En la previa de la Nochebuena, la Justicia le dio libertad bajo fianza y restricciones al jefe de la barra brava de Central, Andrés “Pillín” Bracamonte; mientras que quedaron en prisión preventiva el secretario de la UOCRA, Carlos Vergara, y otros cuatro acusados de formar parte de una red de extorsiones. Según se indicó desde Fiscalía, el juez Facundo Becerra entendió que "no está acreditado el grado de fortaleza" en relación a la pertenencia de Bracamonte en la asociación ilícita, pero sí "dio por acreditada" la imputación por extorsión a un representante de jugadores de fútbol. La caución para la libertad se fijó en 20 millones de pesos. En la acusación del fiscal Miguel Moreno se le endilgó al grupo de imputados generar ganancias ilícitas mediante mecanismos extorsivos a empresas contratista. "La justicia entendió que existe una asociación ilícita dedicada ello" mediante "amenazas con las que lograban intimidar a los contratistas que trabajan en plantas agroexportadoras del Cordón Industrial".
Como parte de la resolución en la que se le dictó la libertad, Bracamonte -que estuvo detenido desde fines de noviembre pasado- deberá pagar una caución de 20 millones de pesos y cumplir con una serie de reglas de conducta. "Más allá de que el juez entendió que no estaba acreditado con el grado de fortaleza que se exige en esta instancia su pertenencia a la asociación ilícita, si dio por acreditada una extorsión que Fiscalía sostiene que cometió contra un representante de un jugador de fútbol donde se entregaron dos cheques de unos 14 mil dólares. Entendió el juez que la peligrosidad procesal puede ser disipada con medios menos lesivos que la prisión preventiva, por eso le impone una serie de restricciones", dijo el fiscal. En ese sentido, aclaró que "tiene que permanecer en la ciudad y no tener contacto con las persona que fueron víctimas de los delitos".
En tanto, Carlos Vergara, titular de la Uocra, quedó en prisión preventiva junto a otros representantes del gremio de la construcción -Horacio M., Carlos P., Cristian D. y Juan Manuel E..-, también detenidos el mes pasado, pese a que en su caso, la defensa solicitó la prisión domiciliaria.
Entre los delitos por los que fueron imputados todos los acusados, aparecen hechos de extorsión que se relacionan con el cobro para la realización de obras y para el negocio de viandas, según se indicó en su momento, cuando se inició la audiencia imputativa, a comienzos de diciembre.
Al respecto, el fiscal Moreno recordó que se trata de una causa en la que se investiga a la UOCRA y empresas vinculadas a Bracamonte y a su socio, en la que Fiscalía consideraba que "formaban una asociación ilícita que tenía como fin la comisión y planificación de determinados delitos para obtener ganancias y beneficios ilícitos". En ese sentido detalló que se les atribuyó "a través de la estructura de la UOCRA, realizar exigencias dinerarias a distintos contratistas que trabajan en plantas agroexportadoras del Cordón Industrial a cambio de que pudieran desarrollar sus tareas. El mecanismo funcionaba como una solicitud para que se acercaran al sindicato donde se exigía la suma en función de la cantidad de empleados, la magnitud de la obra y el tiempo que llevara. A medida que estas tres variables se incrementaban, aumentaba el monto que se exigía a los contratistas. Hablamos de entre 50 y 100 mil pesos por mes por cada operario que trabajaba", detalló.
Moreno habló de la responsabilidad que le atribuyó a Bracamonte. "Entendemos que el rol de Bracamonte se inserta en estas extorsiones y para ello es necesario describir cuál es el ropaje jurídico que se intentaba dar a este mecanismo: se había creado en la región un libre deuda sindical local que va por fuera de lo que estipula la ley y el reglamento interno de Uocra, que expide un libre deuda de cumplimiento y obligaciones sindicales de los empleadores para con sus empleados, cuya tramitación la realiza el contador de la empresa en la plataforma informática de Uocra y ahí se obtiene y se exhibe cada vez que el contratista decide ingresar a una planta a desarrollar su trabajo. Se creó esa figura que no tiene exigibilidad legal y dentro de esto se engloban varias exigencias: la colaboración dineraria, rentamientos que implican la toma de empleados por parte del contratista, que son personas vinculadas a los imputados, familiares y allegados de Vergara, además del hijo de Bracamonte. Encontramos en el domicilio de Bracamonte alrededor de 53 recibos de sueldo que le fueron entregados por uno de los integrantes de la asociación ilícita, lo que fortalece la teoría de que el hijo no iba a trabajar, porque le hacían llegar los recibos".
El fiscal indicó además que "el patrimonio de Bracamonte se encuentra confundido con el de sus empresas, su hijo, su ex y su actual pareja". Y agregó: "Entendemos que la facturación de las empresas de Bracamonte no está justificada por la calidad del servicio que brinda, sino por la intimidación a las empresas que contratan con él". En ese sentido, analizará si apela la decisión.
En cuanto a Vergara, indicó que se le encontraron "unos 39 millones de pesos en efectivo y unos 18 mil dólares, de los que no explicó el origen en la audiencia. Inferimos que proviene de las colaboraciones y de estos rentamientos que no siempre quedan en su totalidad en manos del trabajador que no trabaja para la empresa constructora sino que una parte la cobran y otra la derivan a Vergara".
