Después de que el mega decreto de Javier Milei se publicara en el Boletín Oficial, los repudios de parte de la dirigencia política, el ala sindical y la ciudadanía no se hicieron esperar. Fue así que durante toda la jornada de ayer se sucedieron distintas manifestaciones, que llegaron a través de las redes sociales y de cacerolazos que se llevaron adelante en todo el país. La capital salteña no quedó exenta y tuvo su primer cacerolazo por la noche. 

Pasadas las 21, se dio la concentración en la plaza principala, la 9 de Julio. La protesta convocó a cientos de personas y se extendió hasta las 23, cuando finalizó en la Legislatura salteña. El secretario gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta, Jorge Ramírez, sostuvo que el DNU 70/2023 del gobierno nacional, que elimina más de 300 leyes, "consagra un gobierno de corte fascista que está transfiriendo ingresos a los sectores más poderosos". "En este momento hay que ponerle un freno a este DNU y a las medidas que van en contra de la mayoría de la población", insistió.

En referencia a cómo afecta este decreto los derechos laborales, Ramírez dijo que representa una quita de derechos históricamente consagrados, como el derecho a organizarse, "imposibilitando las asambleas, complicando la situación de los sindicatos, facilitando los despidos". En ese sentido, sostuvo que el DNU dispone "medidas que nunca han permitido realmente que mejore la cantidad de empleo, pero sí que ciertos sectores se vean beneficiados", ya que con la vigencia de la nueva norma se puede "despedir con mayor facilidad, puedan quitarles condiciones de trabajo y eso es lo que realmente se está buscando" desde el Ejecutivo nacional.

Por su parte, María Alaniz, de la Agrupación Beatriz Perosio e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, contó que por la tarde ayer se hizo una asamblea de organizaciones en la que se votó participar del cacerolazo. "Salimos a las calles en defensa de nuestros derechos", expresó, remarcando que como mujeres las decisiones de Milei sólo ocasionarán mayor empobrecimiento al sector porque "las mujeres y las disidencias siempre somos las más afectadas" en los ajustes. "Nuestra situación, que ya es empobrecida, se va a afectar muchísimo más, principalmente porque se elimina el Estado de derecho", sostuvo, e insistió en la desigualdad de condiciones que viven diariamente las mujeres y diversidades.

El decreto de Javier Milei, presentado mediante un mensaje grabado, deroga de un plumazo leyes como la de alquileres, de góndolas, Compre Nacional y abastecimiento. También avanza hacia una reforma laboral, la privatización de empresas públicas, la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y habilita la llegada de las sociedades anónimas al fútbol e incluye cambios en la medicina prepaga y las obras sociales.

Por su parte, la dirigenta del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Daniela Planes, afirmó que las medidas del gobierno nacional "claramente atentan contra las familias trabajadoras y en beneficio de los empresarios". En ese sentido, cuestionó las recientes expresiones de Juan Carlos Romero, actual senador nacional por Juntos por el Cambio y ex gobernador de Salta, quien manifestó en su cuenta de X que comparte el diagnóstico de Milei y aseguró que se está "frente a una oportunidad histórica de terminar con las trabas que nos trajeron a esta decadencia y empezar con la reconstrucción de nuestro país". 

Para Planes, estos dichos no hacen más que reforzar la idea del libre mercado que también impulsó Romero, quien a su entender "vendió la provincia (en sus mandatos como gobernador) y hoy está apoyando el plan motosierra". Es por eso que para la dirigenta resulta necesario mostrar que la llegada del ultraderechista al frente del país no fue más que producto de "una estafa electoral, que el ajuste no es hacia la casta, sino que, como decía mi compañera Miriam Bregman, es el gatito mimoso de los empresarios". 

"Acá en Salta tenemos la problemática de la pobreza, es decir, que con el decreto y con las medidas que ya lanzó (Luis) Caputo, nuestros salarios se vieron totalmente pulverizados", agregó Planes. 

Frente al Cabildo Histórico se hizo una parodia del Presidente y sus anuncios. 

La concentración en Salta se dió de manera espontánea, la gran mayoría de las personas llegó con sus cacerolas. Desde las 21, se empezaron a escuchar distintos cánticos, entre los que se destacaron: "Milei basura, vos sos la dictadura" y "Unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode, se jode". Las y los salteños se concentraron en la plaza principal y después de una hora decidieron marchar. Más de 500 personas concluyeron la manifestación en las puertas de la Legislatura salteña entonando las estrofas del Himno nacional argentino.

Un DNU inédito y peligroso

El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta aseguró que el decreto 70/23 es inconstitucional porque tiene "vicios en su procedimiento". "Ha faltado todo un trabajo área por área de lo que se está derogando o modificando, pero además no se verifican las circunstancias excepcionales, que son las únicas por las cuales la Constitución le permite excepcionalmente al Presidente dictar disposiciones de carácter legislativo". 

En ese sentido, recordó que la Constitución de la Nación prohíbe que el Ejecutivo se arrogue facultades que le corresponden al Congreso de la Nación. Aguirre Astigueta insistió en que el mandatario nacional no puede actuar "derogando 300 leyes y modificando 300 de un solo plumazo". 

En razón de ello consideró que en los próximos días se verán "una catarata de pedidos, de demandas, de medidas cautelares, y me parece que va a tener que analizar todo esto que estoy diciendo y en muchos casos suspender la vigencia de este decreto". El letrado también recordó que Argentina tiene precedentes judiciales que suspendieron de manera completa determinadas normas, por lo que adelantó que "se viene una batalla judicial de proporciones descomunales para Argentina". 

Precisamente, ayer se presentó la primera impugnación judicial al mega decreto. Se trata de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma y ATE, que se tramitará ante el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari. 

Por su parte, el abogado y ex legislador nacional Lucas Godoy expresó en sus redes sociales que se asistió a un anuncio "antidemocrático, autocrático y que destroza las políticas construidas durante muchos años" en Argentina. Por eso afirmó que el gobierno nacional pretende "rifar" el patrimonio y las tierras del país, además de que busca "desguazar garantías de los ciudadanos, demuele los derechos de los consumidores y debilita a la industria nacional". Insistió en que también están en peligro los derechos laborales y la protección de las pymes. "Y sumado a eso devalúa un 120%", agregó el representante del Partido Igualar en Salta. 

Godoy dijo que este decreto es "inédito, peligroso y no soporta un mínimo de análisis constitucional".

Quien también se expresó fue su ex compañera de banca y presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Verónica Caliva, quien aseguró que el decreto nacional constituye un "tremendo avasallamiento de los derechos de nuestros compatriotas, especialmente de los y las trabajadoras". Indicó que con estas decisiones se pretende ir a una "monumental entrega de nuestras empresas y fundamentalmente de nuestra soberanía", constituyendo "un golpe institucional", ya que Milei se arrogó la "suma del poder público, pasando por encima del Congreso de la Nación, y violando todas nuestras libertades democráticas".

Para Caliva, se trata de un plan perpetrado entre Milei, el expresidente Mauricio Macri y el actual ministro de Economía de Nación, Luis Caputo (ex funcionario de Macri), que "arrancó con la megadevaluación que hundió más en la pobreza y la indigencia a millones de argentinas y argentinos". "Como parte de este plan siniestro quieren entregar las tierras y los recursos naturales a los imperialistas y grandes terratenientes, entre otras medidas antipopulares y antinacionales", cuestionó, e insistió en que es una medida ilegal e ilegítima. 

El empuje del Poder Legislativo 

Además del cuestionamiento por vía judicial, otro frente se abre en el Congreso de la Nación, dado que las y los legisladores serán quienes aprueben el DNU. De los actuales legisladores de Salta, se expresó públicamente el senador nacional Sergio "Oso" Leavy, quien aseguró que los anuncios nacionales son "un atropello a la Constitución" puesto que pasan por encima del Poder Legislativo. 

Recriminó que "en nombre de la libertad" se otorga todo el poder a los grupos más concentrados de la economía, "dejando a los trabajadores sin posibilidades de defensa ante la pérdida de sus derechos". "Estos anuncios implican el empobrecimiento de nuestro pueblo, la entrega de nuestro patrimonio y mayor desigualdad social", insistió, y afirmó que no contarán con él "para este saqueo a la gran mayoría de los argentinos". 

Leavy integra el Interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria junto a Nora Giménez, ex presa política. La dirigenta salteña insistió en que "los elegidos por el Pueblo para legislar somos los senadores y diputados", por lo que "pretender imponer un cambio tan profundo sin generar consensos ni proteger la institucionalidad atenta contra la seguridad jurídica y, para peor, multiplica el conflicto y la división entre argentinos". "Voy a defender la democracia, el Estado de Derecho y a los trabajadores y trabajadoras argentinos. No cuenten conmigo para las privatizaciones, la destrucción de los ingresos de los asalariados y el enriquecimiento de unos pocos", agregó. 

A través de un comunicado, el espacio político repudió la emisión del decreto y sostuvo que "rompe de un plumazo el Estado de Derecho de la República Argentina". Desde el Interbloque expresaron su preocupación "por el tenor de las medidas" que "van a contramano de la senda de la recuperación económica, el desarrollo, la generación de empleo y el bienestar para las grandes mayorías".