Luego de que Milagro Sala fuese trasladada a la fuerza a la Unidad Penitenciaria Nº 3, su defensa realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación e interpuso un hábeas corpus ante el juez de turno en Jujuy para exigir el “cese de manera inmediata” de su alojamiento en la prisión de Alto Comedero. Los abogados alegaron que existe “riesgo para su vida y su integridad psicofísica” y recordaron, en ambas peticiones, que la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 27 de julio aún está vigente y reclamaron su cumplimiento. Además, exigieron que se “restablezca de inmediato las condiciones en las que Milagro se encontraba detenida, de modo de disminuir los riesgos a sus derechos fundamentales que actualmente se encuentran vulnerados”.
“Hay mucha preocupación por el estado de la dirigente social, el que claramente se ve agravado por nuevos hostigamientos de parte del personal del servicio penitenciario, quien en esta madruga la despertó reiteradas veces sin ninguna razón”, indicaron desde la Tupac Amaru en un comunicado.
La defensa le exigió a la Corte Suprema que se expida sobre los recursos extraordinarios que tienen en su poder desde abril, en relación a la prisión preventiva de Milagro Sala y que cuentan con un dictamen favorable por parte de la Procuración General de la Nación. “Entendemos que debe actuar a fin de resguardar los derechos en juego de Milagro Sala”, señalaron en referencia al riesgo que corre su vida dentro del penal.
En los escritos, los abogados defensores remarcaron que la cautelar de la CIDH se había dictado en virtud del daño irreparable que podría producir la permanencia de la dirigente social en la cárcel de Alto Comedero. Señalaron que la medida se adoptó tras corroborar por parte de los comisionados el nivel de hostigamiento al que fue sometida la dirigente social desde el 16 de enero de 2016 cuando, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, fue detenida en forma arbitraria.
La CIDH había solicitado medidas alternativas a la prisión, entre ellas la detención domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica. En razón de dichas disposiciones, los letrados señalaron las irregularidades producidas durante el proceso por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos, ambos denunciados ante la Justicia federal por prevaricato; es decir, por dictar resoluciones contrarias a la ley.
El 14 de octubre, Milagro Sala fue trasladada nuevamente por la fuerza al penal Alto Comedero, en la capital jujeña, desde su propiedad ubicada en la localidad de El Carmen, donde cumplía prisión domiciliaria desde el 31 de agosto, por “incumplimiento” de las condiciones de ese beneficio, según determinó la Justicia. La resolución emitida por el juez Pablo Pullen Llermanos el sábado, señalaron los abogados, es violatoria del legítimo derecho a la defensa, además de contradictoria, ya que cita informes del Departamento Médico del Poder Judicial en los que recomienda que la dirigente social esté en contacto las 24 horas con su familia debido al cuadro de depresión que presentaba.
La defensa de la dirigente enfatizó que el Gobierno de Jujuy “incurre en responsabilidad internacional frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, comprometiendo su posición en la Organización de Estados Americanos (OEA), según lo dispuesto tanto en la Constitución Nacional, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Reglamento de la CIDH”.
