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Como ya se venía anticipando, el plan de recorte llegó a la Municipalidad de la ciudad de Salta, que comunicó oficialmente el martes por la noche las medidas económicas que adoptará para garantizar el equilibrio fiscal en la comuna. El gobierno municipal de Emiliano Durand sostuvo que busca acompañar el esfuerzo realizado por el Ejecutivo provincial ante el impacto de las medidas anunciadas por el gobierno de la Nación.
Entre las acciones a tomar, se destaca la solicitud que la Municipalidad le hará al Ejecutivo provincial para adherir a la prórroga por un año de la emergencia económica, financiera y administrativa. Se trata de la ley provincial 8238, que fue puesta en vigencia por última vez durante la pandemia de la covid-19 e ingresó este martes a la Cámara de Diputados de Salta para una nueva extensión de la emergencia. En dicha norma, se tomó en cuenta la ley local 6583, sancionada en 1990, por la que la provincia declaró la emergencia económica; y la ley 7125, sancionada en 2001, por la que se adhirió a la norma nacional 25344, de emergencia económica y financiera.
La Municipalidad también comunicó que se congelarán los sueldos de la planta política superior. La secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, dijo a Salta/12 que esta medida refiere únicamente al congelamiento de "los sueldos de la planta política, es decir, su intendente, jefe de gabinete, secretario, no así a los trabajadores municipales". Asimismo, dijo que se solicitará al Concejo Deliberante de Salta, prorrogar el presupuesto 2023.
Agolio dijo también que se creará una Unidad de Renegociación de Contratos y Deudas para el estado de obras. Actualmente, la ciudad de Salta tiene 20 obras abiertas e inconclusas. Por lo que la funcionaria municipal sostuvo que en las próximas semanas se pondrá en marcha esta Unidad que tendrá como tarea principal evaluar el estado de las obras y las deudas existentes.
Además, informó que se recortarán los gastos que venían teniendo los funcionarios municipales y que se refieren al uso de autos, choferes, celulares, alquileres de inmuebles y viáticos. También se anunció que se congelará la pauta publicitaria a medios de comunicación por 180 días y se promoverá el retiro voluntario y jubilaciones.
Si bien, las acciones fueron comunicadas este último martes, la nueva gestión municipal se presentó el 10 de diciembre con un discurso de "Estado austero, pero eficiente", en palabras del intendente Emiliano Durand en su asunción. Agolio recordó que la gestión comenzó con una reducción del 30% de la estructura política, lo que pudo vislumbrarse en el nombramiento de solamente 12 personas al frente de secretarías, coordinaciones y agencias. Durand suprimió al menos 7 secretarías de la gestión de su antecesora, Bettina Romero.
Ni bien asumió, el nuevo gobierno dio a conocer la deuda pública que heredó de la gestión anterior. "Hablamos de una deuda de 7.000 millones de pesos que puede ascender", recordó Agolio, quien dijo ante este medio que el actual estado financiero y económico les impidió tener los fondos necesarios para el pago de aguinaldo a las y los trabajadores. "Fue así que el intendente Durand gestionó con Provincia los fondos para poder depositar este sábado el pago de aguinaldos", aclaró.
La secretaria de Gobierno sostuvo que la gestión municipal se propone fijar las prioridades para enfocar adecuadamente los gastos. "La gente va a marcar las prioridades", manifestó, al asegurar que la construcción de macetas o la reforma de la plaza 9 de Julio (acciones impulsadas por Romero) "para nosotros no son una prioridad". "La idea es trabajar en los barrios, en las calles que se inundan, en llevarles pavimentos, arreglar la enorme cantidad de baches que tenemos", expresó, destacando que se dará solución a la gente "desde los barrios hasta el centro".
También en la Justicia local
La Corte de Justicia de Salta también acompañó las medidas de restricción del gasto público decididas por el Ejecutivo salteño y mediante la cordada 14050 dispuso una serie de medidas tendientes a contener el gasto público en el ámbito del Poder Judicial. "Si bien el Poder Judicial ha mantenido histórica y comprobadamente una ejecución del gasto apegada a principios de austeridad y de riguroso equilibrio presupuestario, con esta decisión se tiende a extremar los recaudos tendientes a reducir el gasto público y a equipararlo con la presunta disminución de futuros recursos en el actual contexto socio-económico, salvaguardando siempre el correcto funcionamiento del servicio de justicia", aclaró.
Para ello, juezas y jueces del máximo tribunal provincial decidieron: congelar sus aumentos salariales; suspender nombramientos; limitar la asignación de viáticos a los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función judicial; restringir la adquisición de insumos y bienes de uso; optimizar la utilización de los servicios de energía eléctrica, gas y telefonía adecuando sistemas de control y aplicando nuevas tecnologías; limitar los incrementos de valores de contratos de alquiler de inmuebles y servicios en general, y ajustar las horas de dedicación complementaria a la estricta necesidad del servicio. Las medidas de restricción del gasto se extenderán por el plazo de seis meses, a partir del 1º de enero de 2024.
