La Cámara Federal de Casación hizo una exhortación a resguardar a los testigos-víctimas en los juicios de lesa humanidad. El pronunciamiento tuvo lugar menos de dos semanas después de que asumiera el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), cuyos líderes han hecho campaña poniendo en duda la magnitud de la represión durante los años del terrorismo de Estado.

En Tucumán se viene llevando a cabo el tercer juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y en las instalaciones del ingenio Nueva Baviera. El Tribunal Oral Federal (TOF) de esa provincia juzga a 26 imputados por lo que sucedió con 237 víctimas.

En una audiencia del juicio, falló el mecanismo de citación de testigos –lo que involucró demoras innecesarias y personas que esperaron muchísimo tiempo. Hubo entonces un contrapunto entre el TOF y el fiscal Pablo Camuña. El tribunal sostuvo que era responsabilidad del Ministerio Público convocar a los testigos.

El fiscal entendió que el TOF se estaba desligando de sus atribuciones y llevó el planteo ante la Cámara de Casación Penal. El tema fue analizado por la Sala III de esa Cámara –integrada por Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Alejandro Slokar.

Ni Hornos ni Carbajo aceptaron la queja de Camuña, pero le recordaron al Tribunal las reglas prácticas que dictó la Casación en 2012 y que actualizó en 2022 para los casos que involucran a agentes estatales, organizaciones criminales complejas, crímenes aberrantes, crímenes contra la humanidad, abusos sexuales o hechos humillantes. Allí, los casadores habían recomendado “evitar su innecesaria o reiterada exposición y revictimización, privilegiando el resguardo de su seguridad personal”.

El tercer juez que integra la Sala III, Slokar, le dio la razón a Camuña y reclamó que el TOF de Tucumán adopte todas las medidas necesarias para imprimir celeridad al proceso del debate y llamó especialmente a “evitar la revictimización de las víctimas-testigos convocadas al juicio, de modo de resguardar su integridad personal”.

El voto de Slokar –que a partir del 1 de enero presidirá una Comisión de Crímenes Contra la Humanidad dentro de la Cámara de Casación– hace hincapié en que el Poder Judicial debe seguir trabajando con el Programa Verdad y Justicia y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Fernando Ulloa.

Los dos entes funcionan dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), cuyo nuevo titular es el exjuez Alberto Julio Baños. En la última semana, tanto Baños como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijeron que el eje de trabajo de la SDH serán las víctimas. Por los ejemplos que dieron, el enfoque estará dado hacia quienes fueron víctimas de delitos –no necesariamente cometidos por agentes estatales. En un reportaje con La Nación, Cúneo mencionó como potenciales destinatarios a una señora que sufre una estafa, un hombre que es acuchillado en Avenida del Libertador u otro al que le roban el celular.

La Cámara de Casación recibió el martes a Cúneo. Si bien no se habló sobre los casos de lesa, el tema estaba flotando en el aire. Llegó al tribunal un pedido de los abogados del represor de Vesubio Diego Chemes para que se haga un plenario de la Cámara para discutir bajo qué condiciones los mayores de 70 pueden acceder a la prisión domiciliaria.

El plenario posiblemente quedará para el año próximo. Está previsto también que Casación invite a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ya que ahora ella tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Carlos Manfroni –quien sería designado como su jefe de gabinete y que escribió un libro con la vicepresidenta Victoria Villarruel, reconocida por su militancia por la "memoria completa"– sostiene que no debe haber represores de más de 70 años presos.