En los últimos tres años, la situación cotidiana de los asentamientos en Argentina no mejoró, de acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Territorial presentado por Techo Argentina en base al relevamiento que recogió datos de más de 2000 barrios del país. El índice de vulnerabilidad es más elevado para los asentamientos que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, seguidos por los de Chaco, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Por otro lado, el mayor porcentaje de asentamientos considerados en categoría de vulnerabilidad “crítica” se registra en Neuquén (el 5 por ciento del total de asentamientos de esa provincia), y el mayor cantidad de familias que habitan en situación critica, en Salta (el 3 por ciento del total de familias que viven en asentamientos en territorio salteño). Más de la mitad de los asentamientos de Argentina se encuentra en situación de vulnerabilidad alta. Los datos, que surgen del Relevamiento de Asentamientos Informales realizados por Techo en 2013 (realizado en el “territorio donde vive 63 por ciento de población de Argentina”) y 2016 (habitado por el 67 por ciento de la población), indican que las vidas cotidianas de miles de familias que viven en esos barrios estuvo lejos de mejorar.

De hecho, en ese lapso, el porcentaje de asentamientos en situación de vulnerabilidad crítica y alta subió (del 1,78 por ciento al 1,87 y del 43,07 al 53,04, respectivamente). Considerando la cantidad de familias que se encuentran en esos barrios, el porcentaje de ellos en situación alta trepó del 40,08 por ciento al 47,28, mientras que el de considerados en situación de vulnerabilidad media-alta bajó del 57,54 al 50,49, con lo que puede suponerse que la diferencia entre ambos años se debe al empeoramiento de las situaciones para esas familias.

El estudio conjuga datos observables (como el acceso a servicios) con percepciones de los habitantes de esos barrios, cuyos referentes ayudaron a ponderar cómo la presencia o ausencia de, por ejemplo, ambulancias o luz eléctrica impacta en sus vidas cotidianas. “Un pibe que va al secundario, para ir  a la escuela recorre un asentamiento que está igual o peor que hace tres años, cuando terminaba la primaria. Puede ser que en algunos lugares hayan hecho algún cambio puntual, pero la dimensión general muestra que no hay mejoras, no hay respuestas del Estado al problema. A los barrios los hacen los vecinos”, dijo el director ejecutivo de Techo, Virgilio Gregorini.

Las cifras del Índice, y del relevamiento a partir del cual se elaboró, muestran detalles de “la disputa por el acceso a la ciudad”, evaluó por su parte Agustín Burgos, referente de Luján de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).  La vulnerabilidad, agregó, es la imposibilidad de  “abrir una canilla y tener agua sana para tomar, o tener luz y que no sea por estar colgado con dos cablecitos, algo que genera una situación de riesgo como la que hizo que murieran niños en un asentamiento de Lanús”. Acceder de manera informal no es acceder, advirtió Burgos, quien subrayó, además, datos del relevamiento de 2016: “el 93,81 por ciento de los habitantes de asentamientos no tiene acceso a agua potable de red; el 98,81 no tiene acceso a cloacas; el 71 no tiene acceso a la red eléctrica”.

El índice se construyó en diálogo con 105 referentes comunitarios de todo el país, que formaron parte de 31 mesas de trabajo en grupos que se reunieron en siete sedes para trabajar sobre la construcción de los “ponderadores”. El informe está online (http://relevamiento.techo.org.ar) y puede navegarse aplicando distintos filtros, y se construyó a partir de consideraciones que miden variables e indicadores geográficos vinculados a “la accesibilidad e infraestructura” en función de “elementos y criterios considerados para un hábitat adecuado”. Así, el análisis consideró, por ejemplo, “la falta de acceso a los servicios básicos, la inseguridad en la tenencia de la tierra, la ausencia del ingreso de los servicios de emergencia como los bomberos, la ambulancia, la policía; la distancia que existe a las escuelas, la salita o el hospital más cercano y/o la presencia de emplazamientos de riesgos, como arroyos, torres de alta tensión, basural; la ausencia de asfalto y la ausencia de recolección de residuos”. En el mismo sentido, “la imposibilidad de acceder a los servicios y a recursos necesarios para mantener un nivel de vida estándar influye directamente sobre el bienestar de la persona y aportan al deterioro de su calidad de vida”.

Por ello, el índice “no hace referencia a la calidad de los servicios, sino a la accesibilidad. Tampoco compara la situación de los asentamientos con respecto a la ciudad formal y no mide la vulnerabilidad con respecto a la falta de integración social y urbana al resto de la ciudad, sino que únicamente se compara la vulnerabilidad entre asentamientos informales”.

El informe fue dado a conocer ayer, en coincidencia con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Gregorini advirtió que “en los últimos cuatro años, en cuanto a actividad legislativa, no pasó nada con las políticas de hábitat y vivienda”. “La gente hace hábitat como puede, se van a seguir generando asentamientos” y sin embargo, al menos hasta ahora, en Argentina quienes “hacen ciudad” son los propios habitantes, no arquitectos ni planificadores, añadió. Por eso, el relevamiento realizado gracias al trabajo territorial, “es un gradiente de urgencias para poder direccionar políticas públicas”, pero no es más que “la punta del ovillo para que la sociedad civil, además, monitoree la aplicación de los recursos”.

“Los censos que hacemos en los barrios nos dan datos duros, datos tristes”, señaló Burgos, que coincidió con Gregorini en la necesidad de “pensar en compromisos de gestión de gobierno a 10, 12, 15 años para transformar esta situación”. “La solución no es ‘hacemos vivienda, hacemos obra’ si no hay una política pública de mediano o largo plazo que de soluciones estructurales”.