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Hay un gesto elocuente de opresión en la guerra cultural que el gobierno de Javier Milei desató sobre la sociedad argentina. Es su innecesaria intromisión en el universo social y deportivo de los clubes. Un atropello y una contradicción al mismo tiempo del presidente ultraderechista y gritón que pregona el sofisma de que “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”. Millones de socios e hinchas que durante generaciones levantaron el patrimonio de instituciones más que centenarias, se sintieron representados en el rechazo que se hizo visible el viernes por la noche en Santiago del Estero. Los finalistas del Trofeo de Campeones, River y Rosario Central, salieron a jugar con dos carteles y un mismo mensaje: “El fútbol no tiene necesidades ni urgencias”. A buen entendedor, pocas palabras.
La agresiva ofensiva del Poder Ejecutivo contra las sociedades civiles sin fines de lucro -la forma jurídica que eligieron darse y que refrendó la AFA por 45 votos a 0 el 23 de noviembre- está contenida en la página 9 del DNU de 82 carillas que difundió Milei con tono marcial el miércoles pasado. No apunta el decreto a la conversión en sociedades anónimas de los clubes de bridge o golf que el expresidente Mauricio Macri benefició durante su gestión desde la Casa Rosada. Apunta a entidades más populares, rentables y de notable identidad histórica que, aún con sus dificultades operativas o de liquidez, sobrevivieron a todos los gobiernos. Incluso cuando la mayoría nació a fines del siglo XIX y principios del XX. Ninguna SA ha tenido una vida tan extensa.
El DNU ómnibus es el primero entre más decretos que dará a conocer Milei y que todavía no anunció por canales oficiales. Anticipa repudios en serie a los ya conocidos y a otros que se revelarán en esta nota. El vicepresidente de la AFA, Marcelo Achile, le dijo a Página/12 que “este DNU es una vergüenza que causa asombro y que seguramente el Congreso y la Justicia rechazarán por inconstitucional. Nuestro estatuto lo dice claramente. Las SA no pueden participar. Incluso esta decisión política puede traernos algún problema con la FIFA por la intromisión del gobierno”.
A la pregunta de cómo es posible que Macri, a pesar de ser responsable de la Fundación FIFA esté detrás de la maniobra, el dirigente -que además preside el club Defensores de Belgrano- declaró: “Él es el promotor de este tema. No lo pudo conseguir cuando estaba en Boca ni instalar la idea durante el mandato de Julio Grondona y ahora lo puso al presidente a hacer los deberes”.
El Decreto sin Necesidad ni Urgencia del Ejecutivo sostiene que el país “ha desarrollado un sistema de deporte que debe ser mejorado sustancialmente, ampliando las estructuras organizativas que lo integran”. Apunta a modificar la Ley del Deporte promulgada el 2 de abril de 1974. Pero no para modernizarla en sus partes que lo requieran, y sí para convertirla en un instrumento que sacie la voracidad del mercado. No oculta su criterio rentístico destinado a favorecer a capitales foráneos que en el fútbol suelen ser de dudosa o cuestionada procedencia. El fondo Black Rock, el principal acreedor del país, podría seguir esquilmando este patrimonio en manos de argentinos. Ya ha tenido participación en el fútbol, como en el Milan de Italia que hoy le pertenece a otro fondo estadounidense: el RedBird Capital.
El gobierno emplazó a la AFA y demás asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas para que en el plazo de un año, contado a partir de la reglamentación del DNU, puedan “modificar sus estatutos a fin de adecuarse a los términos previstos por aquel, lo que deberá ser aplicado sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos preexistentes”. Así lo dice el artículo 345 del decreto presidencial.
Para el estatuto con que hoy se rige la AFA los clubes que adopten la figura de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) quedarán inhabilitados para disputar competencias nacionales e internacionales y hasta perderán su afiliación. El DNU, una maraña de derogaciones de leyes y normas superpuestas, se enmarca en “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. ¿Por qué se ubica a “los clubes del campeón del mundo” -como los define la AFA- en esta contingencia de apremio?, es algo que se preguntan los dirigentes.
El miércoles 27 se reunirán para un brindis en la AFA y seguramente “la emergencia” será tema de conversación. Achile tiene una percepción sobre esa situación prefabricada: “Una cosa es que algo así lo definan las instituciones deportivas y otra que lo haga el gobierno. Que digan que es optativo es peor, porque van a ir por los clubes más vulnerables. Le puede caber a cualquiera, pero tenemos que estar todos juntos ahora. Esta política no entra en los socios, que son los dueños de los clubes”.
Organizaciones como la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, la Coordinadora de Hinchas y la Coordinadora de Fútbol Feminista mantuvieron un encuentro virtual el último sábado para evaluar cómo se sigue.
El revuelo que causó el DNU en los clubes y la propia AFA también alcanzó al mundo jurídico especializado en la constitución de sociedades. Ricardo Nissen, el inspector de Justicia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, escribió un artículo que le envió a este medio. En uno de sus párrafos sostiene:
“La ignorancia de los autores del Proyecto es alarmante, pues incluye a las sociedades anónimas dentro del concepto de ‘asociaciones civiles’, cuando el objeto de aquellas se refiere a la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física, olvidando la naturaleza de las sociedades anónimas y sus diferencias sustanciales con las asociaciones civiles, las cuales, como es archisabido, tienen un objeto que no debe ser contrario al interés general o al bien común, ni pueden tener al lucro como fin principal y correlativamente, no pueden tener por fin el lucro para sus miembros o terceros”.
En simultáneo con la difusión del polémico DNU se conoció el proyecto de ley sobre las SAD del diputado nacional macrista y exárbitro de fútbol, Héctor Baldassi. Tiene 32 artículos y es un respaldo adicional al decreto presidencial. El legislador cordobés se apoyó en antecedentes semejantes que quedaron por el camino como los de José Carbonell y Augusto Alasino, exsenadores peronistas. También en diferentes leyes de otros países: la nacional nº 20.019 de Chile, la nacional Nº 181 y sus modificatorias de Colombia, la Nº 29.504 de Perú, la 17.292 de Uruguay, la Nº 14.194/21 de Brasil y el Decreto Nº 67/97 de Portugal.
Ni siquiera los poderosos clubes brasileños -algunos transformados en SA como Cruzeiro, Botafogo, Vasco da Gama, Bragantino, América Mineiro y Cuiabá- han tenido un éxito relevante a nivel internacional incorporándose el régimen societario que propició el socio político de Milei, el expresidente neofascista, Jair Bolsonaro. Fluminense acaba de perder la final del Mundial de Clubes 4 a 0 con el Manchester City.
En la Argentina, los dueños de los clubes que son sus socios, no se perciben como accionistas ni inversionistas que buscan lucrar con los colores de una camiseta. Pagan su cuota, su entrada para ver un partido de visitantes, sus viajes para seguir al equipo, dedican su tiempo a diferentes comisiones sin pedir a cambio retribución monetaria y contra ellos va el DNU confiscatorio. La única excepción son los barrabravas que suelen hacer lo contrario.
El decreto avanza sobre derechos adquiridos, como el de votar en una elección de comisión directiva que podría ser cooptada por el directorio de una SAD. El DNU apunta a derrotar ese espíritu democrático y amateur hecho un sentimiento “que no se termina”, como dice un cantito que suele escucharse en las tribunas. También ataca el fundamento filosófico que conlleva la solidaridad de las prácticas asociativas, no mediadas por las fortunas de capitalistas golondrinas. No importa si provienen de Argentina, Estados Unidos o de un emirato que nade en petrodólares.
