Organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos de izquierda marcharán este miércoles en Salta. La convocatoria es a las 18 en la plaza 9 de Julio. En el marco de un nuevo aniversario del Argentinazo, esta vez se pronuncian contra el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei y rechazan el protocolo antipiquetes con el que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, limitar la protesta social.

"La marcha está convocada por más de 100 organizaciones en todo el país y es contra el plan de ajuste anunciado por Caputo y Milei que implica un enorme retroceso en las condiciones de vida de trabajadores y jubilados con la devaluación, los tarifazos, los despidos, la paralización de las obras públicas", dijo a Salta/12, el dirigente del Partido Obrero, Pablo López. 

El gobierno nacional intenta impedir la protesta social y Bullrich estableció un protocolo antipiquetes que pretende ensayar este miércoles. En Salta el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, anunció que la provincia no adherirá al protocolo nacional puesto que cuenta con uno propio, que también generó repudios y manifestaciones este año.

"Este 20 D salimos contra el plan motosierra de Milei, contra el ajuste que está aplicando Sáenz y en ese sentido, si bien planteó que la provincia no va a adherir al (protocolo de Bullrich) es porque justamente Salta tiene su propio protocolo antipiquete, votado en la Legislatura este año en medio del conflicto docente queriéndonos amenazar, amedrentar. Saben, tanto el gobierno nacional como el provincial, que el ajuste no pasa sin represión", manifestó la dirigenta del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Daniela Planes.

"En Salta Sáenz es el ejecutor de ese ajuste", consideró López y mencionó las medidas en ese sentido anunciadas por el gobierno provincial. Dijo que en este contexto se prevé un aumento del transporte público, que pasará de $110 a $509 el precio del pasaje en la ciudad de Salta, y "la paralización de obras de agua cuando muchos barrios están reclamando que no la tienen".

López señaló que el protocolo de Bullrich "es una amenaza completamente ilegal contra el derecho a manifestarse que está consagrado en la Constitución. No busca garantizar la circulación como dicen, sino que quiere prohibir la protesta, quiere imponer un estado de sitio sin declararlo formalmente". 

Planes subrayó que el derecho a la protesta es legítimo y es un garante para conquistas sociales, como lo muestran las movilizaciones para la conquista del derecho al aborto, la defensa de la educación y la salud pública, los salarios. Para la dirigenta, ante el ajuste, es necesaria la "unión y solidaridad" y "exigirle a las direcciones sindicales asambleas y planes de lucha".

Una funcionaria que se repite

La referenta de la Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales e integrante de la Mesa de la Derechos Humanos, Blanca Nenina Lescano, dijo a Salta/12 que acompañarán la convocatoria con banderas, a las 18, en la plaza 9 de Julio. "Vamos a dar nuestro apoyo y estaremos a disposición por cualquier cosa que pueda pasar", expresó.

Lescano advirtió que el protocolo antipiquete es anticonstitucional "porque usa una metología de amenaza y además es algo inédito en estos 40 años de democracia decir que la policía va a usar armas de fuego y que usará las pistolas Taser que ya fueron tan cuestionadas". 

Recordó que esta movilización "se hace cada 20 de diciembre recordando el 2001 y todos los muertos que hubo en ese momento". Recalcó que "no deja de sorprender recordar que Patricia Bullrich era funcionaria de ese gobierno de Fernando de la Rúa", y que también fue parte del gobierno de Carlos Saúl Menem. "Fue una de las grandes perdedoras de las elecciones y este nuevo gobierno que prometió cosas nuevas puso a todos los perdedores de las elecciones anteriores y la casta está totalmente en el gobierno", manifestó.

Asimismo, Lescano recordó que el protocolo de Bullrich rige sobre las fuerzas federales y sobre rutas o instituciones nacionales, no así en las provinciales. Aunque "lamentablemente ya el gobierno de la provincia hizo su propio decreto, que también fue restrictivo" un proyecto "presentado por la diputada de ese momento Cristina Fiore, que hoy es ministra de Educación", sostuvo. 

En todo este escenario, Lescano dijo que espera "que el gobierno provincial sepa poner sus límites a un gobierno nacional que pretende quedarse con todos los recursos naturales del país y además está haciendo toda una política de restricción para los sectores populares y los sectores más pobres, dándole todas las prerrogativas y posibilidades a los monopolios, a los grandes productores y a aquellos que boicotearon a todos los gobiernos populares". Advirtió que como consecuencia de la quita de las retenciones, "todo se va a vender afuera en dólares y la gente acá no va a poder consumir porque está demasiado caro el precio del dólar de exportación". 

"Ese combo evidentemente va a sacar gente a la calle, de desesperación, de los sectores que no van a tener nada y además de los sectores trabajadores porque mucha gente se está quedando fuera de las empresa", señaló Lescano. La represión ante la protesta forma parte de "prácticas que no ayudan al sistema democrático", afirmó.

Por su parte, la dirigenta del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Andrea Villegas, sostuvo que esta marcha "va a ser muy importante porque es la primera movilización que se le hace a nivel nacional al gobierno de Milei y su plan de ajustazo sobre la clase trabajadora". 

"El plan de ajuste de Milei es contra la clase trabajadora, no es contra la casta que decía combatir durante la campaña electoral (...) El ajuste no pasa sin represión por eso intentan vulnerar el derecho a la protesta, a la huelga, y en ese sentido presentan un protocolo que es anticonstitucional, antidemocrático, que termina siendo un plan de extorsión para quienes salgan a manifestarse sobre abocado a atacar a las organizaciones sociales", dijo Villegas. También cuestionó a la "burocracia sindical" y exigió que "llame a asamblea en los lugares de trabajo para que los trabajadores podamos enfrentar esto con toda la fuerza".  

Además de las amenazas de represión, la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovelo, comunicó el miércoles que quitarán los planes sociales a las personas que participen de las marchas. 

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) adhirió a la marcha. "Se anunció un ajustazo que inmediatamente empezó a afectar a la gran mayoría del pueblo argentino: precios de combustibles y de alimentos con un incremento inédito de 1989 a esta parte, y una serie de medidas en términos de la lógica de la motosierra para con los sectores trabajadores. Los poderosos de siempre, intactxs", señaló en un parte de prensa.

En Salta como a nivel nacional, La Gremial de abogados y abogadas se puso a disposición para asistir a las personas ante la posibilidad de que se reprima o haya arrestos en la marcha.