Entre la devaluación de la semana pasada y el DNU anunciado la noche del miércoles, el nuevo gobierno nacional generó, primero, una desaceleración de la actividad económica privada en distintas ramas y localidades de la provincia de Buenos Aires y, ahora, un violento freno de mano. Eso ya se nota en el entramado productivo bonaerense en el que las noticias del día a día dan cuenta de adelanto de vacaciones, suspensiones y despidos alcanzan las industrias textil, frigorífica, de la construcción y del calzado.

Rodolfo Bianchi es tercera generación de empresarios textiles. Presidió la poderosa cámara textil de Luján, donde se concentra el polo más importante del país de esa actividad hasta 2019, cuando aceptó el ofrecimiento del intendente Leonardo Boto y se convirtió en subsecretario de Industrias Textiles. Durante la campaña ya había advertido sobre el peligro de "volver a sufrir otro industricidio" como el del período 2016- 2019.

“Ya tenemos adelanto de vacaciones en casi todas las empresas del sector. Lo habitual es que las vacaciones empiecen en enero, pero ya comenzaron en diciembre, por la falta de actividad. El recorrido que nosotros ya sufrimos es primero adelanto de vacaciones, luego suspensiones y por último despidos”, cuenta a Buenos Aires/12.

La construcción presenta uno de los panoramas más dramáticos, con más de cinco mil suspensiones en todo el país, casi la mitad de ellos correspondientes a la provincia de Buenos Aires. “El laburante que se despierta a las 5 para ir a la obra está preocupadisimo”, afirma Héctor Villagra, secretario general de la regional Avellaneda Lanús.

Una de las obras más afectada es la construcción de viviendas Procrear, que en Avellaneda son 3600 unidades en distintos complejos, con porcentajes de avance muy importantes en los complejos de Wide, Piñeyro y Siete Puentes. Las empresas constructoras Szczech, Pecan y Niro demoraron pagos y suspendieron personal, con el argumento de que el gobierno nacional no había girado los fondos.

“Tenemos más de 400 suspensiones, pero evitamos 1200 despidos”, afirma Villagra, que se prepara para una audiencia en el ministerio para definir la situación, el próximo 16 de enero.

Las suspensiones ya son una realidad entre los trabajadores de la carne. La empresa Cook-Master, con instalaciones en Pilar y Malvinas Argentinas, anunció suspensiones masivas en su plantel y al cierre el sindicato evaluaba las medidas a tomar.

Su titular es Federico Lusardi, cercano a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, durante cuya gestión fue proveedor del Servicio Penitenciario Bonaerense y fue denunciado por faltantes e irregularidades en la entrega por la Comisión Provincial de la Memoria. A pesar de estos antecedentes, a modo de despedida, Vidal le otorgó en diciembre de 2019 un contrato de 2500 millones de pesos, 40 millones de dólares a valores de entonces.

RES, la empresa fundada en 2014 por Omar Onsari, con más de un centenar de locales repartidos por el conurbano, es la cadena que más creció en los últimos años, especialmente en la pandemia. Combina locales propios y franquicias, a todos los provee desde su centro de distribución. La empresa tiene un historial de prácticas antisindicales, que ahora, avaladas por el nuevo DNU, se profundizan.

“Tenemos muchas fichas de afiliación de esa empresa, pero si las presentamos los rajan. Ahora la novedad es que los aprietan para que renuncien y después sigan como monotributistas”, detalla el conductor del sindicato, Fabián Ochoa. 

"La mayoría de los trabajadores de depósito son inmigrantes venezolanos, no conocen sus derechos y están en una situación de vulnerabilidad mayor. Tienen un franco cada dos semanas. Todo esto, contra lo que venimos luchando, ahora lo ampara el DNU”, agrega.

Hay, además, en esa empresa, un conflicto de fondo por el encuadramiento. Todos los trabajadores están inscriptos en Comercio, el sindicato que desde 1986 conduce el nonagenario Armando Cavalieri, que permite, por igual tarea, hasta un tercio de la remuneración de un trabajador de la carne. Los directivos de RES no respondieron las consultas de Buenos Aires/12.

Política y sindicatos

En Chivilcoy, continúan las negociaciones por las desvinculaciones ante la falta de pedidos de las marcas a la ensambladora Bicontinentar, ex Paquetá, como consecuencia de la libre importación de calzado. 

Según el secretario general de UTICRA, Agustín Amicone, "la empresa ofrecía cien retiros voluntarios, con un monto superior a la liquidación legal, pero mucha gente prefiere que la despidan para cobrar el seguro de desempleo porque la expectativa dominante, con esta política económica, es que no va a haber ningún trabajo por mucho tiempo. Hasta este viernes, se habían registrado unos sesenta par percibir el retiro".

El intendente de Chivilcoy es Guillermo Britos, un aliado de Milei, al que le fue ofrecida  la candidatura a gobernador por La Libertad Avanza. A instancia de Britos, y en abierta oposición a la conducción nacional del sindicato, la delegación local de UTICRA, que le brindó apoyo electoral al intendente, delegó su patrocinio en el funcionario local Santiago Bertone. Bertone, ex funcionario del ministro en tiempos de María Eugenia Vidal e integrante de la Gestapo PRO, por la cual sigue procesado, es un abogado liquidador de empresas. Su prioridad fue evitar que la gente aceptara el retiro. 

"Hace dos años era una empresa modelo, reabierta gracias a un proceso de repatriación de capitales, vino a visitarla el presidente Alberto Fernández. Parece mentira que otra vez estemos con gente en la calle", reflexionó Amicone.