Diez días después de su asunción, durante su primera cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía, que incluye la derogación de más de 300 leyes. Entre el paquete de normas que el Gobierno pretende barrer, el mandatario ultraderechista a mencionó la Ley de Tierras, que limita la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros, en defensa la soberanía nacional.
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, como se llama realmente, fue presentada en el Congreso por impulso del ejecutivo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y se aprobó y promulgó en diciembre de 2011. Luego, el presidente Mauricio Macri modificó la normativa en 2016 con el decreto 820/2016, beneficiando a magnates internacionales.
En su momento, la expresidenta la proponía como un instrumento para "proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra", a través de marcos regulatorios para los extranjeros de mucho poder económico. También se pretendía echar luz sobre los multimillonarios de nacionalidades foráneas que adueñaran numerosas hectáreas argentinas, como el británico Joe Lewis y el italiano Luciano Benetton, con la creación de un registro oficial.
Por lo pronto, la derogación de esta legislación daría vía libre a la comercialización irrestricta de estos dominios.
Ley de Tierras: objetivos y alcances
Se promulgó el 28 de diciembre de 2011, tras ser aprobada en la Cámara baja por 153 votos afirmativos, 26 en contra y una abstención. La mayoría de los votos en contra llegaron desde el radicalismo, mientras que los integrantes del PRO estuvieron ausentes.
Desde su origen buscó solucionar una problemática que el país sufre desde hace años: la apropiación descontrolada de tierras de dominio nacional por magnates internacionales. Es por esto que, desde hace más de 10 años, su implementación genera una fuerte pica en los sectores de alto poder.
Las Tierras Rurales que contempla la Ley son "todas las que están fuera de las zonas urbanas, sin que importe el destino que se les da".
En este marco, estableció que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros: es decir, que partir de la ley, el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.
Por la Ley se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a fin de saldar el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.
Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). A la fecha, ninguna supera el límite del 15% que fija le Ley.
Sin embargo, estos datos no están completos, por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional.
Nueva era liberal: las modificaciones de Macri
El decreto presidencial, firmado ni bien Macri asumió el mandato, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria.
De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional. Esto implica que, si la persona jurídica dueña de una tierra le vende sus acciones a un extranjero, la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley.
"De esta forma, da vía libre al instrumento mas común de compra de tierras, que es a través del traspaso de acciones", aseguró en diálogo con PáginaI12 la abogada experta en políticas de tierras rurales Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos naturales de la Nación.
Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya no es un requisito del trámite de certificación que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.
"El Decreto de Macri prevé que desde el Ministerio de Justicia remitirán a la provincia la consulta, y si pasados 10 días no contestan, queda aprobado tácitamente. Es decir que si, por ejemplo, se notifica a la Provincia y esta contesta y se extravía la documentación, puede significar la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición a la Ley", acentuó Gómez.
