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A Sandra Pettovello no le hizo falta un traje de fajina –como el que vistieron Javier Milei y Patricia Bullrich en Bahía Blanca– para declararles la guerra a los movimientos sociales. A través de un mensaje grabado de poco más de dos minutos, la ministra de Capital Humano anunció que les quitará la asistencia social a todos aquellos beneficiarios que salgan a protestar contra las medidas de ajuste que está implementando su gobierno.
También aseguró que quienes “promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes perderán todo tipo de diálogo” con la cartera que dirige. El intento de intimidación no tardó en despertar el repudio de las organizaciones y también de organismos de derechos humanos.
El Movimiento Evita, el Polo Obrero, el CELS y hasta Amnistía Internacional criticaron duramente las medidas y coincidieron en remarcar su carácter provocativo y “persecutorio”. La primera prueba de fuego sobre la viabilidad del discurso de la ministra –y también del flamante protocolo antipiquetes de Bullrich– se podrá ver este miércoles, cuando el bloque de la izquierda se movilice hacia Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del “Argentinazo” de diciembre de 2001.
“El que corta, no cobra”, fue la amenaza taxativa de la ministra, aunque durante su mensaje no aclaró de qué manera identificará entre los manifestantes que hipotéticamente protagonicen un piquete quién percibe un plan y quién no. Ante la consulta de Página/12, desde su cartera le pasaron la pelota a Bullrich y sostuvieron que será una tarea de las fuerzas de Seguridad.
En la Resolución que pone en vigencia el protocolo anunciado por la excandidata presidencial hay un apartado dedicado al registro de los manifestantes “mediante filmaciones”, y también durante “su posterior detención”. Esos datos personales, dice el protocolo, “serán remitidos a la autoridad de aplicación correspondiente a los efectos de la adopción de las medidas que correspondan”. El combo combina persecución, represión y la posterior quita del plan social.
Ante ese escenario, desde el Polo Obrero, una de las organizaciones que impulsan la marcha de este miércoles –en la que esperan movilizar unas 50 mil personas–, aseguraron que ya están redoblando las medidas de protección de sus militantes. “Vamos a marchar con abogados y con un equipo interdisciplinario, porque el protocolo tiene un vacío legal. Además de ser inconstitucional, no tiene vigencia en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo en diálogo con este medio Eduardo Belliboni, referente de esa organización.
“Van a intentar detenernos en las estaciones de tren y también infiltrarnos”, agregó. “Un escenario de locos para una democracia, pero así es el ajuste que quiere aplicar este gobierno. La última vez que se reprimió la protesta social, se fueron en helicóptero o llamaron anticipadamente a elecciones. Habrá que ver hasta dónde quieren llegar”, concluyó.
Más leña al fuego
El mensaje oficial de la ministra también incluyó un apartado dedicado a caracterizar a las organizaciones como "intermediarias". "Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales", dijo Pettovello respecto del Potenciar Trabajo --programa que quedó licuado tras el congelamiento anunciado por Luis Caputo--, al que se accede a través de las cooperativas de la Economía Popular.
"Está bastante claro que quieren destruir a las organizaciones", respondió la referenta del Frente Darío Santillán y secretaria gremial de la UTEP, Dina Sánchez. "Pero se olvidan que nosotras llegamos a las organizaciones por una necesidad concreta, por las malas políticas de estos gobiernos. Y desarrollamos ramas y unidades productivas en todo el país", aseguró.
Frente a la posibilidad de un escenario de confrontación en las calles, la UTEP se prepara una "respuesta contundente" en el mediano plazo. Si bien la UTEP no marchará este miércoles, se prepara para "reconstruir la unidad" con los gremios del sector formal, las Pymes y la iglesia. La hipótesis es que la "respuesta" excederá por mucho a los movimientos sociales. "En un contexto de ajuste debería haber diálogo, no este tipo de políticas persecutorias.
El conflicto no va a ser sólo con nosotros, con las organizaciones que nuclean a los más pobres. Va a ser multisectorial, porque el ajuste es contra todo el mundo y no es viable políticamente. Esperemos que recapaciten. Cualquiera se da cuenta de que este no es el camino", sostuvo ante este diario el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
Esa idea es compartida también por varios de los funcionarios de segundas y terceras líneas que se incorporaron a la cartera de Pettovello en la primera semana de Gobierno. Las áreas mas sensibles vinculadas a los movimientos quedaron en manos de dirigentes con experiencia en los territorios, sobre todo en el conurbano. El Secretario de Niñez y Familia es Pablo de la Torre, que viene de ocupar ese mismo cargo en la municipalidad de San Miguel; debajo suyo, en el organigrama aparecen Rodrigo Aybar, concejal de Tres de Febrero por el PRO, y Guillermo Viñuales, ex candidato de JxC a intendente de Lomas de Zamora. Ambos tendrán a su cargo la antigua Secretaría de Economía Social, que era manejada por Emilio Pérsico. Si bien coinciden con la línea de terminar con las intermediaciones, hay una mayor intención de diálogo de la que mostró la ministra. Habrá que ver cómo se amalgaman al interior de la cartera los distintos matices.
Una amenaza en el teléfono
Minutos después del anuncio de Pettovello, la cartera de Capital Humano envió el mismo mensaje, "el que corta, no cobra", directamente a los beneficiarios del Potenciar Trabaja, a través de la aplicación Mi Argentina. "Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: si sos beneficiario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amanaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134", dice.
"Es un mensaje claramente clasista y estigmatizante", dijo Menéndez. "¿Qué van a hacer con los chacareros si salen a cortar rutas contra el aumento de retenciones, como ya se hizo? ¿Les van a expropiar los campos? ¿Al estudiante universitario que salga a protestar contra el recorte del presupuesto le van a prohibir estudiar?", se preguntó.
"Frente a cada provocación, inteligencia"
"Este pueblo que resistió persecuciones, torturas y fusilamientos no se va a dejar amedrentar", respondió el Movimiento Evita en un comunicado en el que caracteriza los anuncios de la ministra como "un intento de disciplinar a los trabajadores", ante lo cual llamó a "actuar con inteligencia". "Frente a cada avance, una respuesta; frente a cada provocación, inteligencia", concluyeron.
"Pettovello y Bullrich, a través del protocolo contra la protesta, estigmatizan a las organizaciones y dicen que quienes reclamen en manifestaciones o protestas no serán sus interlocutores. Esto significa negar la mediación política y perseguir la organización social", denunció el CELS tras el anuncio.
En una carta dirigida al nuevo Gobierno, Amnistía Internacional recomendó, por su parte, "garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión, en el contexto de las manifestaciones sociales y la rendición de cuentas". También "garantizar que la política económica esté en línea con la máxima satisfacción de derechos" e "implementar políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos".
