A menos de una semana de las elecciones de medio término, la Sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó hoy al juez federal Luis Rodríguez pedir el desafuero "inmediato" y disponer la detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido en la causa que investiga supuestas irregularidades en la obra de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El fallo fue firmado por la sala II del Tribunal de Apelaciones. El propio De Vido ya había advertido que el pedido de desafuero y detención eran parte se trataba de un “show” en medio de la campaña y parte de una “confabulación mediática y política impulsada por Mauricio Macri y algunos de sus adláteres, como la diputada Carrió y el ministro Garavano” en su contra.
Lo que ahora ordenó la Cámara Federal porteña lo había pedido antes el fiscal Carlos Stornelli, pero Rodríguez lo había rechazado. En aquella oportunidad, ante el pedido de Stornelli, el ex ministro desafió al Presidente, a quien le dijo que “para hablar de corrupción hay que estar limpio” y remarcó que “no hay nada más corrupto que el gobierno de Macri”.
La causa investiga la presunta malversación de 26 mil millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal destinó a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos. Según una investigación de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), los fondos destinados a la modernización de la mina de Río Turbio tuvieron once modificaciones de costo, lo que generó un incrementó de su valor en un 98 por ciento. A lo que también se agregó la puesta en valor de un tren por 344 millones de pesos.
La denuncia por sobreprecios contra De Vido fue instruida por el juez Claudio Bonadio, quien sobreseyó al actual diputado dos veces, la última a fines de mayo. El segundo sobreseimiento fue avalado por el fiscal Guillermo Marijuán, quien no apeló. Tanto Bonadio como Marijuan descartaron en esas dos oportunidades que haya habido sobreprecios. Sin embargo, la sentencia fue apelada por el fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA) Sergio Rodríguez, al que supuestamente le adjudican relaciones con el kirchnerismo y con la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Sobre un proyecto en el que se invirtieron unos 26.000 millones de pesos no hubo cuestionamientos ni acusaciones de sobreprecios. Lo cuestionado fueron los convenios tecnológicos firmados entre YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Río Gallegos. Uno de los objetivos de la UTN era orientar las contrataciones a empresas nacionales lo que llevó, por ejemplo, a que parte de una especie de parantes neumáticos que hay dentro de la mina fueran producidos por Fabricaciones Militares.
El fiscal Stornelli, sin embargo, sostuvo que los convenios con la universidad fueron una forma de evitar controles y que, en materia de compras y adjudicaciones, la UTN se quedaba con un diez por ciento como gastos administrativos. Ni en la causa judicial ni en el dictamen de Stornelli hubo una pericia que señale que los convenios hayan sido por valores superiores a los de una consultora privada y menos que los precios que abonó la Fundación que tiene la universidad, en los casos de adquisición de bienes, hayan tenido sobreprecios. El kirchnerismo señala que las compras se hicieron a valores de mercado o más bajos pero el fiscal se basa en informes de la SIGEN, que objetan cuestiones de procedimiento.
Tras el cambio de gobierno, el 18 de febrero de 2016, el nuevo interventor de la obra, Omar Zeidín, pidió al Ministerio de Hacienda los fondos para continuar con los convenios con la UTN: el propio macrismo avaló los acuerdos. Dos meses más tarde, desistieron de ese pedido porque la decisión política era parar la obra y las inversiones.
