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Desde Lima
El gobierno peruano se enfrenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El tribunal internacional ha acusado de desacato al régimen de Dina Boluarte al poner en libertad al exdictador Alberto Fujimori, con una condena por crímenes de lesa humanidad, incumpliendo las resoluciones de la Corte IDH en contra de ese indulto, y el gobierno le ha respondido este viernes defendiendo esa liberación y afirmando que “no ha existido desacato” Una respuesta que reta a la razón, cargada de un negacionismo que llega a lo absurdo y delirante de asegurar que se respetan las decisiones de la Corte IDH al tiempo que se incumplen esas decisiones al liberar a Fujimori.
Para la Corte IDH el indulto es ilegal
La Corte IDH le ha dado plazo hasta marzo al gobierno para que responda a la acusación de desacato a sus resoluciones por liberar a Fujimori el pasado 7 de diciembre, luego que el Tribunal Constitucional (TC) resucitara el indulto de 2017 que había sido anulado por no cumplir los estándares para un perdón humanitario. La Corte IDH se ha opuesto a la liberación de Fujimori por considerar ilegal el indulto, esto en el marco del seguimiento que hace al cumplimiento de sus sentencias por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para que los responsables de esos crímenes sean juzgados y cumplan las penas que se les impongan. Por estos dos casos Fujimori fue sentenciado a 25 años.
El gobierno de Boluarte decidió adelantar lo que sería la respuesta que debe dar en marzo con un comunicado de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos, en el que se firma que el gobierno es “plenamente respetuoso” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados internacionales -que ha incumplido para liberar a Fujimori-, y asegura, retando a la razón, que la sentencia de la Corte IDH sobre Barrios Altos y La Cantuta ya se ha ejecutado y “se viene cumpliendo” -el cumplimiento de esa sentencia implica que Fujimori cumpla su condena, lo que no ha ocurrido con su liberación-, por lo que, se afirma, “no ha habido desacato”. Un texto breve, pero revelador del cinismo de un gobierno que sin ruborizarse modifica groseramente la realidad para ocultar sus responsabilidades. El mismo cinismo con el que Boluarte repite que los 49 fallecidos en las protestas sociales contra su gobierno por disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes desarmados, e incluso contra pobladores que no eran parte de las protestas, murieron “en enfrentamientos”.
Ridículo y vergonzoso
“El pronunciamiento del gobierno en respuesta a la Corte IDH es ridículo. Es una resolución que causa vergüenza”, le señala a Página/12 Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL). “El Estado peruano -indica Rivera- se ha colocado no solamente en una evidente posición de desacato frente al derecho internacional, sino que a partir de ahora se ha puesto en una situación de ridículo internacional. Se pretende contradecir una resolución minuciosa, prolija, de 29 páginas, con tres párrafos, se pretende negar una situación de la cual todo el mundo ha sido testigo: que Fujimori fue liberado contra las resoluciones de la Corte IDH. El Estado peruano quiere burlarse de la Corte diciendo que respeta escrupulosamente a ese organismos, pero Fujimori sigue libre y en la práctica le dice ‘no me interesa la posición de ustedes y desconozco su competencia’. Esto coloca al Estado peruano en una situación de confrontación con un tribunal internacional, donde va perder”.
Rivera cuestiona que el gobierno defienda la liberación de Fujimori diciendo que cumple las decisiones de los órganos jurisdiccionales internos, como el TC, “algo insostenible porque hace muchísimo tiempo que está resuelto que las disposiciones del derecho interno no pueden oponerse a decisiones del derecho internacional, menos a decisiones de organismos jurisdiccionales internacionales, como es la Corre IDH. Lo dice la Convención de Viena, de hace más de 50 años. También es insostenible que el TC de Perú pueda señalar cuáles son las competencias de un tribunal internacional, como se pretende hacer”. El abogado, que representa a víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, indica que después de recibir en marzo la respuesta del gobierno peruano, la Corte IDH debe llamar a una audiencia y luego, “en unos dos meses”, emitir una resolución. “Ahí se habrá abierto una vía para impugnar el indulto y la liberación de Fujimori en la jurisdicción interna”, señala.
Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), y también abogada de víctimas de Barrios Altos y La Cantita, indica que la respuesta del gobierno a la Corte IDH “es una insistencia en el desacato”. Califica esta respuesta como “puro cinismo de decir estoy cumpliendo cuando no se está cumpliendo, es como decir no te estoy golpeando, pero te sigo golpeando”. “El Ejecutivo pretende negar todo, pero esta vez creo que el negacionismo no va a funcionar para librarse de responsabilidades, la resolución de la Corte es contundente”. Cano considera que la liberación de Fujimori violando el derecho internacional puede llevar a sanciones. “La Corte ya ha tomado la decisión de informar a la Asamblea General de la OEA que el Perú no está cumpliendo con las normas internacionales. Pueden venir sanciones. Hay tratados como el TLC con la Unión Europea que tienen cláusulas democráticas, de derechos humanos, y se pueden ver afectados. También el pretendido ingreso del Perú a la OCDE. La situación del Perú ya es complicada, pero si persisten en este desacato va a complicarse más”.
