La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó frente a la primera marcha opositora todas las estrategias para meter miedo. Fue un día de requisas en los colectivos, de un centro porteño saturado de policías y gendarmes, de ostentación de camiones hidrantes en la Plaza de Mayo, de patrulleros y motos policiales cruzando las avenidas a mil, con las sirenas al mango. La manifestación del 20 de diciembre, la primera contra el ajuste -a la vez, un homenaje a las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- se topó con un impresionante operativo de amedrentamiento. Además del despliegue de cinco fuerzas federales, el operativo apeló a la amenaza sobre las personas que se manifestaron -una amenaza para nada velada- de quedar fotografiadas o filmadas y perder, si la tienen, la asistencia social.
La marcha reunió a organizaciones sociales y partidos de izquierda, en su mayoría trotskistas. Salieron con ellos sindicatos de base, agrupaciones estudiantiles y de jubilados y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, con dos consignas: “Contra el plan motosierra" y "Contra el protocolo antipiquetes”.
El presidente Javier Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estuvo en el Departamento Central de Policía, siguiendo desde las pantallas de monitoreo lo que iba ocurriendo en la calle.
La marcha se hizo, pero con los manifestantes rodeados por efectivos de policías de la Ciudad, de la Federal y de gendarmes. Bullrich también hizo entrar en escena a la Policía Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario. Al hacer su balance del operativo, la ministra de Seguridad habló con tono de ganadora: “Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir”.
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Las pantallas hacían pensar en Orwell y su 1984 . No sólo por Milei en el Departamento de Policía mirando los monitores, sino por el uso que el gobierno les dio a los carteles de las estaciones de tren, los que anuncian los horarios de salida y llegada de los servicios. En la pantalla gigante de la estación de Constitución, por ejemplo, se difundió la advertencia: “El que corta no cobra”, y el llamado “si te están obligando (a cortar) denuncialo anónimamente al 134”.
Constitución fue uno de los puntos de ingreso de los manifestantes a la Ciudad de Buenos Aires. Como Bullrich había anticipado que la policía iba a impedir que entraran por el Puente Pueyrredón, que las banderas iban a ser requisadas y los colectivos escolares que transportaran manifestantes serían multados, los movimientos piqueteros optaron por llegar en tren y sin banderas.
A las dos de la tarde ya había un operativo de control en la estación y un grupo antimotines con perros. En el hall de Constitución se juntaron además cámaras de todos los canales informativos (¡y de los programas de entretenimiento!), movileros de radio, prensa gráfica y una presencia novedosa, la de streamers.
Distribuidos entre las cámaras y la policía, unos veinte abogados de las organizaciones sociales esperaban para intervenir si había problemas.
A las dos y cinco llegó Eduardo Belliboni, el titular del Polo Obrero, y el hall se convirtió en un agitado set de televisión. “Estamos ante un operativo digno de una guerra, de un Estado de sitio, contra lo que es una manifestación pacífica", se quejó.
Mientras daba entrevistas, varias personas que aparecieron inesperadamente en el hall lo increparon: “¡Andá a trabajar!”. Gritaron durante más de diez minutos. Imposible saber si era algo armado, a la manera de una provocación, o parte del clima social de estos días.
En medio de ese griterío, llegaron al hall de la estación la diputada cartonera Natalia Zaracho, su par Itaí Hagman y Nacho Levy, el referente de La Poderosa. Integrantes de organizaciones que no movilizaron, pero asumieron un rol de veedores para que se pudiera manifestar.
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La marcha tuvo dos cabeceras, una en Florida y Diagonal Norte (los partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y sindicales) y la otra en avenida Belgrano y Diagonal Sur (donde se juntaron los movimientos sociales). En la zona de los partidos la policía no era tanta, pero en cambio en la cabecera de los movimientos sociales, la policía de la Ciudad, la Federal y la Gendarmería hicieron un operativo de saturación.
Armaron cordones de efectivos en los dos bordes del asfalto, en teoría para que el tránsito no fuera cortado, mientras los manifestantes, todos manteniéndose en la vereda, los puteaban, les dedicaban cantitos o los gastaban.
“¡Avancen!”, era la orden que un jefe policial, con un megáfono, gritaba a un pelotón de policías antimotines cada vez que algún grupo de manifestantes parecía por pisar el asfalto.
“¡Súbanse a la vereda!”, recomendaban las referentes barriales a sus grupos.
La situación era ridícula porque, de todas maneras, la calle terminó cortada por el propio dispositivo de saturación y por los cientos de periodistas que transmitían, buscando el mejor ángulo parados sobre el asfalto. Como en la terminal de trenes de Constitución, todo pasaba delante de un mar de cámaras.
“Cambió la lógica de quién controla la calle”, definiría más tarde Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad.
Hubo momentos de tensión, en los que el clima se caldeó, como cuando la policía tiró gas pimienta contra una persona que discutía con un efectivo. Roces, empujones. El diputado Nicolas del Caño fue agredido por agentes de la Ciudad cuando se acercaba con la columna del PTS a la plaza.
Dos personas fueron detenidas. Héctor Adolfo Ganzo, de 63 años, integrante del Polo Obrero, al que se le inició una causa por “desobediencia”, y Ulises Nicolás Fernández, de 25 años, que quedó arrestado por "atentado, resistencia a la autoridad y lesiones".
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Nora Cortiñas se sumó a la manifestación. La madre de Plaza de Mayo fue aplaudida al entrar a la plaza, en silla de ruedas, acompañada por un grupo de militantes. “Vine a recordar a los caídos hace 22 años, que luchaban y estaban en la calle por lo mismo que hoy estamos acá: para defender la democracia y la justicia social”, señaló.
La movilización cerró con un acto desde un camión con parlantes, dos horas después de iniciada. El documento de cierre, contra el ajuste del Gobierno y en defensa del derecho a manifestarse, cuestionó a la CGT y las CTA por “no convocar a luchar” y propuso “un paro activo nacional y un plan de lucha contra este brutal ataque contra nuestras condiciones de vida. El camino es la más amplia unidad entre ocupados, desocupados y todos los sectores sociales en lucha”.