El presidente Javier Milei podría enfrentar, con el DNU firmado este miércoles, un primer cortocircuito con sus socios de Juntos por el Cambio en el Congreso. En las últimas horas, algunos legisladores de la coalición criticaron con dureza la medida y acusaron al mandatario de arrogarse facultades legislativas, lo que anticipa que La Libertad Avanza no tendría el terreno tan allanado como supone. Habrá que esperar para ver si las críticas son simples fuegos artificiales.
Según establece la ley 26.122, un DNU tiene vigencia mientras las dos Cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes. Si una Cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción tácita".
En cambio, "el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia", dice la ley.
Por el momento, no está claro qué postura podrían adoptar los legisladores de los distintos bloques en caso de que el DNU llegue al Congreso, aunque en las últimas horas algunos ya empezaron a dar pistas.
"Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma"
"Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita. Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina (...) Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos", publicó el senador radical Martín Lousteau en la red social X.
"En el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso", analizó.
Enojado por el camino que tomó el ultraderechista, Lousteau advirtió que "con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos".
"Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma", insistió el senador, al remarcar que "el respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad".
En ese sentido, planteó el "sano" ejercicio de "pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena".
Finalmente, señaló que, a su entender, "el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente". De esta forma, concluyó, "las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse".
La Coalición Cívica realizará una "evaluación pormenorizada"
Quien también se pronunció sobre el camino anticonstitucional que eligió Milei para gobernar fue el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. "El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º", escribió en sus redes sociales.
Por ese motivo, aclaró el legislador, "se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas".
La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, "realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales", explicó.
Y detalló: "Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente. Este trabajo requiere seriedad, rigurosidad técnica y profundidad, por tal motivo se emitirá un dictamen con el objetivo de preservar derechos subjetivos de los ciudadanos".
"No está justificada la necesidad ni la urgencia"
El diputado de Encuentro Republicano Federal Miguel Ángel Pichetto se sumó este jueves a la ola de críticas que recibió el DNU de Milei y recordó que la Argentina "es una República" y que "el Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso".
"Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación. Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias", opinó el legislador.
Unión por la Patria pide que se analice urgente el DNU
Por su parte, el jefe del interbloque Unión por la Patria (UxP) en el Senado, José Mayans, solicitó este jueves que se constituya "de urgencia" en el Congreso la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para que analice el DNU anunciado este 20 de diciembre por el mandatario ultraderechista.
"Estamos ante un gran y enorme fraude electoral. Todo el decreto es inconstitucional, pasó por encima de todos los poderes, esto es una política de entrega del país que beneficia a 10 vivos, ni la más mínima consideración para la gente", sostuvo Mayans en declaraciones para FutuRock.
El senador informó que desde el bloque de UxP están "solicitando de urgencia constituir la comisión de DNU" para que "emita un despacho por sí o por no" sobre la norma anunciada en cadena nacional por el presidente Milei.
"La comisión es bicameral, tiene 8 miembros de cada Cámara. En forma urgente tienen que reunirse y emitir un despacho para que el Parlamento lo pueda tratar", remarcó el senador y advirtió que si la comisión no se convoca tras 10 días "el Parlamento lo puede tratar directamente".
El formoseño informó, en tanto, que está prevista una reunión de bloque este jueves y allí esperan "la participación de cada senador" y dijo que están "avanzando en la conversación con otros bloques para poder parar este desastre".
Trámite en el Congreso
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo podrá tratar el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica, que debe enviar el Gobierno nacional al Congreso, en un plazo de diez días hábiles.
Para poder analizar el DNU, que entra en vigencia más allá de este recorrido que en paralelo debe hacer en el Congreso, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, deberán designar a los 16 miembros (ocho diputados y ocho senadores) que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
La conformación ya es motivo de controversia en la Cámara de Diputados, ya que el bloque de Unión por la Patria reclama que la distribución se haga a través del sistema D'Hont para poder tener 5 de los ocho miembros, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, dijo el martes a los periodistas que esa disposición es para las comisiones permanentes pero no para las especiales, como lo es la Bicameral de Trámite Legislativo
Si se aplica ese criterio de proporcionalidad, a UxP le corresponderían cuatro representantes, uno a Libertad Avanza, uno al PRO, y uno a la UCR. El restante es solicitado por un grupo de bloque denominado "Acuerdo Parlamentario" conformado entre Cambio Federal, Hacemos Nuestro Innovación Federal y Coalición Cívica, que propone a Nicolás Massot.
En el Senado, Villarruel tiene que designar los 8 senadores, de los cuales tres serían para Unión por la Patria, y cinco a distribuir entre la nueva mayoría que armó en la última sesión cuando consiguió 39 senadores para imponer el presidente provisional del Senado y la distribución de las comisiones permanentes, según indicaron fuentes parlamentarias.
El Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU 70/2023 para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo. De hecho, la comisión no funciona desde mediados del 2022 y hay más de cien DNU dictados durante la gestión de Alberto Fernández que aún no fueron tratados.
En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento, y tendrá que emitir dictamen en un plazo de diez días.
De acuerdo con lo establecido por ley, tras la emisión del dictamen, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.
