En un video de poco más de 4 minutos, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la provincia, Sergio Camacho, fue el encargado de comunicar ayer las medidas de recorte del gobierno de Gustavo Sáenz, después de que la administración nacional informara su plan de ajuste que fue analizado en una reuniónd de gabinete ayer en la Casa de Gobierno salteña. Las acciones que competen al Ejecutivo local se implementarán de manera inmediata, mientras que otras se enviarán a la Legislatura provincial, entre ellas, la prórroga del Presupuesto 2023.
Camacho, que también es ministro de Infraestructura, dijo que ante el plan anunciado por la Nación, el gobierno local analizó la implementación de acciones para "mantener el equilibro fiscal y económico" en Salta, sabiendo del impacto que provocarán las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei. El funcionario dijo que desde que Sáenz inició su gestión en diciembre de 2019, el gobierno salteño se caracterizó por ser "austero" y por haber "mantenido el equilibrio fiscal" a la par que paga las deudas.
En referencia a esto último, Camacho recordó que la provincia viene abonando 124 millones de dólares en concepto de "deuda heredada por parte del Estado provincial". "Pero al mismo tiempo (la gestión de Sáenz) se destacó por mantener los salarios por encima de la inflación", afirmó. Este es uno de los aspectos más reiterados por parte de la gestión saencista, sobre todo, cuando tuvo que afrontar las medidas de fuerza de parte de la docencia salteña que reclamaba incrementos salariales.
El ministro informó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial se implementarán de manera inmediata. Como primera acción se constituirá una unidad de revisión de contratos, con el fin de que las contrataciones realizadas en moneda extranjera puedan ser renegociadas en la moneda nacional. También se suspenderá la asistencia financiera a los municipios, "salvo los casos que estén debidamente justificados y (en los que estas asistencias) que sean imprescindibles para el mantenimiento de los municipios en cuestión", aclaró el funcionario.
Asimismo, se dispuso que por el plazo de 180 días se congelen las remuneraciones correspondientes a todos los funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Provincial, incluyendo organismos descentralizados y autárquicos, entes reguladores y sociedades del Estado; como así también a las personas designadas en agrupamiento político. De igual modo, se suspenderá la adquisición de bienes de uso por el plazo de 6 meses y "el congelamiento de la pauta publicitaria por el mismo tiempo".
Además, se congelará inmediatamente la cobertura de vacantes y contrataciones de recursos humanos. En una misma línea, Camacho dijo que se promoverán políticas de retiros voluntarios y jubilaciones, para las que se dispondrá de un paquete de acciones específicas con el objetivo de concluir de manera inmediata la etapa de jubilaciones para quienes "estén cercanos" a ella. También, se hará un control de gastos y se restringirá todo lo que tenga que ver con viáticos, viajes y gastos protocolares.
En cuanto a la obra pública, el gobierno provincial decidió suspender "todas las licitaciones durante estos 6 meses a partir de la fecha". Sin embargo, Camacho informó que estarán exentas aquellas obras que ya se iniciaron -alrededor de 200 en toda la provincia-; junto a las obras vinculadas a mantenimiento de la infraestructura y de servicios.
El funcionario afirmó que lo decidido por el gabinete provincial persigue el ideario de "sostener la igualdad de oportunidades" mediante "políticas públicas que atiendan al desarrollo, al progreso y crecimiento de Salta", a pesar del contínuo desconocimiento de parte de los gobiernos nacionales. "La defensa de los salteños por parte del gobernador no está en discusión alguna", insistió Camacho, quien aseguró que las medidas se tomaron en respeto a lo establecido en las Constituciones de la Nación y de la provincia.
También en lo legislativo
En referencia al ámbito legislativo, Camacho informó que se enviarán distintos proyectos. El primero de ellos prorroga el Presupuesto 2023, lo que ya había sido anticipado por las y los legisladores en sesiones anteriores. Asimismo, se enviará un proyecto para crear el Consejo Provincial del Salario.
Además, se prorrogará la emergencia económica en la provincia, que fue puesta en vigencia por última vez durante la pandemia de covid-19, a través de la ley provincial 8238. En dicha norma, se tomó en cuenta el decreto 766/20 de necesidad y urgencia -convertido en ley- que decretaba la emergencia pública en materia sanitaria. También, se tomó la ley local 6583, sancionada en 1990, por la que la provincia declaró la emergencia económica; y la ley 7125, sancionada en 2001, por la que se adhirió a la norma nacional 25344, de emergencia económica y financiera.
El Estado provincial también prorrogará la emergencia sociosanitaria en los norteños departamentos Orán, San Martíon y Rivadavia, establecida mediante la ley 8185, aprobada inicialmente después que se conocieran las muertes de niños y niñas indígenas por desnutrición o causas vinculadas a ella. Desde su sanción en 2020, el Ejecutivo decretó consecutivas prórrogas, siendo la última en mayo de este año.
Una reunión previa
Antes del anuncio de las medidas de recorte, el gobernador presidió en la Casa de Gobierno una reunión de gabinete de la que también participaron el intendente de Salta, Emiliano Durand; el vicepresidente primero de Senado, Mashur Lapad, y el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban "Tuti" Amat.
En el encuentro se analizaron y evaluaron las medidas a nivel nacional y se remarcó la importancia de continuar trabajando en conjunto. Asimismo, se establecieron los ejes prioritarios en la agenda provincial y municipal. Se especula que el gobierno de la ciudad de Salta adopte en las próximas horas medidas similares al gobierno provincial.
A través de sus redes sociales, Sáenz dijo: "En estos momentos difíciles que estamos atravesando, seguiremos trabajando juntos en la implementación de políticas públicas que den respuesta a quienes más nos necesitan".
