Organismos de derechos humanos, centrales sindicales, movimientos y organizaciones sociales, de estudiantes, transfeministas, de migrantes, religiosas, de pueblos originarios, de infancias y adolescencias le escribieron a la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le exija al Estado argentino la baja del Protocolo de Seguridad que dio a conocer la ministra Patricia Bullrich el 14 de diciembre. Fueron más de 1500 las organizaciones que se unieron para pedir que cese la amenaza de la represión porque entienden que lo que se busca es frenar la protesta para aplicar el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, Pérez Esquivel, Claudia Ferrero y Liliana Alaniz, así como el Cels, presentaron el 19 de diciembre dos hábeas corpus preventivos de cara a la movilización de las organizaciones de izquierda y de derechos humanos. En el primero pedían a la Justicia que “deje sin efecto de manera inmediata la aplicación del protocolo por vulnerar diversos derechos, garantías y principios constitucionales: derecho a la protesta, libertad de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a huelga y libertad sindical, libertad de expresión, libertad de circulación y libertad personal y principios de reserva, legalidad, principio republicano de gobierno, racionalidad y control de actos de gobierno y división de poderes”. Y el del Cels exponía: “Venimos a interponer acción de hábeas corpus preventivo (e informativo) a favor de todas aquellas que participen de la marcha del 20 de diciembre”. Sin embargo, Gustavo Pierretti, el juez de instrucción en lo Criminal de la Ciudad de Buenos no hizo lugar.

En este contexto, la CTA Autónoma, la Secretaría de Géneros y Diversidades de ATE Nacional y la Revista Crisis con apoyo del CELS lanzaron tres iniciativas para registrar las violencias a los derechos conquistados.
Coordinado por Daniel Godoy y Jimena Frankel, el Monitor de Respuestas Represivas estatales o paraestales a la protesta social es una iniciativa del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma que servirá para medir la represión al campo popular por parte de fuerzas estatales o paraestatales. Según explicó Daniel Godoy, el Monitor es una herramienta de relevamiento, seguimiento y análisis que produce insumos desde y hacia la clase trabajadora para entender e intervenir frente a la realidad represiva que busque limitar nuestras luchas. Además, según Godoy, “permite analizar las dimensiones de las acciones represivas estatales o paraestatales, sus modalidades y formas de ejercicio, los sujetos contra quienes se ejerce, quienes la ejecutan, el tipo de demandas o reivindicaciones cuando ocurre en el marco de un conflicto abierto y su alcance territorial”.

Las principales dimensiones de análisis de esta herramienta es la utilización de la fuerza física: acciones de las fuerzas de seguridad del Estado o grupos paraestatales para limitar o impedir acciones reivindicativas de organizaciones del campo popular o en contra de ellas. Así como las detenciones de miembros de organizaciones populares, incluyendo militantes, activistas, manifestantes, líderes y simpatizantes o detenciones colaterales, en el contexto de protestas o simplemente por pertenecer a una organización. Pero también se analizan la apertura de causas: medidas judiciales o administrativas contra miembros u organizaciones populares que ocurran por fuera de las detenciones que se den en el marco de acciones reivindicativas.
“A partir de una base de datos, se realiza el registro estandarizado de los hechos de represión cuyos resultados serán un insumo para caracterizar las formas que asume la represión y el proceso represivo en curso”, dice Jimena Frankel, coordinadora del Monitor (cuyos datos pueden buscarse en www.iefctaa.org).

El Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Secretaría de Géneros de ATE Nacional es una herramienta para fortalecer la acción gremial. “En esta coyuntura observamos un avance sistemático y planificado sobre nuestras conquistas que denunciamos como avance de narrativas de odio, ciberataques, discursos mediáticos y agresiones físicas, escraches a nuestras organizaciones, entre otros. Se trata de formas centralizadas de la violencia combinadas con formas descentralizadas y anónimas. Este combo se completa con un proceso de terror financiero”, dice Clarisa Gambera, secretaria de Géneros y Diversidades de ATE Nacional.

Desde las PASO hasta ahora contabilizaron 169 acciones de violencia política contra nuestras conquistas, nuestras organizaciones y nuestros cuerpos. “Una violencia política centralizada con la amenaza de represión y una violencia política descentralizada agitada y autorizada por quienes gobiernan que permite que se expresen en la calle personas violentas con ideas antiderechos y también que genera normativa que va legitimado esa violencia”, explica Clarisa. En este primer relevamiento se detectaron 55 manifestaciones contra regulaciones. Dentro de las mismas se destacan los ataques contra la ESI, que llegó a la implantación de una noticia falsa y su réplica nacional. Estas manifestaciones tuvieron un pico de impacto cuando el 31 de agosto aparecieron pintadas en los frentes de 28 escuelas de la ciudad de La Plata: “ESI es corrupción de menores”, “ESI es pedofilia”. “Tenemos que evitar que se normalice la violencia, poner palabras a lo que estamos viviendo y cuidarnos pero evitar que se instale el miedo. Nos eligen por nuestra fuerza, porque somos parte de lo más vital del campo popular”, dice Clarisa.

Radar, el Registro de Ataques de Derechas Radicalizadas (ra-dar.com.ar), es un proyecto colaborativo impulsado por el Equipo de Investigación Política (EdiPo) de la revista Crisis con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y tiene como objetivo central fortalecer la democracia y la defensa de los derechos humanos. Lo que presenta esta iniciativa es un mapa interactivo de hechos de violencia política protagonizados por las derechas radicalizadas para contribuir al diagnóstico colectivo y la elaboración de estrategias de cuidado. Valen explica que la idea es “construir conocimiento sobre ataques de derechas radicalizadas mediante la sistematización de información dispersa y la investigación en red y el mapeo de casos sirve como insumo para la reflexión, el diagnóstico, la elaboración de respuestas y estrategias de autocuidado”.

“Observamos los efectos -diferenciados sobre los cuerpos- del envalentonamiento de las fuerzas más reaccionarias de la sociedad que se perciben ahora legitimadas e impunes, potenciadas por el llamamiento mediático-institucional a la violencia civil como complemento y tercerización de la represión estatal”, dice Valen y concluye: “los ataques son mensajes que buscan imponer miedo y silencio. Es importante estar alertas sin caer en el pánico que paraliza. Monitorear en red para precisar lecturas que permitan articular respuestas”.