La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya dio a conocer un anticonstitucional protocolo de represión para la protesta social. El objetivo es disciplinar y amedrentar a la sociedad de cara al DNU que prepara Javier Milei, en el que se desregulará la economía y se realizará una reforma laboral e impositiva que afectará a los trabajadores y a las clases bajas. Pero la ministra sabe acomodar bien su discurso "republicano" según las circunstancias.
Requisas policiales en los colectivos, efectivos de fuerzas de seguridad que filman y bajan a la gente del transporte público. Pantallas y altoparlantes de estaciones de trenes que advierten que quienes reciben prestaciones sociales del Estado las perderán si hacen uso de su derecho a protestar. Para Patricia Bullrich esto no pone en peligro "la República y la democracia", dos esloganes que desde Juntos por el Cambio utilizaron durante años para atacar al peronismo.
La otrora candidata a presidenta, hoy devenida nuevamente en ministra de Seguridad de un gobierno que promete ser ultrarepresivo, dio a conocer un "protocolo antipiquetes" que viola varias garantías constitucionales y que incluso fue criticado por la ONU.
Desde el gobierno se preparan para el malestar que generarán las consecuencias de las primeras medidas económicas y el DNU que se publicará en las próximas horas, en el que se derogarán cientos de leyes que cuidan a la ciudadanía.
El historial de Patricia Bullrich
Pero a pesar de venderse como una "outsider de la política", Patricia Bullrich lleva 30 años en la función pública. Fue diputada del PJ a comienzos de los 90, secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, ministra de Trabajo —allí les recortó el 13% a los jubilados— y de Desarrollo Social con De la Rúa. En 2015 ministra de Seguridad de Mauricio Macri y hoy tiene el mismo cargo con Javier Milei, a quien hace solo unas semanas denunció penalmente por acusarla de "terrorista tirabomba" y lo criticó por "tener ideas malas y peligrosas" que "la preocupaban".
Bullrich fue candidata a presidenta en las últimas elecciones, no entró ni al balotaje y a pesar de ser presidenta del PRO se sumó al gobierno de La Libertad Avanza.
Su carrera está plagada de contradicciones y escándalos. En las últimas horas se viralizó una publicación en redes sociales de comienzos de 2015 en la que se oponía a "una catarata de DNUs" del gobierno de Cristina Kirchner. "Queremos leyes, no decretos!", escribió Bullrich —en aquel entonces diputada—, quien hoy es la cabeza de una represión que justamente busca garantizar la aplicación de un mega DNU con medidas perjudiciales para las grandes mayorías.
El "protocolo antipiquetes" de Bullrich
- Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales "intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte", como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías "debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas".
- La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a "despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio".
- En los procedimientos, los efectivos "emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente" con "armas no letales". Sin embargo, se aclara que esa fuerza será "graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes" y con "empleo de armas no letales".
- Deberán "identificar a los autores, cómplices e instigadores" de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
- "Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores" de las protestas "registrados por las fuerzas de seguridad" —como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos— serán "remitidos al Ministerio de Seguridad".
- Cuando se observen actos que puedan ocasionar "daño ambiental" (como quema de neumáticos) "se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental".
- El Ministerio de Seguridad "podrá demandar judicialmente" a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, "por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".
- Se "creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones" y de "infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas".
