“Hay un punto que es nodal en esta propuesta (de reforma): extender a 30 días la posibilidad de que una persona quede detenida sin informarle por qué se la está investigando y sin hacer una revisión integral de su situación. Actualmente, una persona puede estar hasta 72 horas sin que se revise su caso. Esto implica una habilitación tácita a las detenciones masivas y sin control de personas inocentes, y va a llenar las cárceles de ‘perejiles’ y ‘soldaditos’. Es una política criminal boba que dará los mismos resultados que desde hace cinco años”. De este modo se expresó ayer Julián Alfie, subdirector del INECIP, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, un verdadero faro en el derecho gestado por Alberto Binder, y al que distintas administraciones en Santa Fe eligieron escuchar para mejorar el sistema judicial, y que hoy ve un giro "hacia el oscurantismo". Por eso Alfie aconseja que "debe darse una sana discusión en la Legislatura". También jueces, fiscales y defensores expresaron sus objeciones y marcaron la ausencia de debate de estos mismos actores del sistema de administración de justicia. Curiosamente, los actores legislativos no están hablando en público del tema.

Según el vocero del INECIP "el paquete de reformas judiciales enviada por el nuevo Gobierno de Santa Fe contiene destacables avances, pero también peligrosos retrocesos, sobre todo, en las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal. Los problemas de eficacia que enfrenta el sistema de justicia penal de Santa Fe son urgentes y evidentes, pero no se solucionarán volviendo al opaco e ineficiente sistema escrito e inquisitivo que tanto costó superar. Además, la afectación de derechos y garantías básicas no sólo no implicará mejores resultados en la persecución penal, sino que también atentará contra los derechos de las víctimas a participar en el proceso penal". El INECIP además pronostica "las inevitables declaraciones de inconstitucionalidad de estas cláusulas que obligarán a reformar este artículo en pocos años".

“Quiero remarcar que las modificaciones al sistema de justicia son necesarias porque no está cumpliendo con las necesidades que tiene la ciudadanía, las que se reflejan, sobre todo, en la tasa de criminalidad que desde hace años tienen la provincia y la ciudad de Rosario”.

En esa línea advirtió que “es preciso no errar en el diagnóstico porque algunos de los artículos de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura borran pilares básicos del sistema acusatorio implementado hace más de 10 años por el gobierno”. Alfie se refiere a la posibilidad de detener por 30 días a una persona sin informarle porqué, cuando en la actualidad ese plazo es de hasta 72 horas, sin que se revise su caso. "Seguro van a ser perejiles, esas detenciones no inciden en las causas sobre los cabecillas, que explican la criminalidad: quienes manejan esas bandas, quienes lavan dinero para esas bandas y quienes proveen armas de fuego para esas bandas. Mientras se sigan deteniendo a perejiles o a inocentes, el fenómeno criminal seguirá igual y van a malgastarse recursos policiales”.

“Es imprescindible que estos proyectos tengan, en las cámaras de diputados y senadores, la sana discusión democrática que merecen porque es la única manera de evitar errores como los que marcamos. Ojalá que se impongan modificaciones en la Legislatura. La reforma tal como está, es un regreso al viejo y lento sistema anterior”.

De igual manera el INECIP reclama que se garantice la oralidad plena del proceso, porque "asegura la transparencia judicial y reduce las sospechas sobre su funcionamiento. Eliminar audiencias implica, además, excluir a la víctima del proceso. La eliminación de la audiencia de formalización de cargos -incluso con personas detenidas o de cualquier audiencia en la que “no haya controversias”, así como la habilitación tácita a que el juez acceda al legajo fiscal, reinstalando la vieja cultura del expediente son retrocesos sin precedentes a nivel nacional y deben ser revisados", advirtió el Instituto de Binder en un posicionamiento que hizo público en las últimas horas.

En igual sintonía, el Instituto de Estudio Comparados cuestiona la nueva "regulación inadecuada del procedimiento abreviado, ya que atenta contra el sistema acusatorio, le otorgan al juez facultades que alteran su imparcialidad y, de hecho, restringen la utilización del juicio abreviado, atentando contra la pretendida eficacia de la reforma".

"Por otro lado -afirma Julián Alfie- tal como hemos advertido en una nota dirigida al Ministerio de Seguridad y Justicia y a la Legislatura, otros de los proyectos en tratamiento presentan problemas que merecen una seria revisión. Por ejemplo, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación incorpora la posibilidad de suspender al/a la Fiscal General por una mayoría simple, dejando a la cabeza de todos los fiscales de la provincia en una situación de debilidad institucional que afecta -una vez más- la autonomía del MPA".

Finalmente en el texto hecho público se destaca que "se propone un recorte de personal sobre la Defensa Pública, que atentaría directamente contra la posibilidad de contar con una defensa efectiva. Y el proyecto de juicio por jurados, al contemplar excepciones a la regla de la unanimidad y al establecer una 'competencia optativa' para ciertos casos, afecta pilares básicos del sistema de enjuiciamiento popular establecido por nuestra Constitución Nacional.

Uno de los sectores que también plantearon objeciones son las asociaciones de fiscales de Rosario y Santa Fe, para quienes "las propuestas enviadas suponen la modificación de aspectos fundamentales del sistema de justicia penal, y tendrán repercusión en la resolución de conflictos, los derechos de las víctimas y las garantías ciudadanas. Es por ello que merecen un estudio profundo y meditado que asegure cambios que favorezcan la eficacia y conduzcan hacia el mejor servicio de justicia". Y destacan que "solo los consensos sociales pueden asegurar que las modificaciones sobre cómo los procesos penales, que impactan sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, van a ser llevados adelante. La premura, la celeridad del trámite parlamentario, no garantizan la participación genuina de la comunidad".

Al mismo tiempo que destacan "que toda reforma debe partir del respeto cabal de la independencia y autonomía del Ministerio Público, conforme lo exige el art. 120 de la Constitución Nacional".

Por su parte el Colegio de Magistrados consideró "positiva la promoción de medidas que tiendan a mejorar el servicio de justicia", pero advirtió que reformas significativas tanto en el fuero penal como en todo el sistema de justicia "merecen un marco de debate y reflexión acorde al impacto que dichas medidas pueden ocasionar". Por ello, los jueces consideraron necesario "generar una discusión seria y que permita la real y efectiva participación de todos los actores y operadores alcanzados por las citadas reformas".

Alertaron, asimismo, que "la velocidad del trámite parlamentario no es indicador de prontas respuestas a las demandas de la población; por el contrario –sostuvieron- que para mejorar el servicio de justicia se requiere un amplio consenso de los actores intervinientes". 

Por último, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe se declaró en estado de alerta “ante la velocidad” con que se están tratando importantes proyectos de reformas al Poder Judicial. “Ya que el día 14 de este mes entraron 4 proyectos que salieron aprobados ese mismo día sin discusión y quedan 8 que se tratarán antes de fin de año”, se quejó Jorge Perlo, Secretario Ejecutivo del Sindicato.