A casi medio siglo del inicio del genocidio y a 17 años de los juicios que marcaron el reinicio del juzgamiento a represores tras la larga noche de impunidad, los tribunales argentinos dictaron 316 sentencias por delitos de lesa humanidad, que incluyeron condenas para 1.173 represores y 184 absoluciones. El dato surge del exhaustivo informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, que a su vez alerta con datos duros sobre los puntos débiles de un proceso que es ejemplo a nivel internacional: las demoras del Poder Judicial tanto para acelerar los procesos como para confirmar las sentencias (sólo una de cada tres condenas fue confirmada por la Corte Suprema), la disminución del número de detenidos (apenas el 18%) y la consolidación del arresto domiciliario como modo de encierro predominante.
Desde los juicios pioneros a los torturadores Miguel Etchecolatz en La Plata y Julio Simón en CABA, ambos en 2006, se iniciaron 685 procesos por delitos de lesa humanidad. Sobre ese universo, hubo sentencias en 316 (46%), en tanto aún no llegaron a la instancia de juicio oral 289 (42%). Hay 18 juicios en curso (3%) y 62 (9%) elevados, de los cuales sólo tres tienen fecha de inicio confirmada.
En estos 17 años ininterrumpidos de procesos, el Ministerio Público Fiscal pidió investigar al menos una vez a 3.744 personas, de las cuales 1.173 fueron condenadas y 184 fueron absueltas. Un dato significativo, en tanto pone de manifiesto el largo trecho que todavía falta recorrer, es que la mitad de los imputados (sin contar a los fallecidos) aún atraviesa el proceso de juzgamiento sin haber obtenido sentencia. Ese porcentaje surge de sumar procesados (394, incluyendo a 45 apartados por incapacidad sobreviniente), beneficiados con faltas de mérito (146) o con sobreseimientos (94), indagados con su situación procesal aún indefinida (92) e imputados que a casi medio siglo de los delitos que les adjudican aún no fueron indagados (510).
Lejos del imaginario que difunden quienes bregan por la impunidad de los genocidas, del total de investigados (3.744) la gran mayoría ya fallecieron (1.549, el 41%) o bien atraviesan los procesos en libertad (1.485, el 40%). Los detenidos son apenas 674 (18%), número que desciende año a año desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri en 2016.
A su vez, sobre ese ínfimo universo de detenidos, la gran mayoría (517, o el 77%) goza de arresto domiciliario (el otro gran quiebre de la era cambiemita), apenas 96 (14%) está en alguna dependencia penitenciaria, y el resto (9%) está en su mayoría en la Unidad Penal 34 dentro de Campo de Mayo, que la Procuraduría no considera un lugar de detención penitenciario por tratarse de una guarnición militar y con custodia castrense.
Los tiempos de la casta judicial
Los tiempos del Poder Judicial para tramitar las causas siguen siendo un obstáculo para impedir la impunidad biológica de los represores. De las 316 sentencias que se dictaron en los últimos 17 años, sólo 115 fueron confirmadas por la Corte Suprema. Otras 171 tienen alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que tuvo sentencia, ya sea en la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte. La Procuraduría destaca que el promedio general de tiempo de tramitación desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta la confirmación definitiva por parte de la Corte es de 5 años y 9 meses. En 2023 ese promedio se acrecentó en 6 meses con respecto al año anterior, y la demora mayor se sigue registrando en las instancias recursivas, es decir posteriores a la sentencia.
Al analizar las consecuencias de estas demoras sobre los imputados, la Procuraduría destaca que “aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas”, puesto que solamente 387 de los 1.173 condenados (33%) y 40 de los 184 absueltos (22%) tienen sentencia firme.
Asimismo, marca que si bien en la última década se ha registrado una constante en la cantidad de sentencias que incluyen como delitos autónomos las distintas formas de la violencia sexual, son apenas el 16% del total: de las 316 dictadas desde 2006, 51 contemplan delitos por violencia sexual, que damnificaron a 238 víctimas (201 mujeres y 37 varones), por las cuales fueron condenados 160 represores.
