Distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizaron este miércoles para recordar a las víctimas de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001. La marcha transcurrió con absoluta normalidad y no es un dato menor: las miradas estaban puestas en la actuación que podrían llegar a tener las fuerzas policiales en el marco del protocolo antipiquetes lanzado por el gobierno nacional. Sin embargo, el operativo estuvo a cargo del área de Tránsito de la ciudad, que custodió el camino hasta el Monumento a la Bandera con total normalidad. Allí se leyó una proclama que dejó en claro los motivos de la movilización. “A 22 años del Argentinazo reivindicamos esa enorme gesta histórica que volteó al gobierno hambreador y entreguista de De la Rúa y Cavallo”, señalaron en el documento, donde también tildaron de “inconstitucional” el protocolo que busca desalentar la protesta social: “Pretenden impedir las movilizaciones populares que se van a provocar como consecuencia del plan de guerra en marcha para descargar la factura de la crisis sobre la población trabajadora”.
La concentración estaba pautada a las 17 en Plaza San Martín, donde las distintas organizaciones se prepararon para movilizar. La columna estuvo encabezada por la Asamblea 19 y 20 Rosario, conformada por familiares y amigos de las víctimas de la represión policial del 2001. Como cabecera, la marcha tuvo una bandera que exigía “juicio y castigo” a los responsables de las 39 muertes ocurridas en todo el país, de las cuales nueve ocurrieron en la provincia de Santa Fe.
La columna fue nutrida y copó varias cuadras. Por detrás de los familiares de las víctimas marcharon distintos gremios de la CTA Autónoma Rosario, que también desplegaron una bandera con consigna propia: “A 22 años del Argentinazo, abajo el ajuste y el FMI. No al protocolo represivo de Bullrich”. También se sumaron diversas organizaciones políticas, entre las que se destacaron el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Polo Obrero.
Al operativo desplegado por los agentes del Municipio se sumaron distintas personas designadas por las organizaciones, que en cada esquina buscaban asegurar que no haya ningún inconveniente con los autos y motos que circulaban. Pero a las pocas cuadras ya no fue necesario. A diferencia de algunas de las postales que se vieron en Ciudad de Buenos Aires, en Rosario la marcha transcurrió sin inconvenientes.
Rosario/12 dialogó con algunos de los dirigentes que movilizaron, en una jornada cargada de expectativas por su doble contenido: por un lado el homenaje a las víctimas del 2001 y por otro el claro rechazo a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y el intento por criminalizar la protesta social con el protocolo antipiquetes y la amenaza de quitar los beneficios sociales de aquellas personas que se sumen a la movilización.
“Vengo a recordar a mi hermano que fue asesinado injustamente por el gobierno de Reutemann. Justicia ya no vamos a conseguir porque la causa ya está cerrada, pero sí podemos recordarlos estando acá presentes”, señaló Sara Campos, hermana de Walter Campos, una de las víctimas rosarinas del 2001. “Yo jamás en mi vida he cortado una calle ni pedido nada. Y yo acá no estoy haciendo ningún piquete, solo vengo a recordar a mi hermano asesinado”, aseguró en respuestas a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En la misma línea se pronunció Lorena Almirón, secretaria general de la CTA Autónoma Rosario, remarcando que se trata de una fecha emblemática para seguir luchando contra la impunidad. “Estuvimos ayer frente a tribunales exigiendo justicia por el asesinato de los 39 compañeros asesinados durante la represión del 2001, entre ellos nuestro compañero Pocho Lepratti, que era delegado de ATE”, expresó. En ese marco cuestionó el “protocolo inconstitucional” que cercena el derecho a huelga: “Vamos a estar acá en la lucha, como lo hemos hecho siempre con todos los gobiernos que no respetaron nuestros reclamos”.
Por su parte, los partidos de izquierda presentes en la movilización cuestionaron la intención del gobierno de desalentar las manifestaciones en distintos puntos del país. “Esto era una marcha para conmemorar a los caídos del 19 y 20 de diciembre y creo que en el contexto que estamos viviendo se convirtió en algo totalmente diferente”, sostuvo Octavio Crivaro, referente del PTS. Y agregó: “Hoy también marchamos para repudiar el ajuste brutal que está en curso, que va a empeorar con las medidas de Milei, y para denunciar una política de proscripción de la movilización como si fuera un gobierno autocrático, dictatorial, que dice que no se puede movilizar más”.
En tanto, Carla Deiana, dirigente del Polo Obrero, aseguró que el protocolo del gobierno nacional “pone en riesgo el derecho a la protesta” en todo el país: “Patricia Bullrich ha declarado un estado de sitio ilegal. Ha desplegado un operativo absurdo, propio de un estado de guerra, en el marco de una manifestación pacífica que tiene como objetivo rechazar un plan de motosierra contra los derechos laborales, contra los salarios. Decirle a una persona desocupada que recibe un beneficio social que va a quedarse sin nada por protestar es de una discriminación violenta”.
Proclama
Pasadas las 18.30 la movilización llegó al Monumento a la Bandera, donde se leyó una proclama consensuada entre las distintas organizaciones. En el inicio del documento el foco estuvo puesto en recordar la lucha de las organizaciones sociales durante el estallido económico y social del 2001. “Las jornadas del 19 y 20, cristalizaron un proceso de construcción de asambleas barriales, vecinxs autoconvocadxs y ollas populares que confluyeron con el movimiento de trabajadorxs ocupadxs y desocupadxs junto al sindicalismo combativo y al movimiento piquetero, que venían en pie de lucha”, expresaron.
“En el país hubo 39 caídos por la represión estatal y cientos de heridos y heridas que aún no tuvieron reparación alguna. En este acto reafirmamos la memoria y seguimos reclamando justicia por todas ellas y ellos, denunciamos el pacto de impunidad que selló el régimen político para beneficiar a Reutemann que nunca fue condenado por sus crímenes contra el pueblo”, agregaron.
Asimismo, en la proclama también cuestionaron el plan económico del presidente Javier Milei que caerá sobre los trabajadores y aseguraron que habrá “nuevas confrontaciones sociales” en el país. En ese marco insistieron en la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes del gobierno nacional: “Bullrich prometió desplegar a las fuerzas federales para arremeter contra las manifestaciones y perseguir a beneficiarios de programas sociales, como si eso implicara la pérdida del derecho a protestar”.
“Pretenden impedir las movilizaciones populares que se van a provocar como consecuencia del plan de guerra en marcha para descargar la factura de la crisis sobre la población trabajadora. Al protocolo de Bullrich y Milei, lo vamos a derrotar en las calles, con la movilización masiva”, cuestionaron.
