Este miércoles se anunció la derogación de la ley de alquileres en Argentina. El presidente, Javier Milei lo había adelantó en algunas entrevistas, y el diputado libertario, Martín Menem, lo terminó de confirmar horas antes del anuncio en cadena nacional.
El anuncio sobre la derogación llega en un momento complejo para el mercado de alquileres, con ciudades enfrentando escasez de oferta de viviendas y la incertidumbre sobre si volver a contratos de dos años y en dólares impactará positivamente en el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda destinados al alquiler.
En el medio, los inquilinos, a los que las reglas de juego les cambian a cada rato, y frente a una nueva normativa que solo beneficiaría a los propietarios.
Inquilinos desprotegidos
Ante este contexto, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, destacó que, aunque teóricamente los contratos vigentes bajo la Ley de Alquileres deberían respetarse, existe la posibilidad de presiones por parte de propietarios e inmobiliarias para firmar nuevos contratos.
"Todos los que tienen contrato bajo la Ley de Alquileres seguirán hasta su finalización. Pero eso es en términos teóricos. En términos de la vida real lo que va a suceder es muchísima presión por parte de propietarios e inmobiliarias para firmar contratos nuevos", se lamentó el referente de Inquilinos Agrupados, en diálogo con Mediodía 750.
Desde la organización que lidera Muñoz anticiparon un oscuro panorama para las personas que alquilan, con una serie de cambios tras la derogación de la actual norma, que fue aprobada en octubre pasado. Entre ellos el retorno a contratos de dos años, la posibilidad de exigir alquileres en cualquier moneda, ajustes diarios bajo diversos índices, la elección de pedir cualquier tipo de garantía, y exigir el pago del depósito en dólares.
Además, también podrían exigir que los arreglos de la casa pasen a ser obligación de los inquilinos, que las expensas extraordinarias estén a cargo de los locatarios y que el propietario no tenga la obligación de avisar con antelación si renueva el contrato o no.
"Si avanza la desregulación, habrá una presión muy fuerte sobre los contratos vigentes", enfatizó Muñoz. "Si desregulás los alquileres, hacés un ajuste y la inflación se triplica, las consecuencias no son solo habitacionales, son sociales”, sostuvo.
Ante este panorama, desde Inquilinos Agrupados y referentes del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Comunidad Federal Inquilina adelantaron que presentarán un amparo judicial contra el eventual DNU.
En este sentido, el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de la Comunidad Federal Inquilina señaló a Página 12 que "la derogación de la Ley de Alquileres a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia es inconstitucional ya que no están dadas las circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes".
"El Congreso está en receso, que no es una circunstancia excepcional sino una situación normal de todos los años por finalización del período de sesiones ordinarias. Cabe destacar que la Ley de Alquileres hace un par de meses fue debatida en el Congreso y sufrió modificaciones que demuestran que está abierta la posibilidad de funcionamiento de los trámites ordinarios previstos por la Constitución", precisó Baldiviezo.
En relación al fondo de la propuesta de derogación de la Ley de Alquileres, el representante de la organización civil indicó que "va a constituir una violación flagrante al principio constitucional y convencional de no regresividad en materia de derechos sociales, la vivienda es un derecho humano".
Y agregó: "En un contexto de devaluación de más del 50%, de un pronóstico de inflación del 30% mensual, de profundización de la dolarización del sistema de alquileres, la eliminación de toda protección contenida en la Ley de Alquileres implicará una destrucción de la economía de los hogares inquilinos y una violación por parte del Estado Nacional del art. 42 de la Constitución Nacional".
