La Argentina recibió un fallo a su favor en el Ciadi por un reclamo de una empresa española, que había iniciado un juicio en 2020 contra el país por 668 millones de dólares. La defensa de la Argentina estuvo a cargo de la procuración del Tesoro.
“Un tribunal CIADI acaba de fallar a favor de Argentina en el arbitraje iniciado en 2020 en el que Orazul International (Cerros Colorados) cuestionaba la política energética y reclamaba millones de dólares contra el país”, destacó el abogado Sebastián Soler.
El especialista detalló que la defensa del país estuvo a cargo de profesionales de alto nivel de la Procuración, sin necesidad de recurrir a estudios de abogados privados con costos exorbitantes por hora para el Estado.
“Vale la pena destacar que mientras el equipo defensa de la Argentina estuvo integrado exclusivamente por profesionales de la Procuración del Tesoro, sin otro costo para el país que sus sueldos, a Orazul la representó White & Case, quizás el mayor estudio de arbitraje del mundo”, mencionó Soler.
El documento técnico del fallo de uno de los tribunales del Ciadi en favor de la Argentina se conoció a finales de esta semana. El Ciadi es el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, un espacio en el que reiteradamente empresas privadas extranjeras realizaron más de un juicio contra el país.
El fallo
El informe final del fallo detalla que “la demandante es Orazul International España Holdings S.L., una sociedad constituida en el Reino de España”. Esta empresa inició un juicio contra la argentina vinculada a políticas energéticas que se tomaron hace casi 20 años.
“La diferencia se refiere a medidas adoptadas por Argentina desde el 2003 que modificaron el marco regulatorio de la electricidad argentino. Según la Demandante, estas medidas fueron concebidas para ser de carácter temporal y deberían haber sido revertidas en el 2006 o a partir de entonces, aunque en realidad nunca lo fueron”, se indicó en el documento.
La empresa española, que reclamaba más de 668 millones de dólares, afirmaba que las medidas adoptadas por Argentina redujeron de manera radical los ingresos de los generadores de energía eléctrica, crearon un régimen de precios discriminatorio e impidieron que los generadores de energía eléctrica cobraran sus ingresos.
“La empresa demandante aduce que las medidas de Argentina en el sector de generación de energía eléctrica perjudicaron su participación accionaria en Argentina y violaron disposiciones múltiples del TBI Argentina-España”, detalló el documento del tribunal del Ciadi.
Sin embargo, luego de analizar los argumentos de la defensa, el tribunal no dio lugar a los reclamos de la empresa española, y a partir de la defensa del estado argentino se consiguieron ahorrar pagos de 668 millones de dólares, sin la necesidad de recurrir a los costos de estudios de abogados internacionales.
El tribunal integrado por Inka Hanefeld, David Haigh y Alain Pellet rechazó el planteo de que las autoridades argentinas “sancionaron medidas administrativas erráticas en violación de la legislación vigente” y puntualizó que “no se encuentran indicios de que la conducta de Argentina fuera arbitraria o irrazonable”.
