El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el país está en un "nuevo momento" e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos en las reformas pendientes, como en pensiones y pacto fiscal. Lo hizo luego de que fracasara el segundo intento de modificar la Constitución.

"Creo que es momento también de abrir una nueva etapa de acuerdos y de resultados que sean palpables para las familias chilenas. De dejar los cálculos mezquinos, de dejar de pensar solamente en la próxima elección y pensar en las soluciones y que la democracia dé resultados", dijo.

Las palabras de Boric se dieron en la inauguración de las obras del Teleférico Bicentenario, una obra de gran calado que conecta comunas del sector oriente de la capital.

"Hay una desafección con nuestros sistemas políticos, porque la gente común y corriente, la gente sencilla, la gente que se saca la cresta trabajando siente que las peleas de los políticos no le traen finalmente logros concretos que mejoren su calidad de vida”, subrayó.

Hacia nuevos acuerdos

Durante los últimos días, luego del plebiscito constitucional del pasado domingo donde un 55,77% de los chilenos rechazaron un texto de corte conservador, el Gobierno enfatizó la necesidad de concretar reformas emblemáticas en medio de un crispado ambiente político.

“Chile nos exige un acuerdo. Yo creo que una de las grandes lecciones que deja tanto el plebiscito del pasado domingo como el del 4 de septiembre pasado (en referencia al de 2022, cuando se rechazó una propuesta progresista), es que Chile quiere soluciones”, sostuvo el mandatario chileno.

"Llevamos más de 10 años estancados en la política sin poder dar una solución concreta a este asunto, mientras las personas que han trabajado toda su vida y se han deslomado para poder llevar el sustento a su casa, después de toda una vida laboral, no tienen pensiones dignas para poder trabajar, no tienen pensiones dignas para poder sobrevivir. Eso no es justo y tenemos que mejorarlo”, recalcó.

Sistema de pensiones

Desde los tiempos de la dictadura (1973-1990), el sistema de pensiones en Chile -a excepción de los propios militares- está en manos de seis empresas privadas (AFP) que utilizan las cotizaciones de los trabajadores en fondos de inversión de distinto nivel de riesgo y en los que estos últimos deciden qué tipo prefieren y asumen las pérdidas, si estas se producen.

En el modelo actual, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por una de las siete AFP que existen.

En 2008, se hizo una reforma parcial y se creó una pensión financiada por el Estado para los más pobres, que se amplió en 2021 hasta los 185.000 pesos mensuales (cerca de 200 dólares).