de realizar esta denuncia, Remondino sufrió el incendio de una camioneta Kía que se encontra dentro de su propiedad en barrio 3 de Febrero, hecho que nunca fue esclarecido, pero que tuvo la significación de un mensaje mafioso. Remondino también llevó la denuncia a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ante el entonces fiscal Carlos Gonella.

En paralelo el gobierno provincial había realizado una investigación, a cargo de una secretaría a cargo de Margarita Zabalza, sobre el crecimiento patrimonial y las propiedades que tenía Zacarías en la zona de San Lorenzo, Granadero Baigorria y Rosario.

Tras el informe que elaboró en la causa de lavado de dinero la UIF, la Justicia federal llamó a declarar a Ros y a Mirta Alves, responsable de Obras Particulares de ese municipio. Se busca cotejar información clave que hay en el expediente sobre la posible complicidad y colaboración desde el municipio de San Lorenzo en las actividades de blanqueo e inversiones de Zacarías en la zona.