En su última sesión del año, este miércoles, el Consejo de la Magistratura amaga con salir de su parálisis para aprobar un cambio en la reglamentación con el que algunos consejeros/as prometen agilizar los concursos para cargos de jueces, juezas y camaristas. Es una idea que agita, desde antes de asumir, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El plan es convocar a concursos sin esperar a que se produzca una vacante y generar una especie de banco de candidatos/as. Esto no solucionará en lo inmediato -y es dudoso qué pasará a futuro- el problema del 25 por ciento de cargos vacíos en el Poder Judicial, que existe desde hace años, del que muchos en el mundo judicial se quejan pero a la hora de actuar bloquean las postulaciones, que en definitiva son fruto de la "rosca" entre consejeros y operadores político-judiciales. Esta posibilidad de multiplicar los concursos otorga poder a quienes dentro del organismo se van alineando con el gobierno actual y sus aliados. El borrador que se debatiría no incluye vacantes en el fuero federal, entre ellas las de Comodoro Py. 

Llegó Juez

Ese nuevo "oficialismo" -que podría variar según las temáticas que se encaren en el Consejo- sumó este lunes a sus filas al senador de Juntos por el Cambio Luis Juez, quien juró tras un fallo de la Corte Suprema que le dio la razón en el reclamo de una banca de consejero que el Senado le había otorgado a Martín Doñate, de Unión por la Patria (UxP). Ese lugar estuvo vacío durante más de un año por esta discusión que los supremos recién resolvieron ahora. Horacio Rosatti, presidente del alto tribunal y del Consejo, le tomó juramento a Juez en una ceremonia cerrada, en la que estuvieron los otros tres supremos, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y varios consejeros, ninguno de ellos de UxP. En declaraciones a raíz de su asunción, Juez acusó al kirchnerismo de obstaculizar las discusiones. La realidad es que las ternas, por ejemplo, para numerosas vacantes en Comodoro Py, fueron bloqueadas por el macrismo, radicales y aliados. El peronismo no torció esa situación. 

El flamante consejero comentó también que acordaron con la Corte "avanzar en la cantidad de vacantes que hay de jueces y fiscales que tienen que luchar contra el narcotráfico". La postulación de fiscales, vale aclarar, no depende del Consejo sino de la Procuración General. Luego el nombre enviado al Senado, igual que con los jueces, lo elige el Poder Ejecutivo, que la semana pasada retiró 62 pliegos (de jueces, fiscales y defensores oficiales) para revisarlos y elegir a los que, según el criterio del gobierno, sean independientes o no sean designaciones "políticas". Para La Libertad Avanza, con su baja representación parlamentaria, los pliegos serán prenda de negociación. 

Tablero cambiante

Hoy en el Consejo de la Magistratura no hay ningún sector específico que maneje la mayoría necesaria para las decisiones cruciales -como elegir ternas de jueces/zas después de los concursos o promover sanciones- que requieren dos tercios. Si no hay acuerdos, no se puede hacer nada. Todavía el Poder Ejecutivo no eligió quién será su representante en el organismo, que será en definitiva el único o única de La Libertad Avanza. El debate discurre dentro del Ministerio de Justicia y estaría entre dos nombres. Cúneo Libarona busca a alguien con capacidad de negociar y lograr consensos. Quizá se defina esta semana pero no llegará a participar del plenario. 

Un sector que suele moverse en conjunto en el Consejo está integrado por el senador Eduardo Vischi (UCR), los diputados Alvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR), y los abogados Miguel Piedecasas (cercano al radicalismo) y Jimena de la Torre (exfuncionaria en la AFIP del gobierno de Mauricio Macri). Los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (Lista Bordó) más Alejandra Provítola (Compromiso Judicial), suelen asociarse a ellos. El camarista Alberto Lugones (Lista Celeste) supo agruparse con el kirchnerismo pero tiene ahora una posición menos definida. El otro juez es Rosatti. Hay otro bloque sujeto a acuerdos que es el de la abogada María Fernanda Vázquez y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. El bloque más consolidado es el del kirchnerismo: los senadores Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara, los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y el abogado Héctor Recalde. 

Esta semana no están ni Tailhade, quien se recupera de un transplante de riñón, ni Pilatti de Vergara, lo que debilita a este bloque ante el intento de aprobación de la reforma para los concursos. 

La propuesta

La idea de hacer concursos anticipados fue mencionada durante otras gestiones pero nunca se aplicó. En este momento traería más opciones de negociación y el argumento de que en un mediano plazo se podrían cubrir más rápido los cargos sin titular, algo que está por verse porque todo queda siempre sujeto a los acuerdos en el cuerpo y las órdenes políticas. Todos los sectores quieren incidir en algún nombramiento. Antes, como siempre, está la etapa de examen y concurso que cada postulante debe atravesar. El intríngulis viene a la hora del armado de las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo. Algunos impulsores de la idea dicen que no habrá tanto margen para la discrecionalidad. Hoy hay 176 vacantes en trámite en el Consejo. Los lugares vacíos se cubren con subrogancias. Algunos jueces tienen hasta tres y cobran un 30 por ciento más por esa tarea (por cada suplencia).

El proyecto para retocar el artículo 49 del reglamento de concursos tiene 11 firmas. No están las del bloque kirchnerista ni la de Lugones en el documento al que accedió Página/12. Será tratado este martes en la comisión de Selección de la que saldría el proyecto para llevar al día siguiente al último plenario. 

La propuesta dice que para llamar a concurso no se esperará que se produzcan las vacantes. El plenario votará qué concursos se abren, y para qué fueros. Lo que está establecido en el borrador es que serán cargos en la Justicia Nacional (Casación nacional, fuero Civil, del Trabajo, Criminal y Correcional, Comercial, de Menores, de Ejecución) no en la Justicia federal, que son los más reñidos. Los cargos de Comodoro Py (Casación Penal, juzgados, Cámara) no entran en este paquete.  

Se harán convocatorias para cuatro vacantes en algunos casos y para ocho en otros. Se llevará adelante el concurso como siempre, la comisión de Selección emitirá un dictamen con el orden de mérito, incluyendo entrevistas personales. El plenario puede hacer su revisión de calificaciones, antecedentes y dictámenes. La aprobación del orden de mérito definitivo requiere mayoría de dos tercios. Cuando se produzca una vacante, el plenario aprobará la terna para enviarla al Poder Ejecutivo, que luego manda un nombre al Senado. También requiere dos tercios. La nómina de postulantes que apruebe el plenario tiene una vigencia de 5 años. Vencido ese plazo, queda sin efecto. Esta reforma fue anunciada por Rosatti la semana pasada en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, donde también reclamó una ley de autarquía financiera que les permita manejar su dinero.