Durante los últimos diez años, Argentina atravesó por diferentes gobiernos que solo empeoraron la situación económica que dejó cada gestión anterior. La estanflación, que es el estancamiento económico sumado a una alta inflación, es lo que caracterizó a los últimos mandatos. Entre 2013 y 2023, la inflación acumulada fue del 6012 por ciento, mientras que, en los años 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020 se registraron caídas del PBI. En tanto, la deuda pública pasó de representar el 43,5 por ciento del PBI en 2013 al 88,4 por ciento en 2023.
Javier Milei asumió en un contexto de 142 por ciento de inflación interanual, con un alto nivel de stock de deuda pública, reservas netas del Banco Central en negativo y un importante déficit fiscal.
Como indicó en su discurso de asunción, buscará estabilizar la economía con políticas de austeridad que tienen como objetivo el equilibrio fiscal en base a un ajuste ortodoxo que pone en marcha su ministro de Economía Luis Caputo.
Caputo participó en el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2018, primero como secretario de Finanzas y luego como presidente del BCRA, etapa en la que el propio Milei lo acusaba de haber dilapidado 15 mil millones de dólares de reservas del Banco Central y ser responsable del problema de las Leliqs.
Tanto Caputo como Prat Gay fueron los ideólogos detrás de la devaluación y quita del cepo cambiario en 2015 que, combinado con la eliminación de las retenciones al campo y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, generó un aumento de la inflación junto con la caída de la actividad en el mercado interno que condicionó la economía durante toda la gestión de macrista.
Otra característica de aquel período fue el endeudamiento externo del que Caputo fue protagonista, en primer término, negociando con los fondos buitres para la entrada de capitales al país, y después con la colocación del bono de deuda a 100 años y luego con el préstamo de 45 mil millones de dólares del FMI. En 2018, Caputo renunciaría a la presidencia del Banco Central, tras tres meses de estar a cargo de la entidad, debido a cuestionamientos por parte del propio Fondo Monetario por el mal uso de los desembolsos y la pérdida de reservas.
Lecciones del pasado
En 1919, John Maynard Keynes publicó Las consecuencias económicas de la paz. Este trabajo relata cómo las condiciones humillantes que impuso el bando ganador de la Primera Guerra Mundial, plasmadas en el tratado de Versalles, tendrían un impacto de tal magnitud que Alemania no solo no podría hacer frente a las reparaciones de la guerra, sino que todo resultaría en una crisis aún mayor de la que ya atravesaba aquel país.
La Primera Guerra Mundial había agotado los recursos de Alemania, generando escasez de alimentos y una economía estancada. Luego de culminar el conflicto y firmar el armisticio, el gobierno de la República de Weimar tomó préstamos en moneda extranjera y recurrió a la emisión de dinero con el fin de hacer frente a las reparaciones de guerra. Esto trajo como consecuencia una fuerte crisis hiperinflacionaria y un gran aumento de la pobreza.
El marco alemán llegó a perder prácticamente todo su valor, lo que derivó en un cambio de gobierno y la creación de una nueva moneda. Hacia 1930, el canciller alemán, Heinrich Brüning, condujo una serie de políticas de austeridad para reducir el déficit presupuestario, recortando el gasto público y las prestaciones sociales.
Entre 1929 y 1932, el gasto público se redujo en un 14 por ciento y para 1932 el desempleo había llegado al 30 por ciento, junto a una caída significativa de la inversión y una disminución de la recaudación del 13 por ciento.
Esto provocó otra intensa crisis económica caracterizada por la caída del sector industrial y una depresión económica que generaría un aumento sustancial del desempleo y la marginación social. Factores claves en el ascenso del Partido Nazi y la llegada de Adolf Hitler al poder.
Las similitudes de la situación por la que pasó Alemania pueden ofrecer advertencias de lo que podría pasar en Argentina de aplicarse políticas sumamente contractivas sobre un país que ya cuenta con una parte importante de su población viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Difícilmente se le pueda pedir "un esfuerzo más" a esa población.
Mismas recetas
La devaluación del 54 por ciento sobre el dólar oficial que se dio este mes junto al paquete de medidas anunciadas por el ministro de Economía, como la quita de subsidios, el aumento de retenciones sobre la industria y la promesa de una futura quita de retenciones al sector agropecuario, traerán aparejadas caídas en el salario real de los trabajadores, grandes aumentos en los precios de los alimentos y en los demás precios de la economía que, bajo las condiciones en las que se encuentran los ingresos populares, producirán una caída súbita del consumo.
Los mismos efectos ocurrieron con el gobierno de Cambiemos, agravado esta vez por una sociedad mucho más golpeada y polarizada, donde las tensiones socioeconómicas podrían exacerbarse rápidamente.
Las supuestas medidas que se tomaron para compensar el ajuste en los sectores más vulnerables son insuficientes o están mal diseñadas. En primer lugar, el aumento del impuesto PAIS que se aplica sobre bienes y servicios importados, de cuya recaudación el 70 por ciento se utiliza para financiar al ANSES, reportará ingresos mucho menores debido a los saltos devaluatorios, que encarecen las importaciones de donde provienen dichos fondos.
Por otro lado, la eliminación de la fórmula de movilidad previsional y el cambio por subas por decreto dejan el margen para que, en caso que el gobierno disponga, las jubilaciones sean licuadas con tal de conseguir el objetivo fiscal. En tanto, los programas de asistencia social como la AUH y la Tarjeta Alimentar reciben aumentos menores al impacto inflacionario sobre alimentos.
A su vez, la devaluación, planteada como una estrategia para mejorar la competitividad de las exportaciones a través del tipo de cambio, se ve drásticamente reducida por el pass-through. La incidencia de la devaluación en el aumento de los precios, sumada al alto nivel de inflación preexistente, llevará a una pérdida progresiva de esa competitividad. Esto podría obligar al gobierno a devaluar aún más.
La inflación durante los primeros meses de Milei seguirá aumentando significativamente, pero el primer problema que encontrará el shock fiscal será el conocido efecto Olivera-Tanzi: en un escenario inflacionario mensual de dos dígitos donde la moneda se devalúa a un ritmo elevado, los retrasos en el pago de los impuestos pueden generar que los ingresos que reciba el Estado sean inferiores a los gastos, obligando al Gobierno a realizar un mayor ajuste o a emitir para financiar el déficit volviendo a la situación inicial.
De esta manera, se entra en un círculo vicioso donde si se realiza un ajuste, cae el consumo y por lo tanto también la recaudación, mientras que si se financia el gasto vía emisión monetaria la inflación aumentará, generando el mismo efecto.
Dada la profundidad del ajuste, llegará el momento en el que la economía entonces comenzará a transicionar de un proceso inflacionario a uno donde los precios ya no subirán por el hecho de que del otro lado no habrá quien consuma, la inflación tendrá su pico al mismo tiempo que el desempleo comience a dispararse, comenzando así un posible escenario de depresión económica.
Los primeros afectados serán los industriales, debido a la contracción que tendrá el mercado interno. Al ocurrir una fuerte reducción de la demanda, los empresarios se verán obligados a reducir sus márgenes de ganancia, lo que generará una caída en la inversión y en el peor de los casos se producirán cierres de empresas que implicarán la pérdida de puestos de trabajo, ocasionando un aumento del desempleo generalizado.
Actualmente, la tasa de desocupación según la medición del segundo trimestre del Indec es del 6,2 por ciento, lejos del 17,4 por ciento que hubo en 2001. Sin embargo, es importante considerar que los cambios en la política económica ya mencionados tendrán un impacto sustantivo en el nivel de vida de la población.
La historia ofrece ejemplos sobre el peligro y la irresponsabilidad que representa aplicar políticas de austeridad sobre un país que ya atraviesa una fuerte inestabilidad social y un alto nivel de pobreza. Sin embargo, la clase dirigente no encuentra otra variable de ajuste que no sean los ingresos de los que menos tienen.
*Economista (Universidad Nacional de Avellaneda)