Un exasesor de Germán Garavano tendrá un cargo clave en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH). Se trata del abogado Siro Luis de Martini, que había sido señalado como uno de los que pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchara el reclamo de familiares y abogados de detenidos por crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Mauricio Macri.

La designación de De Martini fue confirmada a Página/12 por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuando salía del encuentro que mantuvo con integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. Cúneo Libarona lo describió como un “joven brillante, de gran formación”.

Todo indica que De Martini ocupará la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional –que se encarga de las estrategias jurídicas tanto en el ámbito nacional como internacional. Durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti, el cargo estuvo en manos de Andrea Pochak –que en las próximas semanas se integrará como comisionada en la CIDH– y, más tarde, de Nicolás Rapetti --también jefe de gabinete de la SDH.

En marzo de 2017, Página/12 reveló que hubo una gestión del gobierno de Mauricio Macri para que la CIDH se interesara por la situación de los militares presos. El gestor tras bambalinas habría sido De Martini, según publicó el periodista Horacio Verbitsky. Esas tratativas fueron anteriores a que la Corte Suprema firmara el fallo del 2x1 –que habilitaba una liberación temprana para los represores de la dictadura. La CIDH visitó el país después de esa sentencia de la Corte y cuando la detención de Milagro Sala estaba al tope de las preocupaciones de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

En esa oportunidad, los integrantes de la Comisión hicieron una recorrida por el Museo Sitio Memoria ESMA, el campo de concentración que habían visitado en 1979 los enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según los registros de esa recorrida, estuvieron presentes el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. Se les unió De Martini.

El abogado –que es docente en la Universidad Católica Argentina (UCA)-- acompañó a Garavano cuando se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Al asumir como ministro de Justicia de Mauricio Macri, lo designó asesor para ocuparse de cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos.

Durante la gestión Cambiemos, organizaciones que defienden a detenidos por crímenes de lesa humanidad o que impugnan los juicios que se llevan adelante en el país lograron tener un encuentro con integrantes de la CIDH. La reunión se concretó en Colorado, Estados Unidos, en octubre de 2018.

Meses antes, el gobierno de Macri había emprendido una campaña contra Raúl Zaffaroni por sus críticas a la administración Cambiemos. Concretamente habían pedido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos –el tribunal que integraba por entonces– lo sancionara. Según publicó Clarín, De Martini fue uno de los redactores de la nota enviada desde la Argentina al organismo con sede en Costa Rica.

De Martini secundará, de este modo, al juez jubilado Alberto Baños, quien se desempeñará como titular de la SDH. Tanto Baños como Cúneo Libarona vienen pronunciándose acerca de un nuevo paradigma en materia de derechos humanos. El ministro de Justicia dijo en una entrevista con La Nación que él pretende que esa oficina le preste asistencia a las víctimas: ya sea una mujer estafada, un hombre acuchillado en Avenida del Libertador u otro al que le robaron el celular. En todos los ejemplos, las personas no son víctimas del accionar directo del Estado.

La gran pregunta es si la vicepresidenta Victoria Villarruel –reconocida militante por la “memoria completa”-- logrará imponer su agenda en la SDH, después de haber sido corrida de las decisiones en materia de Seguridad y Defensa. En el mismo reportaje con La Nación, Cúneo dijo que debía juzgarse “integralmente” lo sucedido en los años ‘70, lo que fue leído como un guiño hacia Villarruel.

En una nota en Radio Mitre, Baños reconoció que la ESMA no puede ser afectada por reformas porque es patrimonio mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y porque rige una medida de no innovar dictada por el juzgado federal que investiga los crímenes cometidos en ese campo de concentración por el que se estima que pasaron 5000 hombres y mujeres. Durante la campaña, Villarruel había pedido darle un destino que pudieran “disfrutar” todos los argentinos, lo que generó un fuerte repudio por parte de los organismos de derechos humanos.