El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, manifestó estar confiado en que pronto se habrá "esclarecido completamente" el caso del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, un atentado que también acabó con la vida de su conductor Anderson Gomes en 2018.

"El 2 de enero dije que íbamos a esclarecer el caso de Marielle Franco. Quiero reiterar y enfatizar que no tengo duda de que el caso de Marielle pronto será esclarecido completamente", subrayó Dino, quien en febrero asumirá como nuevo juez del Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil.

"Es un caso fundamental por su simbolismo de defensa de las mujeres, de las mujeres en política. Marielle representa la vida", expresó el ministro de Justicia durante su último balance antes de ocupar su espacio en el Supremo.

La concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), afrodescendiente, bisexual y defensora de derechos humanos y crítica de las milicias cariocas, fue asesinada con varios tiros en la cabeza dentro del auto en el que viajaba por el centro de Río de Janeiro la noche del 14 de marzo de 2018.

El caso Marielle Franco

En octubre el caso pasó a formar parte de los deberes de la corte, después de haber estado todos estos años siendo tramitado por las autoridades judiciales de Río de Janeiro al renovarse las sospechas sobre Domingos Brazao, consejero del Tribunal de Cuentas.

Brazao fue mencionado por el expolicía militar Elcio Queiroz, preso desde 2019 y acusado de conducir el vehículo desde el que Ronnie Lessa, también preso, efectuó los disparos contra la concejala. Queiroz y Lessa, los dos expolicías, eran parte de milicias parapoliciales de Río de Janeiro.

El testimonio de Queiroz como parte de un acuerdo judicial con las autoridades supuso el arresto de Maxwell Simoes Correa, antiguo sargento del Cuerpo de Bomberos, quien -según la confesión de Queiroz- llegó a hacer guardias para vigilar a la concejala e iba a participar en la emboscada, pero al final fue sustituido por él.

La investigación cobró nuevo impulso en febrero pasado, cuando la policía federal comenzó a trabajar en el caso por orden del ministro Dino, quien aseguró que esa declaración "permitirá sin duda" llegar al o a los responsables intelectuales del crimen. A mediados de año, Dino explicó que la Policía Federal había encontrado nuevas pruebas que acabaron forzando una confesión de Queiroz.