El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que abandona su trabajo humanitario en Nicaragua por petición directa del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
"Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el CICR ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país", señaló la delegación regional del CICR para México y América Central en un comunicado. “Como hace en más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”, enfatizó.
"La acción del CICR en Nicaragua se ha centrado en estos años en tres grandes áreas de trabajo: apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de Restablecimiento del Contacto entre Familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos", indicó el texto, que además dejó en claro la disponibilidad de la Cruz Roja para reanudar su diálogo y acción humanitaria en el territorio.
El derrotero
La organización reseñó que fue autorizada en 2018 para abrir una misión en el país y que parte de ella fue enfocada a visitar cárceles, sobre todo a los llamados presos políticos. En enero del 2019, el Ejecutivo abrió por primera vez las celdas de auxilio judicial conocidas como El Chipote, para que la recorrieran miembros de la CICR, quienes entrevistaron a un grupo de presidiarios, al tiempo que visitaron el sistema penitenciario de mujeres y de hombres ubicado en el municipio managüense de Tipitapa.
Igual que lo hizo con centenares de organizaciones no gubernamentales y decenas de universidades, la Asamblea Nacional (AN) --con votación unánime-- retiró en mayo de este año la personería jurídica de la regional local de la organización. Lo decidió porque supuestamente habría transgredido las leyes del país, al no actuar con imparcialidad durante las protestas de 2018 que derivaron en lo que el gobierno considera un fallido golpe de Estado.
Menos de un mes después, la misma AN aprobó la creación con carácter de urgencia de la Cruz Blanca, una organización descentralizada que opera bajo la órbita del Ministerio de Salud, que se quedó con patrimonio de todos los bienes que pertenecieron a la ya entonces extinta Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense. La nueva ley refirió que la flamante Cruz Blanca se regiría bajos los principios del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), que son: universalidad, solidaridad, integralidad, participación social, eficiencia, calidad, equidad, sostenibilidad y responsabilidad de los ciudadanos.
La crítica de la ONU
Al compás del anuncio de la Cruz Roja, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebró una sesión sobre la situación de Nicaragua, en la que tanto la ONU como delegaciones de diferentes países subrayaron que el país está cada vez más alejado de los derechos humanos.
"Cada día que pasa el país se desvía más de las libertades fundamentales, profundizando el sufrimiento del pueblo, alimentando el éxodo de los más jóvenes, y minando el futuro de las instituciones democráticas", destacó al iniciarse la sesión la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif. "Líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas han sido atacadas sistemáticamente por el Gobierno tras expresar ideas críticas, y muchos de ellos están en el exilio, sin posibilidades de regresar", detalló.
Según indicó la "número dos" de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, 17 mujeres y 54 hombres en Nicaragua, incluidos opositores políticos y defensores de derechos humanos, continúan sufriendo detención arbitraria, con denuncias de torturas y amenazas a los presos y sus familiares. En ese sentido, denunció recientes acontecimientos ocurridos en ese país como la cancelación del estatus legal del partido político indígena y afrodescendiente YATAMA, o la privación de la libertad de dos de sus representantes en la Asamblea Nacional. "Nuestra Oficina está preocupada por la salud e integridad física de uno de ellos (Brooklyn Rivera, de 71 años), cuyo paradero se desconoce desde su detención el 28 de septiembre", subrayó Al-Nashif, lamentando que los escaños de YATAMA fueran reasignados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Por otra parte, en la sesión participó en representación del Gobierno nicaragüense la procuradora general Wendy Morales, quien reiteró el rechazo total de la gestión de Ortega a este tipo de diálogos. "Esto es una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las personas nicaragüenses y nuestra soberanía", expresó. "Las reuniones de crítica a nuestro país surgen de resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio que intentan sanciones y bloqueos en detrimento de los principios elementales de los derechos humanos", remarcó.
