"Limita, prohíbe y restringe el derecho a huelga", alertó CTERA sobre la declaración de la educación como servicio esencial incluida en el megadecreto del presidente Javier Milei. La medida, una histórica amenaza de la derecha contra los paros docentes, fija un piso del 75 por ciento de asistencia durante las medidas de fuerza y fue rechazada de plano también por los gremios provinciales, que advirtieron sobre su inconstitucionalidad. Para poder instaurar la modificación, el decreto eliminó los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fijaban los parámetros para definir la esencialidad.
La amenaza se concretó. Durante décadas, en especial en años álgidos de conflicto docente, el slogan se repetía: declarar servicio esencial a la educación para evitar los paros. Del dicho al hecho, el nuevo presidente lo efectivizó este jueves en su DNU, aunque no fue uno de los 30 puntos anunciados en cadena nacional. El artículo en cuestión es el 97 del Capítulo IX, titulado "servicios esenciales", que viene a sustituir el punto 24 de la Ley 25.877 de Régimen Laboral, que ya establecía la esencialidad de los "servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo".
El Inciso F es el que atañe a la educación, único apartado de todo el decreto que menciona explícitamente a ese sector, al categorizar como servicio esencial a la "educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial". Mención aparte: los niveles "guardería y preescolar" no existen; en todo caso, se trataría del nivel inicial. Más allá de esto, el DNU suma los tres niveles al régimen esencial.
Según la ley original ahora modificada, los servicios esenciales debían garantizar "la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción" en casos de medidas de fuerza. Hasta el momento, sin embargo, no se establecía ningún piso para el "mínimo", algo que sí aparece en el nuevo decreto: "En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 por ciento de la prestación", establece el DNU que deberá refrendar el Congreso. En otras palabras: tres cuartos de los y las docentes no podrían hacer paro.
La reacción de los gremios no tardó en llegar. Por la mañana del jueves, CTERA emitió un comunicado: "Repudiamos la declaración de esencialidad de la educación porque limita, prohíbe y restringe el derecho a huelga. La Educación es un Derecho Social inalienable, no una mercancía", advierte el comunicado compartido, además, por Suteba, UTE y el resto de los sindicatos provinciales de la confederación. El documento alerta también sobre la "gravedad institucional, democrática y el espíritu anticonstitucional que dichas medidas neoliberales, de este DNU, pretenden realizar a través de derogaciones de leyes esenciales".
"Cualquier declaración de esencialidad en realidad tiene un solo objetivo: no es pedagógico o para mejorar la educación, sino para restringir el derecho de huelga y cercenar la Constitución", sumó en diálogo con Página 12 Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. "Además, la declaración va en contra de las resoluciones de la OIT, que está formada por patrones, trabajadores y estados, y sobre este tema ha fallado reiteradas veces declarando que la educación no es esencial", agregó Alesso.
El punto de la OIT es una de las claves del decreto. Es que la Ley 25.877 establecía, hasta ahora, que la incorporación de una nueva actividad como servicio esencial debía ser decidida por una comisión independiente actuando bajo dos supuestos. Uno: cuando la interrupción de la actividad por huelga pusiera en riesgo "la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población". Dos: cuando la actividad fuera catalogada como de "importancia trascendental" en función de "los criterios de los organismos de control de la OIT". El segundo apartado desaparece en el DNU de Milei. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ya estableció que la educación no es servicio esencial porque su parate no pone en peligro la vida de nadie.
La última avanzada en este sentido había sido presentada en el Congreso por el ex ministro de Educación y actual diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro. Su proyecto de ley, presentado en 2022, preveía declarar a la educación servicio "estratégico" esencial, lo que esquivaba la definición de la OIT, y establecía un piso del 50 por ciento de presentismo en los paros .
Además del punto de la esencialidad, los gremios alertaron sobre otros aspectos del DNU. "El cambio de las licencias por embarazo, la declaración de emergencia previsional que puede afectar fuertemente la jubilación docente y la movilidad jubilatoria, y la derogación de la ley de alquileres en un gremio en el que somos mayoritariamente mujeres y, en un porcentaje altísimo, sostenes de familia que alquilan", enumeró la secretaria general de Ctera.
"En la docencia vamos a tener un combo explosivo: aumento de inflación, no hay convocatoria paritaria, aumento de los alquileres, represión a la protesta social y posible modificación a las leyes jubilatorias. A eso hay que sumarle el aumento de los transportes y los servicios. Para un docente va a ser imposible llegar a la primera quincena, ya no a fin de mes", sostuvo Alesso. Como el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, la declaración de esencialidad parece apuntar a bloquear la conflictividad en ese contexto explosivo.
