La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra alertó que el presidente Javier Milei realizaría una "avasallamiento a la división de poderes" en caso de anunciar en la noche del miércoles por cadena nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de las dimensiones que se espera hasta el momento. Ibarra recordó que la herramienta no está prevista para "modificar o derogar normas de fondo" y que el Ejecutivo deberá fundamentar " el porqué de la urgencia y la necesidad" de no esperar los tiempos para debatirlo en e Congreso. "Habrá responsables", adelantó.
La exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández detalló el recorrido legal que debe tener un DNU antes de ser firmado por el presidente y advirtió que, según trascendidos, el decreto que anunciará Milei estaría redactado por "estudios jurídicos privados" e indicó que, en caso de que ese trabajo haya sido pagado por el Estado, podrían abrirse "hipótesis delictivas por corrupción".
La expectativa, según los trascendidos, es que el DNU de Milei avanzar sobre la legislación laboral, leyes jubilatorias, alquileres, ajuste de la administración del Estado y privatización de empresas públicas, entre otros puntos críticos. Todos contenidos en unos 600 artículos, que después deberán ser revisados por una Comisión Bicameral en el Congreso, pero que -- de acuerdo a la Ley 26.122-- se mantendrá vigente en caso de que no sea rechazado por la mayoría de ambas cámaras.
En ese contexto, Vilma Ibarra escribió un posteo en sus redes sociales para encender tres alarmas respecto del mega DNU: el avance sobre la división de poderes, la autoría del documento y la validez constitucional de un decreto que avance no sobre un aspecto en particular sino sobre un amplio marco legal que rige la vida social y económica del país.
La primera alarma encendida por Ibarra respecto del temido decreto presidencial es su avance sobre el sistema democrático. "La Constitución Nacional autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. Si un DNU deroga 300 leyes y modifica otras tantas el PEN se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes", apuntó la ex secretaria de Legal y Técnica y lo calificó como una "decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo".
La segunda alarma que marcó Ibarra, con amplio conocimiento en la función, fue el camino recorrido por el decreto y los pasos legales que debería seguir. En ese sentido, la ex funcionaria explicó que el proyecto del decreto debe confeccionar en base a informes técnicos, con un dictamen jurídico y con la participación de todos los ministerios afectados.
Realizada esa tarea, la Secretaría Legal y Técnica --en este caso a cargo del ex funcionario macrista Javier Herrera Bravo-- debe analizar el decreto y las facultades constitucionales del presidente para avanzar en su firma, lo que debe dejarse sentado en un informe de la Subsecretaría Técnica y en un dictamen del área jurídica.
Este paso a paso, Ibarra lo detalló para advertir que "todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados" y abre el interrogante: "¿quién elaboró este DNU?". La ex funcionaria señaló que de confirmas que hubiesen sido estudios jurídicos privados sería un antencedente "gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse" y que si se las pagó con plata del Estado podrían abrirse "hipótesis delictivas por corrupción".
"Hace a la trasparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego soen beneficiados por las medidas allí dispuestas", exigió la ex secretaria Legal y Técnica, quien también fue compañera de trabajo de Milei en la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian.
Por último, Ibarra analizó la validez constitucional del DNU al advertir que las modificaciones dispuestas con esta herramienta deben tener "fundamentación suficiente y dictamen jurídico para explicar por qué hay necesidad y urgencia que impiden esperar el tiempo que demanda la sanción de una ley".
Y subrayó: "Debería fundamentar puntualmente respecto de cada ley que se deroga o se modifica el porqué de la urgencia y la necesidad, conforme lo exige el artículo 99 inc. 3 de la Constitución".
En ese sentido, la ex funcionaria aclaró que el DNU "no está previsto para modificar o derogar normas de fondo" y puso como ejemplo lo ocurrido en el gobierno de Alberto Fernández durante la extraordinaria pandemia de Covid-19: "Aun durante la pandemia, cuando ello debió hacerse por necesidad y urgencia, se trató de normas temporales. Para derogar o modificar leyes está el Congreso".
"Solo el autoritarismo más antirrepublicano puede avasallarlas en un DNU", concluyó Ibarra respecto del esperado avance sobre un amplio marco legal que atañe a la vida laboral, social y económica del país. "Habrá responsables", sentenció.
