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El ímpetu gremialista y la insistencia de organización de Francisco Isauro Arancibia, educador rural tucumano, fundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), ubicó su nombre entre los primeros de la lista que las jaurías de genocidas salieron a cazar durante las primeras horas de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Él y su hermano Arturo fueron asesinados la madrugada del 24 de marzo de 1976 en su domicilio de San Miguel de Tucumán. Ahora, 47 años después, la investigación judicial sobre esos hechos dejó a un paso de ser juzgados a tres policías provinciales retirados y al exjuez federal Manlio Torcuato Martínez, que ya cuenta con condenas por crímenes de lesa humanidad.
El día cero del último golpe de Estado que vivió el país, los hermanos Arancibia llegaron a su casa en la capital tucumana, que también funcionaba como sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), de la que ambos eran dirigentes. Era de madrugada. En su requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Pablo Camuña y Carlos Brito describieron que en ese momento las luces de la calle estaban apagadas, que los hermanos ingresaron a la casa y que, entonces, una patota de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial llegó al lugar en tres móviles. Hubo un acta en la que quedaron registrados los nombres de los participantes del “pelotón” que rompió la puerta y abrió fuego.
Según el requerimiento fiscal, el objetivo de la Brigada de Investigaciones era secuestrar a los dirigentes gremiales docentes. El “fuerte tiroteo que duró escasos minutos” terminó con el asesinato de los Arancibia, “quienes presentaban numerosos impactos de bala”. También murió en esa ocasión el policía Sergio Fagioli y resultó herido otro, Antonio Peralta.
Para los fiscales, Francisco Isauro y Arturo René fueron fusilados. Los policías retirados Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez son los únicos integrantes de la Brigada de Investigaciones que participaron de los hechos que, al día de hoy, permanecen vivos. La acusación formal por la que piden sean juzgados en juicio oral y público es violación de domicilio, homicidio calificado y asociación ilícita.
En el acta policial también figuran otros participantes del “pelotón”: Dulio Figueroa, jefe de inteligencia policial; Luciano Rodríguez, comisario; agentes Héctor Amaya, Félix Heredia, Julio Coria, Ignacio del Valle Suarez Ledesma, José Vázquez. Fallecieron todos. Los fiscales solicitaron que se revise su accionar en el marco del juicio oral en pos del derecho a la verdad. Hay uno más identificado en los registros policiales sobre los hechos: el entonces jefe de la Policía de Tucumán, Antonio Arrechea, que está prófugo.
La investigación también alcanzó la actuación de Martínez, quien al momento de los hechos era juez federal y tuvo a su cargo el expediente por las muertes de los Arancibia. “La investigación policial formalizó un procedimiento fraguado, y la judicial sólo acogió esta versión policial, dictando resoluciones contrarias a la ley sin haberse realizado medidas conducentes a la verdad de lo sucedido y a la determinación, enjuiciamiento y sanción de sus autores”, determinaron los fiscales. Martínez se basó en la información del registro policial, no ordenó siquiera autopsia a los cuerpos de los hermanos Arancibia antes de ordenar su entrega a la hermana de ellos, Italia Arancibia. Cerró la causa.
Para Brito, que es fiscal federal de Tucumán, y Camuña, que coordina la Oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el entonces juez federal Martínez “ocupó una posición relevante y ejerció un rol central dentro del aparato clandestino e ilegal montado sobre el estado con el propósito de perseguir y exterminar opositores políticos por medio de la comisión masiva de crímenes lesivos de la humanidad en la provincia asegurando la impunidad de los perpetradores”. Pidieron que se lo juzgue como autor del delito de incumplimiento de deberes al “haber omitido promover la persecución penal de los autores materiales” de los homicidios de los Arancibia. Y, por ello, también como partícipe necesario de sus homicidios y la violación de su domicilio.
La actuación cómplice de Martínez con la dictadura y sus crímenes fue denunciada desde la década del 80. Los fiscales en su requerimiento recordaron que fue mencionado en una investigación de la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán que constató la “falta de investigación del poder judicial local sobre la privación ilegítima de la libertad de presos políticos, la violación sistemática de la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo, el caso omiso de los jueces en los apremios ilegales denunciados, la ausencia de defensor o el mal desempeño de la defensa oficial”, entre otras cosas.
Cabe recordar que el exjuez fue condenado en 2015 a 16 años de prisión por no investigar cinco homicidios, garantizar la impunidad de sus perpetradores y por participar en el secuestro de una persona durante el genocidio de la dictadura. Pero tuvo la suerte de que la Cámara Federal local revocara ese fallo dos años después.
20 años después
La causa que nació con el objetivo de investigar judicialmente la muerte del dirigente Arancibia dio sus primeros pasos en 2003. Los 20 años de idas y vueltas procesales en el expediente explican el fallecimiento, en impunidad, de más de la mitad de los policías identificados como integrantes de la patota que desarrolló el operativo en el que las víctimas fueron rodeadas y asesinadas.
El expediente demoró dos años en arrancar, bajo dirección del Juzgado Federal número 1 de Tucumán. En 2007, la Fiscalía pidió la indagatoria de los integrantes de la patota que acribilló a los hermanos Arancibia, que ya desde entonces estaban identificados. También estaban pedidas las de Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi. Hubo procesamientos tras aquellas indagatorias pero dos años después, las cosas cambiaron. La atención del Juzgado se centró en las responsabilidades de Menéndez y de Bussi y dictó faltas de mérito para la mayoría de los policías que habían sido procesados.
La fiscalía se dedicó a recolectar más prueba: reunió nuevos testimonios de vecinos, logró exhumaciones, motorizó pericias balísticas. La discusión entre fiscales y la querella de Ctera con Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal número 1, quien se negó las veces que pudo a avanzar sobre policías y sobre todo el exjuez Martínez, se tornó insostenible. Cuando en 2019 la Cámara Federal de Apelaciones tucumana le ordenó dictar un fallo distinto a los sobreseimientos y faltas de mérito repartidas, Bejas se apartó. En 2021, el titular del Juzgado Federal número 2 de la provincia, Fernando Poviña procesó a quienes quedaban con vida.
