La jueza de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la formalización de investigación penal contra siete personas detenidas el 6 de diciembre pasado, a instancias de la imputación formulada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.

Los imputados son Santiago Gabriel Portella, Ricardo Ismael Arnedo, Gastón Hernán Alvarado Quispe, Sergio Facundo Juárez, José Alberto Gutiérrez, Mariano José Peñalba y Claudio Hernán Delgado, a quienes el fiscal federal Ricardo Toranzos acusó del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado.

Esta investigación la inició el Ministerio Público Fiscal de Salta La Unidad Fiscal de Salta pero luego declinó su competencia en virtud de la magnitud de la droga que fue secuestrada y el despliegue delictivo de las personas acusadas. La Unidad Fiscal federal Salta aceptó esta declinación y se hizo cargo del caso. 

En la audiencia de formalización de la investigación penal, el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen explicó que las detenciones se produjeron a raíz de un llamado anónimo recibido por la Policía de Salta que denunciaba la venta de droga desde un automóvil gris estacionado en la avenida Di Pascuo y la calle Portaaviones, en el barrio Grand Bourg, en el oeste de la ciudad de Salta.

La Policía constató la veracidad de la denuncia e incluso verificó movimientos de pasamano, propio de la venta de droga al menudeo, por lo que identificaron a los ocupantes del automóvil Peñalba, Arnedo y Portella. Después, la Policía salteña halló en el piso del vehículo varios envoltorios de marihuana y 260.500 pesos en la gaveta del auto, y detuvo a estos hombres.

El auxiliar fiscal indicó que la marihuana encontrada en el auto, 450 gramos, era parte del total de la droga que tenían en su poder, pues Peñalba reconoció que tenían más en la casa de su madre, en el barrio Docente, en la zona sureste de la capital provincial. Peñalba también dijo que necesitaba sacar la droga de esa vivienda, ya que su madre estaba por llegar y quería evitar inconvenientes.

La madre desconocía la existencia de la droga, pero autorizó el ingreso de los policías, que encontraron al resto de los ahora imputados: Alvarado Quispe, Gutiérrez, Delgado y Juárez, que trató de escapar arrojándose a la calle desde el balcón, solo para ser reducido al caer y encima se lesionó. 

Irigoyen repasó que al requisar la casa se secuestraron varios teléfonos celulares; $1.939.000, de los cuales 70 mil estaban en poder de Juárez, mientras que el resto estaba en un bolso. El auxiliar fiscal explicó que todo fue secuestrado, al igual que un automóvil Volkswagen Polo, los papeles de dos motocicletas, dos plantines de marihuana y un bolso con 15 kilos y 860 gramos de esa misma sustancia.

El auxiliar fiscal pidió primero que se declare la legalidad de la detención de los siete acusados, más allá de que había sido ejecutada en la justicia provincial. Luego formalizó la imputación, solicitó un plazo de investigación de 70 días y la autorización para el peritaje de la droga y de los teléfonos secuestrados y solicitó que se levante el secreto bancario y bursátil de los imputados. Asimismo, requirió la prisión preventiva de todos los acusados.

A su turno, solo Gutiérrez y Portella pidieron declarar y trataron de atenuar su conducta. Si bien las defensas se opusieron al pedido de prisión preventiva, la jueza aceptó la postura de la fiscalía y sumó fundamentos, como la obligación del Estado Nacional de investigar estos hechos hasta las últimas consecuencias, en función de los compromisos asumidos mediante tratados internacionales.