El primer aniversario de la presidencia de Dina Boluarte encuentra un Perú movilizado. A pocos días de que el Tribunal Constitucional ordenara la liberación del dictador y expresidente Alberto Fujimori y de que el Gobierno y la Fiscalía general protagonizaran un cruce de denuncias, los peruanos y peruanas salieron a la calle a pedir "¡qué se vayan todos".

La prensa internacional se hizo eco sobre todo de la liberación de Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. A los días de su liberación, la justicia peruana tomó otra decisión para beneficiar al exdictador: la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso que investigaba las esterilizaciones forzadas cometidas en el régimen de Fujimori enviando la causa a foja cero. 

Que se vayan todos

Las manifestaciones masivas en contra del gobierno de Dina Boluarte comenzaron el domingo 3 de diciembre. Faltaban pocos días para que se cumpliera el primer año de su mandato cuando el cruce de denuncias entre el Ejecutivo y la Fiscalía hizo que estallara el malestar social.

Miles de personas salieron a la calle a descargar su enojo bajo la consigna “Que se vayan todos”. Los manifestantes no solo expresaron su rechazo a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo sino que también demandaron el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones.

“El que se vayan todos expresa un repudio total de parte del pueblo ante la podredumbre del Estado peruano que está sumido en una mega corrupción y putrefacción total, donde los gobernantes y representantes vienen usando el Estado para enriquecerse y para favorecer a sus amigos, familiares y a las grandes empresas transnacionales”, explica Lucio Ccallo Callata, referente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) de Perú, en donde confluyen las organizaciones sociales movilizadas contra el gobierno de Boluarte.

El enojo es contra todos: por “corruptos y mafiosos”, como sostiene Lucio, y contra todos los que ocupan cargos en los poderes del Estado y otras instituciones públicas. Piden que se convoque a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, como única alternativa para salir de esta crisis institucional.

La del domingo 3 fue la primera de las marchas que luego serían convocadas por la CNUL y que se volverían masivas. Los manifestantes volvieron a las calles en tres jornadas nacionales de lucha, convocadas el 7, 8 y 9 de diciembre, en coincidencia con el primer aniversario de la presidencia de Boluarte.

Denuncias cruzadas

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas que siguieron a la asunción de la mandataria, en diciembre del año pasado. Esta denuncia se activó luego de que Benavides fuera acusada por otra fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde habría ejercido tráfico de influencias y favores políticos.

Benavides se defendió diciendo que las acusaciones en su contra eran una “venganza política del Gobierno”. Desde el Gobierno respondieron en el mismo tono: Dina Boluarte calificó de “cortina de humo” la denuncia en su contra.

En el medio, las y los peruanos dijeron basta, que se vayan todos, y salieron a la calle.

Malestar social

El cruce de denuncias fue la gota que rebalsó el vaso. “La grave crisis económica, la constante alza del costo de vida, la inseguridad ciudadana y la delincuencia, la falta de trabajo, el desempleo, la pobreza cada vez mayor, los bajos salarios y pensiones”, describe Ccallo Callata los principales problemas que afectan a la ciudadanía.

La lista sigue: el dirigente detalla que el 70 por ciento de los peruanos están sumidos en la informalidad laboral y que hay una enorme carencia en el acceso a los servicios básicos como el agua, la red de cloacas y la energía eléctrica. También repara en la falta de respeto a los derechos fundamentales del pueblo, entre ellos el derecho a la vida “que ha sido totalmente vulnerado por las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales” acusadas de asesinar a 70 manifestantes al reprimir las protestas.

“El pueblo peruano exige la renuncia de Dina Boluarte por ser un gobierno ilegítimo, usurpador, golpista, criminal y títere de la ultraderecha”, enfatiza. Entre las demandas y petitorios que circularon en las convocatorias a las manifestaciones estaban la demanda de una nueva Constitución, justicia para los familiares de los peruanos asesinados en diferentes episodios represivos y la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Fujimori libre

Como si todo esto fuera poco, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación "inmediata" del exdictador Alberto Fujimori, que cumplía una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La liberación de Fujimori provocó la reacción de los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de Derechos Humanos de la ONU, para quien la liberación era "un revés preocupante”

Con 85 años, Fujimori estaba preso desde 2007 condenado por ser autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.

En 2017 fue indultado por el entonces mandatario Kuczynski, beneficio que luego fue revocado por la Justicia.

Por último, la Corte Suprema de Justicia de Perú anuló el proceso que investigaba las esterilizaciones forzadas cometidas en el régimen de Fujimori enviando la causa a foja cero. De la causa formaban parte unas 8.000 víctimas aunque se considera que fueron cientos de miles las prácticas que se realizaron sin consentimiento sobre todo a mujeres campesinas y pobres.