La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, envió la noche del lunes un comunicado donde exponen su "preocupación por la premura en la decisión de abordar el tratamiento en sesión extraordinaria del proyecto de ley denominado Régimen de democratización del ingreso al Poder Judicial mediante mecanismos de selección por concursos públicos, abiertos y transparentes para cubrir los cargos vacantes". 

De esta manera el Poder Judicial solicita tener participación en el debate de la propuesta que el Ejecutivo busca aprobar de forma express con mayoría absoluta en las dos cámaras. 

Frente a esta situación, desde la Asociación se solicita que el proyecto de Ley sea diferido para el período de sesiones ordinarias, que en Catamarca inicia en mayo de 2024. En tanto los poderes Ejecutivo y el Legislativo acordaron tratarlo en las sesiones extraordinaria que comenzaron ayer lunes y que finalizarán el 31 de diciembre.

Para los magistrados y funcionarios el debate precisa un tratamiento con mayor profundidad con una "participación democrática por la envergadura de su alcance", así como un análisis de las modificaciones que ya se hicieron anteriormente.

"La iniciativa, que prevé una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, priva a los trabajadores judiciales de la posibilidad de dar un amplio tratamiento, atento a las inquietudes y observaciones receptadas por esta Asociación", expresaron en el comunicado. 

Además señalaron que "requiriere un profundo debate parlamentario y una participación democrática del proyecto, por la envergadura de su alcance, todo ello sin desconocer las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo".

También consideran que "es imprescindible la participación de los operadores judiciales en un proyecto de ley que tiene un impacto directo sobre ellos mismos. 

Poder Ejecutivo Vs. Poder Judicial

El proyecto Régimen de democratización del ingreso al Poder Judicial mediante mecanismos de selección por concursos públicos, abiertos y transparentes para cubrir los cargos vacantes", ingresa a la legislatura en medio de los cruces que vienen teniendo ambos poderes.

Por una parte el Gobierno propuso un ajuste al Poder Judicial que afectaba la pauta inflacionaria de los salarios de los empleados judiciales (suman 2070 en toda la provincia), así como el pago del aguinaldo. Este lunes los empleados judiciales y jueces levantaron las medidas de fuerza tras llegar a un acuerdo donde el Gobierno garantizó que se pagarán el total del sueldo y aguinaldo.

Desde el Ejecutivo se intentó instalar que se trata de una readecuación: "no hubo un recorte del presupuesto, sino una readecuación del mismo teniendo en cuenta el actual contexto económico nacional y la merma en la recaudación por la modificación del Impuesto a las Ganancias", aseguraron. En tanto desde el Poder Judicial interpretan que "los sistemáticos recortes del presupuesto judicial desde el 2020 afectan directamente la independencia de poderes y el funcionamiento del sistema judicial".

Durante su primer mandado el gobernador Raúl Jalil aumentó el número de jueces de la Corte de la Provincia de 5 a 7 y promovió la eliminación del Consejo de la Magistratura, que era el órgano encargado de llevar adelante el proceso para cubrir los cargos del Poder Judicial a través de concursos públicos. La medida mereció en su momento la reacción del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina. Desde el gobierno argumentaron entonces que el Poder Judicial se había arrogado "facultades propias del Gobernador para nombrar magistrados". En una entrevista este mes en Diario Perfil, el Gobernador introdujo el tema del conflicto con la Corte y afirmó: "A la mayoría los nombré yo, les pedí que sean prudentes con los recursos del Estado", dijo.