El juez de Garantías 4 de la ciudad de Salta, Diego Rodríguez Pipino, otorgó ayer el beneficio del arresto domiciliario a 14 personas que están involucradas en la causa en la que se investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta sospechados de haber exigido dinero a cambio de otorgar beneficios a personas detenidas, entre ellos, permitir el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes.
La decisión provocó la reacción airada del Ministerio Público Fiscal y exhibe una confrontación entre este órgano y el Poder Judicial de Salta, que ya tuvo un capítulo en el tratamiento en el Senado de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, con la que se busca pasar a la oralidad plena. La Corte de Justicia impulsa este cambio, pero la Procuración General, la jefatura del MPF, lo rechaza, por entender que antes deben hacerse cambios estructurales que implican una mayor inversión (entre ellos, en las cárceles y en recursos humanos) para poder ponerlo en práctica.
Dado que el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, anunció ayer que a partir de ahora él mismo integrará la Unidad Fiscal que investiga este caso, es posible prever que en la continuidad de este trámite se vivirá otro capítulo de este intercambio. García Castiella cuestionó ayer la decisión de Rodríguez Pipino: “Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la Constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario”, sostuvo.
También la fiscala Ana Salinas Odorisio, que integra la Unidad Fiscal a cargo de la investigación de los delitos en los que están involucrados funcionarios del Servicio Penitenciario provincial, cuestionó con dureza al magistrado. Empezó por señalar que no es el juez natural de la causa; dijo que hubo desprolijidades en el trámite, los que atribuyó a la oralidad, y afirmó que "suplió" la "escasez de los argumentos de los defensores”. La fiscala también advirtió: “La red de corrupción de la cárcel sólo presenta un inicio y tiene que ser investigado y el juez se aparta de esto, hasta desconociendo las escalas penales durante la audiencia".
Para investigar estos hechos la Procuración General conformó una Unidad Fiscal integrada por la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Salinas Odorisio, y los fiscales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), que depende de Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt. La Unidad Fiscal vino insistiendo en que los siete funcionarios del Servicio Penitenciario y los otros involucrados permanezcan detenidos, pero el juez Rodríguez Pipino otorgó el arresto domiciliario a 14 de los involucrados, incluidos los siete penitenciarios. Mientras que sobre uno de los detenidos aún no decidió y sobre otro hombre, que cumple condena en la Unidad Carcelaria 1, en Villa Las Rosas, ordenó que continué detenido.
Entre las beneficiadas con el arresto domiciliario se encuentra la madre de un hombre privado de la libertad que habría cumplido el rol de fraccionar droga y entregarla a un guardiacárcel, que a su vez la ingresaba al penal y la entregaba al detenido para su comercialización. También se secuestraron “facas”, celulares, y otros elementos prohibidos en los puestos de trabajo de los funcionarios, reseñó el Ministerio Público Fiscal.
El MPF sostuvo que la Unidad Fiscal insistió ante el juez en la necesidad de que estas personas permanezcan detenidas para "poder avanzar en la investigación y evitar el entorpecimiento de la causa" y permitir "el libre testimonio de los testigos", por entender que existe riesgo de que haya presiones a las y los testigos. También fundamentó su pedido en "la contundencia de las pruebas recabadas y en los secuestros efectuados el 6 de diciembre pasado durante los 36 allanamientos" que a principios de diciembre se hicieron en la misma cárcel y en domicilios particulares, "en una causa sin precedentes, de un abyecto y condenable aprovechamiento de vulnerables privados de libertad que debían pagar para acceder a beneficios, entre otras negociaciones abominables", sostuvo el MPF.
Pero el juez Rodríguez Pipino consideró que no existía riesgo procesal para la investigación y otorgó el arresto domiciliario a los involucrados. El MPF añadió que esta decisión sorprendió a la fiscala y a los fiscales porque se trata de "personas con graves acusaciones y participación en los delitos, tanto en perjuicio de la administración pública, como relacionados a la comercialización de estupefacientes".
“La audiencia fue realizada por un juez que no es el juez natural de la causa, lo que llama poderosamente la atención y esto está relacionado con las improlijidades del Plan Piloto de Oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu), que ya nos trajo perjuicios en otras oportunidades", sostuvo Salinas Odorisio. Como un ejemplo del "desorden", contó que en "mitad de la audiencia el juez tuvo que llamar a un cuarto intermedio cuando advirtió que en la audiencia no estaban la totalidad de los abogados defensores”. En este punto, aseguró que “Ante la escasez de los argumentos de los defensores, el juez suplió ese rol y terminó dando el beneficio a los imputados, entendiendo que la Fiscalía no probó el peligro de entorpecimiento ni la naturaleza de los hechos”.
La fiscala consideró que con este razonamiento el magistrado "se aleja totalmente de los hechos y del derecho que se debe aplicar, ya que todo se pudo comprobar de manera exhaustiva, para lo que implica esta instancia del proceso en una investigación activa durante meses", además de que "falta realizar medidas", programadas para diciembre y enero. "Hemos comprobado que existen testigos que están condicionados y que piden declarar con identidad reservada. Obviamente, la libertad de los imputados condiciona la declaración de los testigos”, ratificó.
El Ministerio Público Fiscal informó que "ante la gravedad de los hechos investigados, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso acudir a la figura contemplada en el artículo 32 de la Ley N° 7.328" e integrar la Unidad Fiscal que investiga estos hechos. La norma en la que se apoya permite al procurador general “Intervenir en forma conjunta con los fiscales, en las causas en trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique”.
